El Gobierno provincial culpó a la Municipalidad de San Rafael de haber frenado la licitación pública de la obra y desde la comuna respondieron que el trámite se inició sin consultarles previamente.
El gobernador Alfredo Cornejo y el intendente de San Rafael, Omar Félix.
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Prensa Gobierno de Mendoza
Una de las obras de seguridad que el gobernador Alfredo Cornejo había prometido en 2025 fue la ampliación de la cárcel El Cerrito en San Rafael. Sin embargo, la licitación pública quedó frenada desde principios de este año y la Provincia responsabilizó al municipio conducido por Omar Félix (PJ) de haber trabado el avance del proyecto.
El llamado a licitación pública para la ampliación del Establecimiento Penitenciario Unidad X – El Cerrito se oficializó el 5 de enero mediante el Decreto 2914, publicado en el Boletín Oficial.
El Ejecutivo provincial confirmó entonces un presupuesto total de $21.740.024.524,74 para construir sobre una superficie de 21.420 metros cuadrados en el predio de la Colonia Penal Sixto Segura, con el objetivo de duplicar el terreno operativo de la Unidad X.
El núcleo del proyecto es un nuevo pabellón de alojamiento de dos niveles con capacidad para 192 internos, distribuido en dos alas independientes para garantizar un control estricto, según informó la Provincia.
Con el concurso en marcha, el 29 de enero se realizó la apertura de sobres de la licitación con siete empresas interesadas. El acto fue encabezado por la vicegobernadora Hebe Casado, la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, y el director de Gestión de Proyectos, Emanuel Juan.
Sin embargo, el proceso licitatorio se estancó en esa instancia y Rus respondió a Los Andes que “estaba todo listo para licitar y se paró por culpa de un informe negativo de la Municipalidad de San Rafael, que no entiende que una gestión de seguridad necesita de cárceles”.
De todos modos la gestión de la licitación pasa por la Subsecretaría de Infraestructura, que conduce Marité Badui, aclaró.
Desde la Municipalidad de San Rafael rechazaron la versión del Gobierno. El director de Ordenamiento Territorial, Mariano Miras, aseguró a Los Andes que la comuna no se opone a la construcción de una nueva cárcel, sino que cuestiona que la Provincia avanzó con el proceso sin cumplir con los procedimientos previstos por la normativa vigente.
“Cuando el Gobierno de la Provincia inicia la licitación, lo hizo sin ningún tipo de pedidos de factibilidad ni el trámite de rigor respecto de la ley que fija el impacto ambiental”, sostuvo el funcionario municipal.
Según explicó, recién con el llamado a licitación en marcha el Ejecutivo provincial presentó la documentación técnica. “Lo que ellos pretendían hacer resultaba no factible en función de la normativa municipal y tampoco cumplía con el estudio de impacto ambiental”, afirmó.
Miras agregó que, paralelamente, el municipio recibió una presentación firmada por unos 1.200 vecinos que manifestaron su rechazo a la ampliación de la cárcel en ese lugar.
El funcionario recordó además que existe desde hace casi tres décadas un terreno reservado específicamente para levantar un nuevo complejo penitenciario.
“Desde el año 1998 hay un predio ubicado en las afueras de San Rafael, en el distrito de Cuadro Nacional, cerca de Colonia Elena, de 50 hectáreas, dispuesto para la construcción de una penitenciaría”, explicó.
En ese sentido, sostuvo que la ampliación proyectada en El Cerrito “no puede desarrollarse por el incumplimiento de los indicadores urbanísticos” y porque “carece del estudio de impacto ambiental”, además de existir un terreno ya destinado por ordenanza municipal para ese fin.
“Nosotros no estamos en desacuerdo con la construcción de la cárcel. Lo que reclamamos es que, en cumplimiento del Plan de Ordenamiento Territorial, la obra se planifique de manera interjurisdiccional y se ajuste a la normativa municipal”, remarcó.
Miras señaló que uno de los elementos considerados en el informe municipal fue la oposición expresada por los habitantes de la zona.
“El planteo de los vecinos es una negativa rotunda a la construcción de la cárcel por las situaciones de inseguridad que viven a diario, por la falta de tratamiento de los líquidos cloacales y porque todo esto debía formar parte de la información necesaria para elaborar el estudio de impacto ambiental”, indicó.
Además, recordó que el establecimiento “siempre estuvo concebido como una colonia penal y no como una penitenciaría”.
Por último, el funcionario negó que el municipio haya paralizado el proceso licitatorio y afirmó que esa decisión corresponde exclusivamente al Gobierno provincial. “En términos administrativos desconozco qué hicieron con la licitación, porque es una cuestión que no depende del municipio”, señaló.
Y agregó el funcionario: “Nosotros respondimos que estamos abiertos al diálogo para desarrollar la obra en el lugar que resulte más conveniente para la comunidad sanrafaelina y que cumpla con todas las normativas”.
“No estamos frenando la obra; estamos solicitando que primero se trabaje en conjunto y que se respete la Ley 8051 y el Plan de Ordenamiento Territorial Provincial”, completó Miras.
