Facundo Leal y Gerardo Boschin, dos exfuncionarios mendocinos del Gobierno nacional acusados de recibir coimas, negaron los cargos en su contra.
Facundo Leal, extitular de Arsat, está detenido desde fines de mayo.
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El expresidente de la empresa estatal ARSAT, Facundo Leal, y el exsubgerente de compras del organismo, Gerardo Boschin, líderes de la llamada "banda de los mendocinos", comparecieron este lunes ante el Juzgado Federal de San Isidro, que los había citado para tomarles declaraciones indagatorias.
Ambos exfuncionarios están acusados de liderar un presunto esquema de coimas, fraude a la administración pública y negociaciones incompatibles con la función pública. La investigación judicial apunta al direccionamiento de contratos millonarios hacia una empresa de logística privada.
Leal llegó a primera hora de la mañana desde el penal de Marcos Paz por el Servicio Penitenciario Federal. Presentó un escrito en el que negó las acusaciones en su contra y no respondió preguntas. Según pudo saber Infobae, en el descargo destacó que no participó de la licitación que se investiga porque en ese tiempo no tenía cargo alguno y sostuvo que no se le puede imputar un delito porque faltan pruebas por recabar.
Por su parte, Boschin, quien tras su paso por el área satelital llegó a desempeñarse brevemente como presidente de Trenes Argentinos Operaciones en 2025, también dejó un escrito ante el juez Lino Mirabelli. Ambos imputados cuentan con la asistencia legal del abogado Marcelo Rochetti.
Además de Leal y Boschin, el magistrado citó a declaración indagatoria para el transcurso de esta semana a otros tres exmiembros de la conducción del organismo de origen mendocino: Pablo Gastón Pagani, Juan Navarro y Juan Álvarez.
El expediente se originó tras la denuncia de un robo en un depósito de la localidad de San Fernando. En dicho predio se almacenaban materiales tecnológicos de alta complejidad pertenecientes a ARSAT. Las pesquisas posteriores sobre las condiciones de almacenamiento revelaron irregularidades en el vínculo comercial entre el Estado y la firma privada Argentina Logistic Services (ALS), contratada para la custodia y traslado de estos bienes estratégicos.
Según el Ministerio Público Fiscal, existió un acuerdo ilegal coordinado entre la cúpula del organismo y empresarios del sector. La fiscalía detectó la emisión de al menos 14 órdenes de compra directas por un monto total que superó los 1,9 millones de dólares y los 40 millones de pesos. Estas contrataciones se aprobaron de manera discrecional, sin dictámenes técnicos y omitiendo deliberadamente la intervención del directorio de ARSAT para anular la competencia real de oferentes.
Esa hipótesis señala que la falta de medidas de seguridad por parte de la empresa adjudicataria facilitó la sustracción y el deterioro de contenedores tecnológicos indispensables para la ampliación de la red federal de fibra óptica.
Al momento de la detención de Leal en un departamento del barrio de Palermo, la Policía Federal Argentina incautó diversas sustancias estupefacientes (cocaína, ketamina y MDMA), lo que derivó en un procesamiento con prisión preventiva por tenencia de drogas con fines de comercialización.
Asimismo, durante los múltiples allanamientos realizados en los domicilios de Leal en Buenos Aires y Mendoza, las fuerzas de seguridad secuestraron 2,4 millones de dólares en efectivo cuyo origen la Justicia busca determinar si guarda relación directa con el cobro de coimas.
