Son los únicos tres integrantes de una banda dedicada a la venta de dólares que no aceptaron ser condenados en juicios abreviados y que también fueron condenados por coimas, asociación ilícita, lavado de activos y contrabando de oro.
Allanamientos en la Galería Tonsa, por lavado de dinero, compra venta de dólares y oro. Foto: Los Andes
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Condenados ya en un juicio abreviado los líderes de la organización que se dedicaba a vender dólares de forma ilegal y que hizo una verdadera fortuna durante la época de la pandemia de Covid -19, ahora es el turno de 3 acusados que no quisieron realizar juicios abreviados y que, ahora, comenzaron a ser juzgados en un debate oral que tiene como principal acusado al ex jefe de la Policía Federal de Mendoza, el ex comisario Dino Enzo Rossignoli.
Esta mañana el Tribunal Oral Federal N°1, integrado por los jueces María Paula Marisi, Alejandro Waldo Piña y Daniel Alberto Carelli reabrió el debate que también tiene como acusados a la contadora María José Degregorio y a Ezequiel Fernández, un empleado de las joyerías que habría participado del pago de coimas.
La situación de los tres acusados es, desde el inicio del debate. complicada ya que los 10 integrantes condenados admitieron haber cometido los delitos en los que también habrían participado los tres sospechosos ahora juzgados. Concretamente los líderes fueron condenados por cohecho, es decir admitieron haberle pagado al ex comisario sobornos a cambio de protección.
Durante la jornada, el tribunal leyó el requerimiento de acusación en el que se detallaron los delitos que se les imputa. Así, Rossignoli deberá responder por los delitos de cohecho y asociación ilícita. En cambio, la contadora está acusada de formar parte de la asociación ilícita y de lavado de activos: la investigación sostiene que la mujer habría colaborado en el armado de maniobras que se realizaron para darle apariencia de lícitos al dinero obtenido de forma ilegal.
Por último, Ezequiel Fernández, asistido por el abogado Cristian Puga está acusado de cohecho: concretamente, sería quien habría realizado un pago al comisario.
El 22 de abril pasado, el mismo tribunal condenó -luego de que los defensores llegaron a un acuerdo con Federico Baquioni, el Fiscal suborgante del Área de Transición de la Unidad Fiscal de Mendoza, para realizar juicios abreviados, la mayoría de los integrantes de la organización.
Los líderes recibieron las penas más altas: Nicolás Bazán y Renzo González, 6 años de cárcel y una multa de $106.930.900; Ernesto Bazán, 3 años en suspenso y una multa de $ 5.000.000.
En tanto que, para Félix Masera, Andrés Bauco, Juan Manuel Moral y Alejandro Moral, la pena fue de 3 años de cárcel en suspenso y multa de $5.000.000.
Para Marcelo Salcedo, Roberto Bustos Herrera y Ángel Fava, la pena fue de 3 años en suspenso.
Además, se estableció la cancelación de la personería jurídica de las sociedades por acciones simplificadas Vía Roma, Golden Coffee y Stefano Canella; y el decomiso de dinero secuestrado y de los automóviles de la familia Bazán (un BMW 3281, un Mercedes Benz A 250, un BMW 3401, un BMW 330 y una camioneta Mitsubishi L 200).
Según el fallo, los condenados vendían divisas de forma ilegal, exportaban e importaban dólares y oro a Chile de forma ilegal, y lavaron activos a través de la compra de muebles, autos de alta gama, dos lotes, Además explotaron comercialmente los bares La Rosa y Praga, produjo 15 eventos musicales, constituyendo cuatro sociedades anónimas. Toda esta actividad se llevó a cabo pagando coimas (cohecho).
El caso se conoció en abril de 2023, cuando el fiscal Federal Fernando Alcaraz y juez federal Marcelo Garnica, titular del Juzgado Federal Nº3 de Mendoza, ordenaron el allanamiento de unas 20 “cuevas” y la detención los acusados.
Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, “entre 2020 y 2022, habría funcionado una asociación ilícita integrada por Nicolás Bazán, Renzo González, Ernesto Bazán, Dino Rossignoli, Andrés Bauco, Félix Masera, Juan Manuel Moral, Alejandro Agustín Moral, María José Degregorio (contadora), Marcelo Salcedo (ex policía), Ángel Fava (ex policía) y Roberto Bustos (ex militar), que tuvo por objeto la comisión de distintos delitos, principalmente operar en el mercado de cambio de divisas sin la correspondiente autorización del Banco Central de la República Argentina”.
La venta ilegal de dólares se habría realizado en locales donde supuestamente funcionaban joyerías a modo de pantalla para ocultar el ilícito. Cuatro joyerías llevaban el nombre de “Stefano Canella”, y estaban ubicadas en San Martín 1173 (interior de la Galería Tonsa), Catamarca 49, Las Heras 260 y Rivadavia 98; dos de nombre “Vía Roma”, estaban ubicadas en Espejo 95 y 9 de julio 1215; y “La Casa del Tesoro”, funcionaba calle San Juan 1163.
En relación a los delitos de cohechos activo y pasivo, los investigadores habría determinado que “entre 2021 y 2022, Dino Enzo Rossignoli, en su calidad de Comisario Jefe de la División Unidad Operativa Federal Mendoza de la Policía Federal Argentina, habría recibido el pago de sobornos por parte de Nicolás Bazán, Ernesto Bazán, Andrés Bauco y Eduardo Ezequiel Fernández, en este último caso, por orden de Nicolás Bazán, “para dejar de hacer “algo” relativo a sus funciones: no actuar ante la comisión de un delito del que tenía conocimiento, con el objeto de brindar cobertura y protección a la asociación ilícita de la que formaría parte, permitiendo que esta llevara a cabo la actividad de cambio de ilegal de divisas, advirtiéndoles sobre la realización de allanamientos, inspecciones municipales u otro tipo de procedimientos a realizarse en la zona por la fuerza policial a su cargo".
Por otra parte, relacionado a las supuestas maniobras de lavado de activos, la imputación sostiene que Nicolás Bazán, Renzo González, Ernesto Bazán , Andrés Bauco, Félix Masera, María José Degregorio, Juan Manuel Moral y Alejandro Agustín Moral, habrían puesto en circulación en el mercado económico formal bienes provenientes de un ilícito penal, con la finalidad de darles a estos, una falsa apariencia de origen lícito, superando ampliamente estos actos, en su conjunto, la suma de $300.000 prevista por el art. 303 del Código Penal.
Durante la pandemia de Covid 19, los dos jefes habrían incrementaron notablemente su patrimonio, adquiriendo vehículos y abrieron nuevos comercios bajo las engañosas fachadas, en la zona del microcentro.
Uno de estos comercios es un bar llamado “La rosa club”, ubicado en Catamarca 53 de Ciudad y dos locales bailables que servirían para el “blanqueo de divisas”, uno con el mismo nombre de bar, ubicado en Ruta 82, km 26 de Luján de Cuyo y otro conocido como “Praga”, en calle Godoy Cruz 318 de Ciudad.