El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes fijó el 27 de abril como fecha límite para que las agencias federales expliquen estos decesos sospechosos.
El FBI continúa con la investigación de uno de los casos que mayor consternación generaron en la sociedad estadounidense este año.
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El FBI, la NASA y los departamentos de Guerra y Energía iniciaron una investigación conjunta por la muerte de al menos once científicos con acceso a información clasificada. Los académicos trabajaban en tecnología de defensa espacial y materiales para cohetes, áreas clave para la seguridad nacional y empresas como SpaceX.
Las muertes y desapariciones, registradas desde 2022, involucran a personal de instituciones de élite como el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL), Caltech y el MIT. La Casa Blanca ha calificado el asunto como bastante serio, mientras el director del FBI, Kash Patel, lidera las pesquisas sobre posibles conexiones ocultas entre estos casos sospechosos.
Entre los casos más destacados figura el del general retirado de la Fuerza Aérea, William Neil McCasland, quien desapareció en Nuevo México tras abandonar pertenencias básicas como sus gafas y teléfono. Otros, como el astrofísico Carl Grillmair y el profesor Nuno Loureiro, fueron asesinados a tiros en incidentes violentos ocurridos recientemente, lo que descarta la teoría de simples accidentes aislados.
La lista incluye también a Monica Jacinto Reza, experta en materiales del JPL desaparecida en California, y a investigadores de áreas tan complejas como la antigravedad, fallecidos en años previos. En algunos decesos ocurridos entre 2022 y 2024, las autoridades no han divulgado las causas oficiales de muerte, lo que ha alimentado la preocupación extrema del Congreso nacional.
El presidente del Comité de Supervisión, James Comer, señaló que es muy improbable que esta serie de eventos sea una coincidencia y sugirió que algo siniestro ocurre tras bambalinas. Los científicos tenían en sus manos secretos sobre detección de asteroides y tecnología de cohetes que hoy utilizan compañías líderes del sector aeroespacial privado como SpaceX y Blue Origin.
La presión legislativa busca determinar si existe un patrón dirigido contra el personal con acceso a secretos científicos de estado. La NASA ha manifestado su total cooperación, aunque asegura que no hay indicios inmediatos de una amenaza directa a la seguridad nacional. Sin embargo, el Congreso ha convertido este misterio en una prioridad legislativa inmediata para este año.
