Los procesos judiciales por corrupción en la función pública cometidos en las últimas décadas siguen teniendo resolución, aunque en algunos casos con significativas demoras.
No sólo es necesario cubrir numerosas vacantes en juzgados federales de todo el país. También se requiere idoneidad y compromiso con la función a cumplir.
Julio De Vido fue condenado junto a José López por coimas en la causa Skanska
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Los procesos judiciales por corrupción en la función pública cometidos en las últimas décadas siguen teniendo resolución, aunque en algunos casos con significativas demoras.
Es el ejemplo del denominado caso Skanska, por el que recientemente fueron condenados el ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y otro ex funcionario de aquella área de gobierno perteneciente en su momento al gobierno del presidente Néstor Kirchner. Este fallo se concretó veinte años después de los hechos denunciados y comprobados.
El caso Skanska, vale recordarlo, es considerado y recordado como el primero resonante de coimas durante los años de gobierno del kirchnerismo. Cohecho y administración fraudulenta ante el pago de sobornos de la mencionada empresa sueca al Estado para la ampliación de importantes gasoductos. Debe recordarse, además, que De Vido ya cumple prisión domiciliaria por la condena recibida a raíz de la tragedia ferroviaria de la estación Once.
Si bien juicios por otros asuntos aún más resonantes en cuanto a corrupción ya se juzgaron o están en proceso avanzado, queda en evidencia que la labor de la justicia, en este caso la de la jurisdicción federal, no se desempeña muchas veces con la celeridad que merecen las causas a tratar. Desempeño que según muchas encuestas repercute en forma negativa en gran parte de la sociedad, que descree de la capacidad de quienes investigan y deben emitir veredictos.
El gobierno nacional ha tomado la decisión, correcta por supuesto, de comenzar a cubrir las numerosas vacantes existentes durante años en la justicia federal, con la intención de dejar atrás subrogancias que lo único que logran es sobrecargar a los jueces en actividad.
Para el Poder Ejecutivo se trata de una suerte de reconstrucción de la justicia federal. Es un punto de vista discutible, porque más allá de la loable decisión de salir a recuperar juzgados con vacantes, lo que también se debe buscar es dotar a los tribunales de profesionales del derecho lo suficientemente capacitados y desprovistos, en lo posible, de lazos políticos generalmente reiterados a la hora de conformar las ternas de candidatos.
En los últimos meses se produjo un lamentable precedente, cuando oficialmente se dio marcha atrás con la postulación de una abogada propuesta al Senado para integrar un tribunal oral federal por el hecho de ser familiar de un periodista con el que el Gobierno no simpatiza.
Relativizar estas situaciones es como convalidar la continuidad en un camino que condujo al ámbito judicial a una situación injusta desde todo punto de vista. Porque la actividad se mantiene, y trasciende, gracias a la labor proba y profesional de una mayoría de jueces y fiscales que comprenden que actuar con honestidad intelectual y operativa redunda en beneficio para la sociedad argentina.
