El informe anual del Servicio Penitenciario de Mendoza relevó datos de la sobrepoblación de internos. El Gobierno defiende la baja de muertes violentas y los avances en trabajo, educación y salud intramuros.
Traslado de internos en el Servicio Penitenciario provincial. Archivo
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Prensa Gobierno
Mientras se aguarda por las dos cárceles que anunció el gobernador Alfredo Cornejo en su discurso de apertura de sesiones de 2025, el informe anual del Servicio Penitenciario de Mendoza arrojó que, en ese período, la sobrepoblación profundizó su rango de “súper crítica”.
En el Ministerio de Seguridad y Justicia, a cargo de Mercedes Rus, sostienen que “la sobrepoblación es una constante” no solo en Mendoza, sino en todo el país, y ponen el análisis sobre la gestión política de los internos: puntualmente destacan que hubo un descenso marcado de las muertes violentas y mejoras en trabajo, educación y salud.
Según el informe de 239 páginas del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), que se publica a mediados de año, hasta el 1 de diciembre de 2025 el número de personas privadas de libertad alojadas en complejos, unidades y alcaidías fue de 7.212.
Es decir, hubo un incremento del 12,23% con respecto al número que se registraba en 2024, que fue de 6.424 personas detenidas en prisión. Además, en 2025 se registraron otras 512 PPL bajo la modalidad de detención domiciliaria.
En ese sentido, la tasa de encarcelamiento, índice que mide el número de individuos privados de libertad cada 100.000 habitantes, es en Mendoza de 345,6, cifra que ha aumentado respecto del año anterior, cuando era de 314,4, sostiene el informe.
También destacaron que supera la tasa de encarcelamiento de Argentina, que en 2024 fue de 256, advierten.
El informe detalla que de los 7.212 internos, el 78% se encuentran entre: Complejos Almafuerte (28%), Boulogne Sur Mer (26%) y San Felipe (24%). Mientras que hay 5403 camas en los complejos, unidades y alcaidías de toda la provincia.
Entonces de la comparación entre personas privadas de libertad y camas por complejo, “surge que existe sobrepoblación”, explica el informe.
En cuanto a la tasa de sobrepoblación penitenciaria, el propio informe explica que “se evalúa bajo el criterio aritmético universal de medición, que establece la división de la población total sobre la capacidad instalada, menos uno, por cien, a fin de identificar el porcentaje de sobrepoblación en una hipótesis de ocupación del 100%”.
En este sentido, la tasa de sobrepoblación actual es de 33,48, la cual ha aumentado respecto de 2024, cuando era de 21,24, sostiene la memoria anual.
El dato genera más preocupación en la evolución de la densidad carcelaria. Según detalla el informe, el sistema utilizado por el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD) y refrendado por la Cruz Roja es "la medición de dicha sobrepoblación por medio de la densidad carcelaria por cien plazas (el número de personas privadas de libertad dividido por el número de plazas previstas, por cien)".
Los estándares para la evaluación de la sobrepoblación penitenciaria establecen:
“En el Servicio Penitenciario de Mendoza, en la actualidad, la densidad carcelaria es de 133,48, registrando un aumento desde 2024, cuando era de 121,24, y de 120,59 en 2023. Por lo tanto, se encontraría en sobrepoblación supercrítica”, sostiene el informe del Servicio Penitenciario de Mendoza.
A la hora de analizar la sobrepoblación registrada en 2025, la ministra Mercedes Rus puso en valor la baja de las muertes violentas que ocurrieron ese año.
El informe destaca que hubo solo dos suicidios en las cárceles de Mendoza y ningún fallecimiento producido por riña, a diferencia de 2024, cuando ocurrieron siete suicidios, y de 2023, cuando se registraron tres personas que se quitaron la vida. En tanto, no se informan fallecimientos por riña desde 2022.
“La sobrepoblación es un dato histórico y hemos mejorado mucho las condiciones en cómo la gestionamos. Un dato importante es cuántas muertes violentas ocurrieron y las hemos bajado considerablemente en 2025”, sostuvo la ministra en contacto con Los Andes.
