La lógica y razonable defensa del orden impuesto en las cuentas obliga al oficialismo a buscar canales de diálogo más allá del enojo causado por lo que se votó en el Senado.
Milei busca el equilibrio fiscal a toda costa y usa la motosierra como metáfora
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Luego de habernos referido en este espacio a la bochornosa sesión del jueves 10 de este mes, donde la oposición kirchnerista logró sumar votos para imponer varias leyes contrariando al Poder Ejecutivo ante la evidente ineficiencia del reducido lote de senadores oficialistas, resulta ahora apropiado hacer un rápido análisis de las consecuencias las leyes aprobadas con sanción final: aumento jubilatorio, moratoria previsional y recursos para discapacidades.
Queda claro que el gobierno nacional defiende con total firmeza el equilibrio fiscal logrado a costa de una fuerte reducción del gasto público y que el objetivo incluye mantener el actual contexto macroeconómico con la finalidad de continuar reduciendo los índices de inflación, que ya se encuentran mensualmente por debajo del 2%.
El punto de vista del Gobierno aparece como muy razonable, independientemente de la discusión sobre el nivel del poder adquisitivo de los jubilados y pensionados. Según distintos economistas consultados luego de lo dispuesto por el Senado, los efectos de las leyes sancionadas, y que seguramente serán vetadas por el Presidente de la Nación, traerían como consecuencia la pérdida de una parte mayoritaria del superávit.
En promedio, estiman muchos profesionales que la pérdida podría superar el 1% del PBI, tanto por el aumento previsional acordado como por la emergencia por discapacidad, y que sólo esos incrementos presupuestarios podrían ser financiados con recortes en otras áreas o una suba de impuestos. Las personas beneficiadas sólo por el aumento jubilatorio serían siete millones y medio.
Mientras tanto, más allá del veto anunciado por el Presidente a las leyes con aprobación definitiva, en el gobierno nacional encaran contactos con los gobernadores más cercanos al Ejecutivo para que éstos influyan en los legisladores que les responden para así intentar sostener cada uno de los vetos y evitar agravar el conflicto entre poderes o bien llegar a la instancia judicial. Se busca desde el oficialismo recuperar el respaldo de los sectores moderados apoyaron las medidas del Gobierno desde que ésta asumió.
El espacio libertario debe comprender que, por lo menos hasta después de las elecciones de octubre, no puede confiar libremente en los apoyos políticos; estos deben ser conservados con esmero. Así es la política. Con más razón cuando se cuenta en el Congreso con mínima representación en ambas cámaras y tampoco hay ningún gobernador que pertenezca al signo del gobierno central.
Sea cual fuere el resultado de estas posibles negociaciones tendientes a retomar el diálogo perdido entre el gobierno de Milei y los sectores aliados desde que asumió, resulta imperioso que en adelante ese vínculo se retome y que, en ese marco, la labor legislativa sea más provechosa.
La lógica y razonable defensa del equilibrio fiscal que hace el Gobierno obliga al oficialismo a buscar canales de diálogo más allá del enojo causado por lo que se votó en el Senado. Por eso toda discusión en el Congreso debe ser admisible. Lo que no se puede tolerar es el alto nivel de agresión, por un lado, e improvisación que en determinados momentos se observa entre nuestros legisladores.