Es por las irregularidades en la intermediación de derechos comerciales vinculados a la Selección Argentina y la compra de la lujosa mansión en Pilar.
Predio de la AFA en Ezeiza
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Gentileza / Clarín La Justicia avanzó este viernes con nuevos procedimientos en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), con allanamientos simultáneos en sus dos sedes principales: la histórica oficina de la calle Viamonte, en la Ciudad de Buenos Aires, y el predio de Ezeiza, conocido como predio Lionel Andrés Messi.
La medida contra el organismo liderado por Claudio "Chiqui" Tapia fue ordenada por el juez Adrián González Charvay y ejecutada por personal de Prefectura.
Durante los operativos, los investigadores se centraron en documentación vinculada a contratos firmados entre la AFA y la firma TourProdEter LLC, empresa que maneja negocios comerciales de la Selección Nacional en el exterior y que está asociada a los empresarios Javier Faroni y Erica Gillete.
El objetivo es determinar cómo se estructuraron esos acuerdos, qué montos se manejaron y si hubo irregularidades en la intermediación de derechos comerciales vinculados a la Selección Argentina, con fondos transferidos a "sociedades fantasma".
La firma percibía un 30% de comisión, sumado a un 10% adicional por tareas logísticas.
Según la denuncia de los dirigentes de la Coalición Cívica, Facundo Del Gaiso y Matías Yofe, entre 2021 y 2025 operó una red internacional de intermediarios financieros que canalizó más de 300 millones de dólares fuera del circuito bancario argentino. La documentación aportada por la Justicia de Estados Unidos incluye, además, indicios de transferencias hacia sociedades vinculadas a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y mano derecha de Tapia.
El mismo magistrado también lleva adelante otra investigación sensible: la compra de una lujosa propiedad en Pilar, valuada en 17 millones de dólares, que, según la hipótesis judicial, habría sido adquirida por dirigentes de la AFA mediante testaferros.
La causa busca reconstruir posibles maniobras de ocultamiento patrimonial y determinar si existió desvío de fondos o enriquecimiento ilícito.