La política argentina demuestra con frecuencia que se necesita un sano ejercicio de institucionalidad para poder encauzar al país dentro de un marco de respeto por el transcurrir democrático.
Más allá de la polémica por los proyectos aprobados, hubo actitudes que no condicen con el nivel de debate que debe guiar al Congreso.
Senado: la oposición avanzó con leyes previsionales y de discapacidad.
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prensa UxP La política argentina demuestra con frecuencia que se necesita un sano ejercicio de institucionalidad para poder encauzar al país dentro de un marco de respeto por el transcurrir democrático.
No es tema de análisis en este artículo la conveniencia o no de las leyes aprobadas el jueves, por amplia mayoría, por el Senado Nacional contrariando la voluntad del Poder Ejecutivo Nacional en su férrea y apropiada defensa del equilibrio fiscal. Lo que merece ser analizado una vez más, y preocupa, es el bajo nivel de discusión y de comportamiento de muchos de los integrantes de la dirigencia partidaria.
Resulta incomprensible, en primer lugar, el nivel de agresión observado a través de acusaciones cruzadas por parte de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Hacer público tal nivel de intolerancia llama poderosamente la atención, en especial por los conceptos vertidos por las partes. A ello hay que sumar la definición de “traidora” con que calificó el presidente Milei a su vicepresidenta durante su alocución con motivo de un nuevo aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Ya en lo referido a la sesión de la discordia, tampoco es aceptable que se hayan realizado planteos sobre la legalidad o no de dicha cita legislativa. Justamente, fue la ministra de Seguridad la que inició la polémica al solicitarle a la Vicepresidenta, titular constitucional del Senado, que se apartare de su lugar de conducción de la sesión para no convalidar con su presencia una estrategia urdida por el kirchnerismo, que, además de ser oposición, cuenta con la mayor cantidad de legisladores en la Cámara alta.
Como consecuencia de tanto enojo y desorden, sería lamentable que el oficialismo del Senado tuviese que recurrir a la Justicia para que ésta determine si la sesión estuvo bien habilitada o no. A simple vista, una total falta de conocimiento pleno del reglamento del cuerpo legislativo.
Incluso, el recurso presidencial del veto a las leyes aprobadas, que prometió el Presidente después de la polémica sesión, significaría para el Gobierno reconocer la legalidad de la sesión que es objetada, lo cual pone en evidencia lo inconveniente de una reacción intempestiva por parte del titular del Poder Ejecutivo.
Lo que queda a la luz luego del rotundo fracaso que significó para el gobierno nacional la última sesión del Senado es una clara falta de manejo político para, por lo menos, avistar la estrategia que tejía la oposición más dura para torcer, como logró, la voluntad del Gobierno en su lógica y justa defensa del equilibrio fiscal.
En el caso del oficialismo, no se trata sólo de atribuir una derrota en el recinto a la diminuta cantidad de legisladores que posee. En otras oportunidades en el año y medio de gestión libertaria transcurrido hubo logros importantes, comenzando por la emblemática Ley de Bases, que demoró en ser aprobada, justamente, por la poca experiencia legislativa de la representación oficialista.
Los golpes deben servir, como en este caso, para mejorar la capacidad de diálogo y negociación, aspectos válidos cuando la política es sana.