No fue una humorada. Frente a los jueces de la Cámara de Casación, la vicepresidenta Cristina Kirchner se indignó con el contraste: ella sentada en el banquillo de los acusados y Mauricio Macri viendo fútbol, en el lejano Qatar.
Fue un rasgo de sinceridad, un encono que la carcome sin pausa. No hace mucho, recuperándose de una derrota humillante, ganó las elecciones presidenciales con una maniobra de prestidigitación oportuna, para captar el voto castigo. Pero el tiempo ha pasado, las causas judiciales en su contra siguen su curso y las encuestas le devuelven índices incontrastables de impopularidad. Nadie la absolvió de nada. Ni la Justicia, ni la historia.
Entre el programa que le impuso al discurso de Alberto Fernández en el Congreso y su comparecencia virtual frente a los jueces que la investigan hubo una unidad de concepto y de tono. Cristina exhibió su desesperación en público. Mucho más relevante: la transformó en la agenda prioritaria del Gobierno. ¿Por qué lo hizo?
La vicepresidenta tiene entre sus motivos un objetivo estratégico. La sumisión de los jueces a su conducción política es una meta central de su modelo político. No la oculta, la vindica. Pero no parece ser ese cálculo de largo plazo el que primó en estos días. Tampoco otro -por muy ostensible que parezca- de corto y mediano plazo: desplazar del debate público el escándalo de las vacunas de privilegio en el inicio del año electoral.
Hay una motivación de cortísimo plazo que explica mejor el giro del Gobierno hacia la desesperación activa. Leandro Báez, hijo del empresario que el kirchnerismo fabricó de la nada y cuya condición de testaferro investigan los jueces, dijo una cosa y sugirió otra tras la condena a su padre por el delito de lavado de dinero.
Habló del delito precedente. ¿Alguien encomendó ese lavado porque obtuvo recursos de manera ilegal? Peor que el delito precedente, el hijo de Báez sugirió una acusada inminente: Florencia Kirchner, hija de la vicepresidenta, sin fueros parlamentarios que la protejan. Las declaraciones de Leandro Báez deambularon la delación. Cristina encendió todas las alarmas.
Los proyectos de reforma judicial y del Ministerio Público Fiscal están en el Congreso Nacional pero no se compadecen con sus urgencias. John Lennon solía decir que la vida es lo que nos pasa mientras estamos ocupados haciendo otros planes. Para Cristina, los fallos son eso que va saliendo mientras no convence a nadie del lawfare.
Nunca estuvo de acuerdo con la estrategia judicial diseñada por Alberto Fernández y su socia Marcela Losardo. Aunque tampoco le funcionaron sus operadores alternativos: el viceministro Juan Martín Mena y en especial la dupla de los hermanos “Wado” de Pedro y Gerónimo Ustarroz.
La nueva verborragia del Gobierno contra la Justicia chocó en la Corte Suprema contra un muro de silencio. Sus integrantes vieron el discurso del Presidente desde el Salón de Embajadores de Tribunales y se retiraron a sus vocalías. Ese silencio de la Corte exaspera aún más al oficialismo: preferirían que los jueces hablen en los medios y no a través de sus fallos.
El mismo criterio siguieron los magistrados de Casación vapuleados por Cristina en su alegato de bien probado. “Cada quien ejerce su derecho de defensa del modo que cree más conveniente”, fue todo lo que comentaron a sus allegados de confianza al retirarse de tribunales.
A todo esto: ¿qué consecuencias políticas generales implica que Cristina haya impuesto su agenda judicial como rumbo prioritario del Gobierno?
Las primeras derivaciones fueron ingratas para el oficialismo. Los ministros de salud de las provincias le plantearon en conjunto a Carla Vizzotti que la gestión de la emergencia sanitaria se ha transformado en un infierno de interpelaciones políticas, demandas judiciales y genuina presión social desde que la Casa Rosada detonó el plan de vacunaciones con su posta clandestina en el Ministerio de Salud.
Con vacunas escasas, los ministros provinciales reciben presiones de todo tipo en un clima alterado por la cercanía de un rebrote pandémico -que los epidemiólogos dan por seguro- y la resistencia social a un nuevo confinamiento, por la gravedad de la crisis económica. Advierten de que incluso en una provincia como Formosa -con una hegemonía política que halagaría a Cristina como modelo estratégico- cruje el recurso automático a endurecer el poder, que tan bien le funcionó al comienzo de la cuarentena.
Uno de los tantos asesores que revolotearon el Instituto Patria fue Antonio Gutiérrez Rubí, cercano a los equipos de Sergio Massa. Acaba de lanzar una alerta desde España sobre el clima social en Latinoamérica.
Gutiérrez Rubí percibe una sociedad nerviosa. Los incrementos de la pobreza, la desocupación y la desigualdad, dibujan un panorama desolador global, en especial para América Latina: “A los problemas no resueltos de 2019 se suma, ahora, la fatiga pandémica de una sociedad con paciencia limitada. Ya no hay solo miedo, hay ira y desconfianza hacia el futuro que no parece esperanzador”.
En el Gobierno ya nadie se anima a admitirlo: la agenda judicial de Cristina está alienada frente a las evidencias cada vez más claras de ese creciente descontento social.
