El Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de Cuyo denunció 450 despidos, presentó reclamos laborales y ambientales, y confirmó un posible paro para el lunes.
Desde abril, el sindicato contabiliza 450 trabajadores despedidos y advierte que la cifra podría aumentar si continúan los recortes.
Foto:
El Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de Cuyo denunció una fuerte pérdida de puestos de trabajo en las áreas petroleras de Mendoza y declaró el estado de alerta técnica y social. Según el gremio, desde abril ya se registraron 450 despidos, en un contexto en el que la actividad continúa, pero con un ajuste que impacta directamente en los trabajadores.
La situación fue denunciada ante la Subsecretaría de Trabajo, donde el sindicato presentó un relevamiento que abarca el plano laboral y el ambiental, y anticipó que el conflicto continuará por la vía legal. Desde la organización advirtieron que la reducción de personal afecta a las familias petroleras y profundiza los riesgos operativos y de contaminación en yacimientos maduros.
El secretario general del sindicato, Julián Matamala, aseguró que desde abril hasta la actualidad se perdieron 450 puestos de trabajo, una situación que atribuyó a decisiones empresariales avaladas por la pasividad del Gobierno provincial. “Hemos perdido desde abril hasta ahora 450 trabajadores. Esa gente no está pensando en la familia, y cuando una familia se queda sin empleo, ahora no hay trabajo”, afirmó.
La denuncia fue presentada formalmente ante la Subsecretaría de Trabajo, donde el gremio reclamó un acuerdo de sostenimiento laboral que frene los despidos. Matamala explicó que la propuesta apunta a un esquema similar al aplicado durante la pandemia. “Estamos exigiendo firmar un acuerdo para que no despidan a más gente. No va a ser un procedimiento preventivo de crisis, va a ser un sostenimiento de trabajo para darle tranquilidad a los trabajadores”, sostuvo.
Ante la falta de respuestas, el sindicato advirtió que avanzará con medidas de fuerza. “A partir de ahora, echan a un trabajador y les damos una medida de fuerza. Si echan a una persona se van a parar todos los yacimientos a nivel provincial”, aseguró el dirigente. Aclaró que se trataría de un paro de producción, sin afectar el abastecimiento de combustibles. “No vamos a perjudicar a la gente. Vamos a perjudicar a las empresas productoras”, explicó. También adelantó que esta medida podía verse implementada el próximo lunes.
En ese contexto, Matamala destacó la unidad con otros gremios del sector energético y del transporte para enfrentar el ajuste. Señaló el trabajo compartido con Ricardo Letard, secretario general de Camioneros, y con Gabriel Barroso, de Petroleros Privados. “Estamos trabajando en conjunto. Es un nuevo gremialismo, no un gremialismo egoísta”, remarcó.
Además del plano laboral, el sindicato incorporó en la denuncia presentada ante la Subsecretaría de Trabajo un capítulo específico vinculado al deterioro ambiental en las áreas petroleras. El relevamiento realizado por inspectores gremiales detectó derrames, cañerías deterioradas y tanques sin contención adecuada, situaciones que, según el gremio, se agravan por la falta de mantenimiento y de personal.
“Los impactos ambientales son complejos”, advirtió Matamala al describir lo observado en los yacimientos. “Un tanque donde se almacena petróleo tiene que tener una contención mayor a su capacidad, para que si se rompe quede encapsulado, y no lo están haciendo”, explicó.
Las imágenes presentadas muestran cañerías que se rompen por desgaste y válvulas que fallan por falta de mantenimiento. Para el dirigente, el problema combina abandono material y reducción de personal. “Es material y es personal. Va todo junto. Si la cañería está vieja y no tenés alguien que venga y la suelde, explota”, sostuvo.
Desde el Gobierno provincial respondieron que las situaciones denunciadas ya fueron remediadas, al tiempo que aseguraron que los controles sobre las operadoras se mantienen activos y que no existen riesgos ambientales vigentes derivados de esos episodios.
Dentro de la denuncia laboral y ambiental presentada ante la Subsecretaría de Trabajo, el Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de Cuyo apuntó de manera directa contra Petróleos Sudamericanos, empresa a la que responsabiliza por una parte de los despidos registrados en los últimos meses y por los impactos ambientales detectados en las áreas que opera en Mendoza. El señalamiento se apoya en el relevamiento realizado por inspectores del gremio en distintos yacimientos.
El secretario general Julián Matamala sostuvo que la operadora avanzó con un esquema de ajuste que prioriza la reducción de costos por sobre el sostenimiento del empleo y las condiciones operativas. Indicó que esto se traduce en menor presencia de personal en campos que requieren controles permanentes.
Desde el sindicato advirtieron que el ajuste también se refleja en la desvinculación de empresas tercerizadas que cumplían funciones vinculadas al saneamiento ambiental, al mantenimiento de caminos internos y a la reparación de cañerías. Para la organización, esa retracción incrementa la probabilidad de fallas en instalaciones antiguas y eleva el riesgo de episodios de contaminación, en un contexto donde los pozos presentan un alto nivel de desgaste.
Según explicó Matamala, la combinación de infraestructura envejecida, menor inversión y menos personal configura un escenario crítico. “Estos yacimientos son viejos y necesitan más gente para cuidarlos”, sostuvo, al insistir en que las decisiones empresariales adoptadas por la compañía afectan de manera directa tanto a los trabajadores como al ambiente en las zonas productivas.
Frente a las denuncias del sindicato, el Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza aseguró que mantiene un control permanente sobre la actividad de las empresas operadoras. Desde la cartera indicaron que “la comunicación con las empresas operadoras es permanente” y que de manera continua se les solicita información y documentación para acreditar el cumplimiento de sus obligaciones, entre ellas inversiones, actividades, seguimiento de la producción, estándares técnicos y ambientales, y planes de saneamiento y remediación.
Además, señalaron que se realizan controles e inspecciones en coordinación con las áreas competentes de Hidrocarburos y Ambiente para verificar que la operación se desarrolle en condiciones adecuadas y que se cumplan los procedimientos establecidos. Según explicaron, se trata de una actividad dinámica, por lo que el seguimiento es constante y estandarizado.
Finalmente, desde el Ministerio remarcaron que ante incidentes o situaciones operativas inherentes a la actividad, las empresas cuentan con canales oficiales y obligatorios para reportarlos. A partir de esas notificaciones, cada caso se gestiona dentro del marco normativo vigente, con seguimiento técnico, exigencia de correcciones, intimaciones cuando corresponde y verificación del cierre de las acciones y medidas comprometidas.