El peligro de demorar la reparación de rutas

Mendoza cuenta con caminos de jurisdicción nacional y provincial, que no están en su mejor estado. Al pararse la obra pública por restricciones presupuestarias, la red vial se deteriora progresivamente. La provincia y los municipios deberían unirse para hacer los arreglos imprescindibles que requieren calles y caminos de manera de lograr una buena circulación de automotores.

El peligro de demorar la reparación de rutas
Operarios trabajan en la banquina y ciclovía de la ruta 82.

Es necesario que el Gobierno provincial, junto con los gobiernos municipales, inicien una urgente etapa de reparaciones de rutas, ya sean estas de jurisdicción provincial o nacional.

Muchas de las vías de comunicación que utilizan los mendocinos disponen de tramos en buen estado, pero hay un elevado número de kilómetros en los que se observa todo tipo de desperfectos en la carpeta asfáltica por la que circulan camiones de carga de gran porte, medios de transporte público y el tráfico regular de camionetas y automóviles.

Un comentario aparte sobre las banquinas que en algunas zonas son una verdadera trampa para los conductores de los diferentes vehículos que por cualquier razón deben salir de la cinta asfáltica y rodar por esos espacios complementarios.

No tenemos disponible el número de kilómetros que suman imperfecciones en el Gran Mendoza y en el resto de los oasis del territorio provincial.

Ya hubo incidentes de tránsito con distinto resultado y consecuencias para las personas como derivación del mal estado de algunos caminos o sistemas de calles, muy utilizadas para los desplazamientos del variado tránsito que poseemos.

La circulación automotor entonces se complica en muchas partes de la provincia, con mayor énfasis en el territorio que definimos como Gran Mendoza, como derivación de los deterioros en las arterias y las rutas.

No desconocemos que hay jurisdicción nacional y provincial para atender este problema, pero debido a la gravedad de la situación se tendría que encarar como un todo el mejoramiento de la red vial, que en el pasado caracterizó a Mendoza, y después ver cómo se enfrentan las inversiones y se distribuyen los gastos.

Hay en la provincia obras de vialidad que no avanzan o lo hacen a un ritmo excesivamente lento, como hemos planteado en más de una oportunidad, tal los casos de la nueva traza de la ruta provincial 82, que sin lugar a dudas es uno de los grandes emprendimientos del momento, o las también demoradas variante Palmira-Agrelo y la doble vía a San Juan en la traza de la ruta nacional 40.

Tampoco se ha explicado si la circulación de grandes camiones que transportan áridos por la ruta 89, las llamadas bateas, y que atraviesan por el coronamiento del dique Cipolletti con su carga de varias toneladas, afectan o no ese paso. Posiblemente nunca ocurra nada, hasta que se produzca y se compruebe, tardíamente, que había una restricción y era mucho peso para esa estructura de una obra de irrigación.

Ya hemos dicho hasta el cansancio que el Acceso Sur, especialmente en el tramo puente río Mendoza (Luján de Cuyo)-calle Paso-ruta 10 Emilio Civit) tiene que ser intervenido con un programa de reparación urgente, debido al deterioro que presenta su base de rodamiento, circunstancia peligrosa para los miles de rodados/hora que se desplazan por allí en los dos sentidos.

Para colmo y como lo destacó recientemente Los Andes, tramos del Acceso Sur, especialmente en la jurisdicción de Godoy Cruz, están a oscuras por el robo de cables. Delito que, la Policía de Mendoza, con su capacidad de investigación, tiene que abortar.

Es un hecho comprobable que en Mendoza hay accidentes de tránsito por impericia de algunos conductores, que no ejecutan como corresponde el procedimiento de manejar vehículos en la vía pública, pero tampoco se puede ocultar que muchos episodios graves sobre la calzada se deben a las roturas o imperfecciones existentes sobre las mismas y que no se reparan. La acumulación de roturas, malformaciones y otros problemas se acumulan y el Gobierno provincial, en asocio con los municipios deben iniciar, aunque sea un plan provisorio de reparaciones.

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