“Hay una mejor gestión que hace que no tengamos muertes violentas y tampoco conflictos”, sostuvo. En ese contexto remarcó que la nueva categorización de los establecimientos y los perfilamientos de los detenidos "sirvieron para tener ordenada la población penitenciaria".
Además, la funcionaria sostuvo que el Gobierno no planea reducir los metros cuadrados de las unidades penitenciarias destinados al trabajo y la educación de los internos.
“Nosotros tenemos sobrepoblación, pero mantenemos los metros cuadrados que tenemos en productividad y en educación. En general, cuando hay problemas de este tipo, lo primero que se ataca son estos lugares, porque son espacios donde rápidamente ponen celdas”, advirtió.
Y sostuvo: “Nosotros tenemos como objetivo custodiar esos espacios y, al contrario, potenciar el trabajo intramuros”.
En ese sentido, remarcó que enviará un proyecto de ley para darle un marco normativo al sistema de trabajo penitenciario y aseguró que la productividad de las personas privadas de libertad aumentó un 425% de un año a otro.
Según la memoria anual, durante 2025 el Programa de Prelibertad alcanzó a 1.944 internos, mientras que se creó una mesa de emprendedurismo para fortalecer la reinserción laboral.
En materia educativa hubo 2.562 estudiantes entre los distintos niveles, incluidos los universitarios del programa PEUCE de la UNCuyo. Además se registraron 785 egresados y 383 promociones.
La ministra también defendió la gestión sanitaria del Servicio Penitenciario y aseguró que la calidad de la atención puede medirse a través de las intervenciones programadas. “Hemos sostenido cerca de 216 intervenciones quirúrgicas, con un 75% de cirugías programadas”, sostuvo.
“Eso quiere decir que hubo asistencia médica previa, que se detectó el problema de salud y se planificó la operación. No son intervenciones de urgencia producto de un conflicto”, explicó.
Rus también destacó el fortalecimiento del área de salud mental, que está directamente vinculado a la baja de suicidios. “Hoy tenemos guardia hasta las 20, con psiquiatras y psicólogos dentro del Servicio Penitenciario”, destacó.
“Es un avance inédito porque la asistencia en salud mental ya es un desafío en todo el sistema de salud y mucho más en un contexto de encierro”, sostuvo.
Otro de los cambios señalados por la funcionaria fue el aumento de las visitas familiares tras la prohibición de los teléfonos celulares en las cárceles. "Como sacamos los celulares, pasamos de una visita quincenal a una semanal. Eso permitió fortalecer el contacto de los internos con sus familias", explicó.
Durante 2025 el Servicio Penitenciario registró 178.655 visitas, de las cuales 165.831 correspondieron a adultos y 12.824 a niños y niñas.
Mientras los datos arrojan una sobrepoblación compleja, el gobernador había prometido en 2025 la ampliación de la cárcel El Cerrito, en San Rafael, y la construcción de un nuevo complejo en el predio de Cacheuta, “destinado a pequeños delitos”. Las dos obras, en conjunto, sumaban 800 plazas más al sistema penitenciario provincial.
Lo cierto es que la única que avanzó en el proceso de licitación fue la obra del sur provincial, con siete oferentes que se presentaron a principio de año. Pero, según confió la ministra Rus, “estaba todo listo para licitar y se paró por culpa de un informe negativo de la Municipalidad de San Rafael”.
De todos modos, comentó que el trámite está en manos de la Subsecretaría de Infraestructura, a cargo de Marité Badui. Esta unidad tendrá 6.800 m², unas 200 plazas y un costo estimado de $13.338 millones. El proyecto incluye áreas de trabajo y esparcimiento, y el plazo de ejecución será de 13 meses.
Mientras tanto, el proyecto de la cárcel de Cacheuta se encuentra en etapa de "readecuación" del expediente para hacerlo “más viable”, con un presupuesto acorde, señaló. Por el momento, no hay un plazo previsto para el lanzamiento de esta licitación.
El proyecto original de la cárcel Almafuerte III contemplaba la construcción sobre un terreno de 22.500 m², de los cuales 5.000 m² estarían cubiertos. Se incorporaban 600 nuevas plazas, destinadas a personas con condenas cortas, y la inversión prevista era de $9.500 millones. Ahora quedó todo en veremos.
