La negociación, que implica un desembolso aún no definido públicamente, deberá ser aprobada por el Congreso en los próximos días.
La nueva medida de Milei: Argentina busca un acuerdo por el default de 2001 con nuevos pagos.
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A más de dos décadas del colapso financiero que derivó en el default de la deuda argentina de 2001, el país continúa enfrentando consecuencias legales y económicas. El gobierno de Javier Milei avanza ahora en un acuerdo con fondos acreedores que no ingresaron a los canjes de deuda y que mantienen fallos a su favor en tribunales de Estados Unidos.
El proceso forma parte de una larga secuencia de estrategias aplicadas por distintas administraciones para resolver litigios derivados del default. Canjes, emisiones de deuda y acuerdos extrajudiciales marcaron el camino en estos años, aunque un grupo minoritario de acreedores continuó con demandas activas en Nueva York.
Entre los principales demandantes aparece el grupo liderado por Attestor, acompañado por otros fondos como Trinity, White Hawthorne, Bison Bee y Bybrook, con reclamos cercanos a los 500 millones de dólares. A esto se suma otro bloque encabezado por Bainbridge, con un monto cercano a los 95 millones.
Ambos grupos habían logrado avanzar sobre activos argentinos en el exterior. En particular, obtuvieron el embargo de 310 millones de dólares depositados como garantía en la Reserva Federal de Nueva York. De ese total, Attestor recibió 210 millones, mientras que otros 100 millones quedaron bajo disputa judicial.
El nuevo entendimiento alcanzado con estos acreedores contemplaría un pago menor al monto original reclamado, posiblemente por debajo de los 200 millones de dólares, aunque los detalles se conocerán cuando el acuerdo sea enviado al Congreso.
La causa se tramita ante la jueza Loretta Preska, quien concentra varios litigios contra Argentina. El estudio jurídico que representa al país informó que ya se firmó un acuerdo definitivo con los fondos y solicitó la suspensión del proceso judicial.
Esa decisión implica frenar medidas más severas que estaban en análisis, como la posibilidad de embargar activos estratégicos, entre ellos acciones de empresas estatales como YPF, Aerolíneas Argentinas o el Banco Nación.
La deuda en default generó conflictos persistentes a lo largo de distintas gestiones. En 2016, durante el mandato de Mauricio Macri, el país acordó el pago de 9.300 millones de dólares a un grupo de acreedores, lo que permitió salir del default técnico y normalizar pagos internacionales.
Posteriormente, en 2020, la administración de Alberto Fernández, con el entonces ministro Martín Guzmán, llevó adelante una reestructuración de bonos que incluyó títulos emitidos en acuerdos previos.