La Cámara de Apelaciones de Nueva York dio lugar al pedido de las partes de manera temporal, mientras se negocia cómo seguir.
YPF: Argentina logró que la Justicia suspendiera por una semana el fallo que entrega las acciones
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La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York dispuso este martes la suspensión preventiva de la orden de entrega de las acciones de YPF, por lo que ya no corre el plazo de tres días que había dictaminado ayer la jueza Loretta Preska en primera instancia.
Se trata de un freno parcial hasta que la Corte de Apelaciones responda el pedido de Argentina de frenar la sentencia de Preska, mientras es apelada.
Un tribunal bloqueó temporalmente la orden de la jueza Preska, que había ordenado que Argentina entregue su 51% en YPF a los demandantes en un caso de 16.000 millones de dólares.
Esta suspensión administrativa emitida por el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Segundo Circuito estará vigente hasta que el panel de apelación pueda decidir si concede o no una suspensión definitiva, mientras la Argentina apela la orden del 30 de junio de la jueza.
La medida de hoy le da más tiempo a las partes para entregar sus argumentos sobre la cuestión. Burford -uno de los beneficiarios del fallo- lo hará el jueves 17. En tanto, la Argentina, el martes 22 de julio. Ambas partes habían solicitado esta prórroga ahora finalmente concedida.
Como paso siguiente, la Cámara decidirá si efectivamente Argentina debe entregar las acciones, como decidió la magistrada Preska, o no.
Desde que el fallo en contra de Argentina allá por 2023, el país consiguió ganar tiempo y evitó tanto el pago de la indemnización como la constitución de una garantía.
Sin embargo, este lunes, la jueza Preska cuestionó la estrategia: “La República aprovechó al máximo el tiempo extra, pero no hizo ningún esfuerzo por cumplir con las condiciones impuestas por el Tribunal. Ahora alega un daño irreparable si no se suspende la orden de entrega, pero ese supuesto daño surge directamente de sus propias acciones al retrasar e intentar eludir sus obligaciones en virtud de la sentencia”.
El conflicto judicial tiene su origen por la expropiación de YPF, en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La reestatización, así como la prohibición del giro de dividendos, derivó en la quiebra de dos compañías del grupo argentino Petersen, que controlaba el 25% de las acciones. Un fondo de riesgo, Burford Capital, compró los derechos de litigio de esas compañías e inició una demanda contra el Estado argentino.
Para el Gobierno nacional, permitir hoy el traspaso forzoso vulneraría la soberanía nacional y sentaría un precedente jurídico peligroso, además de generar un grave impacto en las finanzas públicas como es la pérdida de un activo estratégico en medio de las negociaciones por la deuda y el ajuste fiscal.
Vale recordar que el Estado argentino no puede transferir las acciones sin la previa autorización del Congreso, según el artículo 10 de la Ley N° 26.741, que habilitó la operación concretada por la administración kirchnerista.