viernes 16 de abril de2021

Alberto Fujimori
Mundo

El Gobierno de Perú indemnizará a los hombres y mujeres que fueron sometidos a esterilizaciones forzadas

Los crímenes fueron cometidos durante el gobierno de Alberto Fujimori. Hay más de 350.000 víctimas.

Alberto Fujimori

El Gobierno de Perú deberá indemnizar a las mujeres que fueron esterilizadas durante el gobierno de Alberto Fujimori, quien estuvo en el poder desde 1980 hasta el 2000.

La reparación coincide con la primera audiencia fijada para 1 de marzo contra el ex mandatario y los ministros de Salud Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga.

Los ex funcionarios están acusados de forzar a casi 350.000 mujeres y 25.000 hombres a someterse a procesos de esterilización a través de un plan del Gobierno para reducir la natalidad en las regiones rurales y en las comunidades indígenas de ese país.

Algunas personas murieron como consecuencia de las intervenciones y recién el 10 de febrero de 2021 el estado reconoció el derecho de estas víctimas a una reparación.

“Estas señoras han luchado mucho durante años”, explicó a RFI Esther Mogollón, asesora de la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas, una asociación que reagrupa a dos mil mujeres a las que les ligaron las trompas sin su consentimiento.

“Durante estos años han tenido entrevistas con casi todos los ministros de Justicia, de Salud, de la Mujer para exigir justicia, verdad y reparación. Y es muy poco lo que han logrado. Es una situación bastante dura que las lleva a sentir mucha depresión”, agregó.

“Después de esa ley del Congreso donde se contemplan las esterilizaciones forzadas como violación sexual, exigimos que ese registro pase automáticamente al Consejo de Reparaciones”, contó.

“El expediente que se va a ver el primero de marzo, que tiene que sentar jurisprudencia, tiene mil 307 casos de mujeres”, dijo Mogollón.

“Pero detrás de este expediente hay dos más ya avanzando en Fiscalía, como es un crimen de lesa humanidad, el caso reúne todas las condiciones para seguir avanzando en la búsqueda de justicia”, manifestó.

La acusación de la Fiscalía establece que fue una política del gobierno y que se hicieron sin la autorización de las víctimas o con una autorización conseguida con engaños, sin informarles adecuadamente.