Mientras la causa por lesiones se encamina al archivo, la justicia avanza sobre una presunta red de falsificación de documentos públicos y fraude.
En las últimas horas avanzó significativamente la investigación que surgió tras un accidente vial en Guaymallén provocado por un conductor alcoholizado donde el auto involucrado, que tenía que estar secuestrado en una playa, había sido retirado con documentación falsa.
Ante la complejidad del caso, el Ministerio Público Fiscal informó este martes que se están instruyendo dos causas penales diferenciadas. La primera, a cargo de la Unidad Fiscal de Tránsito bajo la Dra. Mariana Gutiérrez, investiga las lesiones leves del conductor.
En este sentido, el MPF adelantó que esta causa probablemente sea archivada, ya que el propio lesionado es el responsable del hecho y, además, se desprenderá una contravención por la alcoholemia positiva detectada.
La segunda causa, liderada por la Dra. Mónica Fernández Poblet de la Unidad Fiscal de Delitos No Especializados, se centra en el delito de falsificación de instrumento público. La investigación apunta a un acta extrapoder o autorización de manejo presuntamente apócrifa y a una probable sustitución de identidad.
Por otro lado, la situación procesal del conductor se complicó aún más este martes con el ingreso de una denuncia por parte del Sr. Pablo Núñez. El denunciante aseguró que el sujeto accidentado estaba utilizando su nombre, apellido y un DNI falsificado para identificarse. Incluso reportó que en 2025 ya había denunciado una maniobra similar con el alquiler de un vehículo a su nombre.
Debido a estas revelaciones, el MPF determinó que esta segunda causa será remitida mañana a la Unidad Fiscal de Delitos Económicos para investigar una presunta Estafa Genérica. Por el momento, las autoridades continúan produciendo pruebas, incluyendo citación de testigos y pedidos de informes, por lo que aún no se han formalizado imputaciones definitivas.
El caso tomó un giro insólito cuando el verdadero propietario del Corsa se presentó en el lugar tras ver el auto en los medios. El hombre denunció que el vehículo había estado secuestrado en una playa municipal desde 2022 y que fue retirado el año pasado mediante un poder falso.
Según su testimonio, la documentación presentada para retirar el auto supuestamente llevaba la firma de su madre, quien falleció hace cuatro años.
Por su parte, el Colegio Notarial de Mendoza concluyó de manera preliminar que el instrumento presentado para retirar el vehículo “aparenta ser un instrumento apócrifo”.
En el comunicado, la entidad mendocina explicó que la legalización puesta en el documento existe, pero corresponde a otra actuación notarial. "La legalización no corresponde a una autorización, ha sido indebidamente reproducida en el documento cuestionado, y alterado su código QR de verificación", dijo.
Además, señaló que el instrumento presenta irregularidades incompatibles. "De la sola lectura del instrumento, se evidencia que presenta una serie de inconsistencias que no corresponden a la práctica notarial habitual, entre ellas: su denominación y la ubicación de las firmas", expresó.
