La Corte de Apelaciones de Nueva York revocó la sentencia que obligaba al país a pagar más de US$16.000 millones por la expropiación de la petrolera. El proceso continuará en instancias inferiores.
La Justicia de Estados Unidos falló a favor de la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF y revocó la sentencia de primera instancia que había condenado al país a pagar una cifra millonaria. El presidente Javier Milei celebró la decisión y afirmó: “Ganamos el juicio”.
Se trata de un fallo clave: la Corte de Apelaciones de Nueva York revirtió la resolución que había dictado la jueza Loretta Preska y evitó, al menos por ahora, que el país deba afrontar un pago superior a los 16.000 millones de dólares.
Además, el tribunal rechazó los reclamos por incumplimiento de contrato contra la Argentina y confirmó otros puntos favorables tanto para el Estado como para la petrolera. Sin embargo, dispuso que la causa continúe en instancias inferiores bajo nuevos criterios.
El propio Milei destacó el resultado como un hecho “histórico”, en línea con lo que representa el caso: el mayor juicio que enfrentaba la Argentina en tribunales del exterior y la demanda más grande en la historia de Estados Unidos contra un Estado soberano.
El litigio se originó tras la estatización del 51% de YPF en 2012, cuando el Estado argentino recuperó el control de la compañía. La controversia surgió porque, según los demandantes, el país no cumplió con el estatuto de la empresa, que obligaba a realizar una oferta pública de adquisición al resto de los accionistas.
En primera instancia, la jueza Preska consideró que la Argentina había incumplido esa normativa y ordenó el pago de una compensación a los accionistas afectados, entre ellos las firmas Petersen Energía, Petersen Inversora y el fondo Eton Park. No obstante, liberó de responsabilidad a YPF.
El fallo fue apelado por todas las partes y en octubre de 2025 la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito escuchó los argumentos del Estado argentino, de la petrolera y de los fondos demandantes, entre ellos Burford Capital, que adquirió los derechos de litigio tras la quiebra de las empresas Petersen.
Durante esa audiencia, la defensa argentina sostuvo que el caso debía resolverse en tribunales locales, planteando que correspondía a la Justicia del país definir qué norma prevalece: la ley de expropiación o el estatuto de la compañía.
Con este nuevo fallo, el principal perjudicado es Burford Capital, que había comprado los derechos a litigar por unos 15 millones de euros y ya había obtenido más de 300 millones de dólares al vender participaciones en la demanda.
Aunque la decisión representa un giro favorable para la Argentina, el proceso judicial no está cerrado. La causa volverá a instancias inferiores, donde continuará su curso bajo los lineamientos establecidos por la Cámara.