La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza confirmó la prisión preventiva para la detenida mas famosa de la provincia: Sandra Jaquelina Vargas Méndez (48), más conocida mediáticamente como la "Yaqui" Vargas.
La Cámara Federal de Apelaciones también ordenó que siga detenido uno de sus hijos, Mauro Gélvez.
La “Yaqui” Vargas. Archivo Los Andes
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La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza confirmó la prisión preventiva para la detenida mas famosa de la provincia: Sandra Jaquelina Vargas Méndez (48), más conocida mediáticamente como la "Yaqui" Vargas.
Así lo estableció ayer la sala B de la cámara, conformada por los jueces Manuel Alberto Pizarro, Juan Ignacio Pérez Curci y Gustavo Castiñeira de Dios. De esta forma “La Yaqui” —que ya ha cumplido 12 de los 15 años a los que fue condenada por comercio de drogas, y que ya tenía el beneficio de salidas transitorias— deberá seguir presa por menos hasta que sea juzgada por el mismo delito, pero por una nueva acusación que recayó sobre el líder narco en julio de 2025.
La mujer fue procesada por los delitos tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en concurso real con la tenencia de arma de guerra sin autorización legal, en calidad de jefa y financista de una organización dedicada a la venta de drogas de la que también formaría parte, entre otros, su hijo Mauro Jesús Gélvez Vargas, quien también presentó un recurso de apelación que también fue rechazado por los camaristas.
Droga incautada, cruces de mensajes de WhatsApp, escuchas telefónicas, declaraciones de choferes que la trasladaban y transferencia de dinero que habrían llegado a sus cuentas de Mercado Libre y a sus cuentas bancarias de Naranja Digital y Banco Macro, y la imposibilidad de justificar el origen de estos fondos, son algunas de las pruebas que valoraron los camaristas y que constan en la investigación que el juez federal de San Juan Leopoldo Rago Gallo, subrogando el Juzgado Federal N° 1 de Mendoza.
Este magistrado, en julio del año pasado, indagó a Vargas y a otros 6 presuntos integrantes de clan Vargas y luego los imputó por el delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser más de tres personas”.
Los otros imputado son: Mauro Gélvez, uno de los hijos de La Yaqui; y Liliana Echeverría, una mujer que sería “la mano derecha de Vargas”, según los investigadores.
La lista se cierra con Daniela Palma (hija de Echeverría) y su pareja, Gastón Caballero, además de Delfina Correa y Axel Sosa. Todos fueron detenidos a fines de junio de 2025, cuando se realizaron más de 20 allanamientos liderados por el fiscal federal Fernando Alcaraz y personal Policía contra el Narcotráfico (PCN).
Durante el procedimiento se incautaron 500 dosis de cocaína y otras 500 de marihuana, además de más de dos millones de pesos en efectivo. También se encontraron 28 celulares, elementos de corte y documentación clave para avanzar en la causa.
Los investigadores sostienen que la actividad ilícita desplegada por la banda no era el simple narcomenudeo, es decir particulares que vendía en un “kiosco” cocaína y marihuana, sino más bien la actividad de una organización más importante: la distribución de droga a una importante cantidad de kioscos en los que, a su vez tenían cierto tipo de injerencia.
La investigación comenzó en mayo de 2024, a través de vigilancia y rastreo de teléfonos y el rastreo de dinero que manejaban a través de billeteras virtuales, para no ser detectados.
Los investigadores destacaron que lo importante es que se logró vincular a la Yaqui con el resto de la banda, mientras ella seguía en la cárcel con las salidas transitorias que, obviamente, se le han cancelado.
“La Yaqui” se encuentra detenida desde 2016, cumpliendo con una condena de 15 años tráfico de drogas y lavado de activos y otra de 3 años en por asociación ilícita y falso testimonio.
En 2019 recibió una rebaja en la condena de 1 año y 8 meses por estímulo educativo, ya que terminó sus estudios secundarios (salió abanderada).
Vargas fue detenida en San Luis en marzo de 2014; en marzo de 2021 cumplió 7 años de encierro, es decir, más de la mitad de la pena mayor recibida por lo que quedó virtualmente en condiciones de salir transitoriamente del penal, algo que se cristalizó en agosto de 2023.