Los internos del Complejo Penitenciario Almafuerte presentaron en la Justicia un hábeas corpus colectivo y correctivo, denunciando el agravamiento de las condiciones de detención que sufren.
La abogada Elena Quintero, en representación de las 1.900 personas privadas de libertad alojadas en el penal de Almafuerte, presentó un hábeas corpus ante la falta de servicios básicos. Denuncian falta de agua, colchones, calefacción, sistema de comunicaciones y sobrepoblación, entre otros puntos.
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Los internos del Complejo Penitenciario Almafuerte presentaron en la Justicia un hábeas corpus colectivo y correctivo, denunciando el agravamiento de las condiciones de detención que sufren.
La queja fue presentada el viernes por la abogada María Elena Quintero, en representación de las 1.900 personas privadas de libertad que se encuentran alojadas en la cárcel ubicada en Cacheuta, Luján de Cuyo.
El escrito advierte sobre la falta de servicios básicos como agua potable y agua caliente, carencia de colchones, servicios médicos, educación, comunicación y la práctica de violentas requisas, entre otros temas.
La denuncia solicita a la Justicia —la medida debe ser resuelta por el juez penal Diego Flamant— que “ordene a la autoridad penitenciaria el cese inmediato de todas las omisiones, restricciones y prácticas contrarias a la normativa constitucional” y se restituyan los derechos de los internos. Asimismo, pide que se realice una inspección ocular del penal y que se celebre una audiencia con la participación de representantes de los reclusos y de las autoridades del penal.
La presentación advierte que en Almafuerte existe una situación de carencias edilicias, falta de servicios, alteraciones en los regímenes de salud, trabajo y esparcimiento, incomunicación de los internos, modificaciones en los horarios de visitas y “un recrudecimiento en la modalidad de las requisas”. En cuanto al alojamiento, los pabellones que son para setenta y dos plazas alojan actualmente entre 110 y 140 personas; y, sobre una población de 1.900 internos, “un número significativo duerme directamente en el piso por la falta de colchones, camas y frazadas suficientes”.
Además, los módulos no disponen de sistemas adecuados de calefacción frente a las bajas temperaturas de la época invernal que se registran en Cacheuta.
Por otra parte, los calefones abastecen a dos alas, por lo que el agua caliente para la higiene no cubre la demanda invernal, mientras que se proveen elementos de higiene personal de forma irregular, “entregándose en lapsos superiores a los tres meses únicamente un jabón de tocador, un rollo de papel higiénico, una máquina de afeitar, un cepillo dental y una pasta dental, omitiéndose de manera frecuente la entrega de varios de estos elementos esenciales”.
El agua potable es otro de los problemas frecuentes ante los desperfectos de la bomba principal que ha dejado a la población sin agua corriente durante un mes. Cuando ha fallado la bomba, el agua es provista por camiones de los bomberos, que traen agua turbia y se habilita en horarios reducidos. La falta de agua impacta no solo en el aseo personal y el lavado de ropa, sino también en la elaboración de alimentos que deben ser traídos de la cárcel de San Felipe.
En relación a la salud, “cada módulo cuenta con aproximadamente seiscientos internos y dispone únicamente de un día semanal de atención médica, durante el cual son atendidas entre treinta y cuarenta personas, lo que implica que menos del uno por ciento de la población accede al servicio médico en dicho lapso”.
Luego, entre las 20:00 horas y las 8:00 horas del día siguiente no existe médico de guardia permanente y el establecimiento carece de servicio odontológico regular. En relación a las derivaciones hospitalarias y las intervenciones quirúrgicas, el escrito sostiene que presentan demoras de meses e incluso años y no se ha creado una guardia sanitaria permanente ni hay traslados diarios a la división Sanidad.
Respecto al régimen de progresividad, existen únicamente entre treinta y cuarenta puestos de trabajo formal. Las personas que acceden a las tareas en la papelera o en la empresa Frío Latino perciben remuneraciones inferiores a los 100.000 pesos mensuales. Las actividades laborales autogestionadas no son valoradas para el avance en el régimen progresivo.
En el área de educación, las clases se dictan en promedio diez días por mes debido a la falta de espacio y de personal docente. Para las actividades recreativas y deportivas se estableció un cupo aproximado de cuarenta personas por sector.
En cuanto a la comunicación, el retiro de los celulares se realiza sin la previa instalación de telefonía pública, tal como estableció la Justicia, ni de equipos para realizar videollamadas por emergencias familiares y comunión con abogados.
“Esta carencia total de infraestructura comunicacional genera una situación de incomunicación extrema que resulta manifiestamente incompatible con el ejercicio del derecho de defensa material y técnica, impide el mantenimiento de los vínculos familiares y contraviene de manera directa los estándares internacionales aplicables a las personas privadas de la libertad”.
Sobre las requisas, los internos también se quejan porque desde hace dos meses “se desarrollan requisas extraordinarias y compulsivas, en numerosas ocasiones extendiéndose hasta horarios nocturnos. Los grupos de requisa ingresan efectuando disparos con escopetas, produciendo lesiones con balas de goma y utilizando bastones”. En esos procedimientos, las personas detenidas son encerradas compulsivamente de a diez o veinte en sus celdas; además, se secuestran elementos personales autorizados, tales como ventiladores, televisores, reproductores de música y herramientas utilizadas en talleres autogestionados.
Las medidas de seguridad repercuten especialmente en personas de identidad transexual que, anteriormente, se encontraban alojadas en un pabellón específico de cinco celdas y fueron redistribuidas en distintos sectores, incluyendo módulos de máxima seguridad. En el Módulo Cinco, los internos permanecen veintitrés horas diarias encerrados en sus celdas, con acceso mínimo de una hora de recreación. No existen protocolos específicos para garantizar condiciones de alojamiento compatibles con la identidad de género de esta población.
Por último, respecto a las visitas, los familiares y allegados deben esperar a la intemperie para acceder a la conserjería. Durante los procedimientos de ingreso, las mujeres “son obligadas a adoptar posiciones invasivas para el paso de canes detectores”. Ante la inexistencia de protocolos públicos de vestimenta, “se impidió el ingreso de una niña de siete años bajo argumentos vinculados a la inadecuación de su ropa, compuesta por falda y calzas, formulándose comentarios impropios frente a la niña”.