Cristina tuvo otro revés judicial, pero el PJ evitará que vaya presa

El procesamiento con prisión preventiva de Cristina Fernández de Kirchner como presunta jefa de una asociación ilícita destinada a cobrar coimas para otorgar obras públicas a empresarios quedó confirmado ayer por la Cámara Federal.

Si bien no lo anticipó, seguramente la ex Presidenta apelará la resolución de la Sala 1 de la Cámara Federal que en términos generales ratificó los procesamientos de ex funcionarios de los gobiernos kirchneristas y de los importantes empresarios involucrados, aunque en la gran mayoría de éstos les cambió la imputación de integrante de una asociación ilícita por la menos grave de haber pagado coimas.

La confirmación que dictaron ayer los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia de la Sala 1 era aguardada por el juez federal Claudio Bonadio a cargo de la instrucción de la llamada "causa de los cuadernos" para volver a insistir ante el Senado en su pedido de desafuero de la ex Presidenta, algo que el PJ ya anticipó que no va a prosperar.

Miguel Pichetto, jefe de la bancada del peronismo, ratificó ayer su posición de que el desafuero no corresponde hasta que no haya condena firme.

En el propio oficialismo admitían ayer que el pedido de desafuero fracasará otra vez. La bancada de Cambiemos no tiene el tamaño suficiente para hacerlo prosperar.

Más allá de eso, el trámite será lento. Recién tomará estado parlamentario en la primera sesión del Senado. Y aún no hay fecha para eso.

En caso de que Mauricio Macri convoque a extraordinarias en febrero, como se especula, habría una sesión ese mes. Si no, habrá que esperar a marzo, cuando arranca el período de ordinarias.

Tras ingresar, el pedido será girado a la comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el peronista Dalmacio Mera. Esa comisión tiene 60 días hábiles para expedirse.

En caso de que no lo haga, se contarán 180 días hábiles desde que ingresó en Asuntos Constitucionales para que el pedido sea tratado por el pleno.

Los otros involucrados

Según la Cámara, Fernández de Kirchner es la presunta jefa de una asociación ilícita dedicada a cobrar coimas a cambio del direccionamiento de la obra pública durante su gobierno y el de su difunto marido Néstor Kirchner entre 2003 y 2015. También le impuso un embargo de $ 1.500 millones en el marco de la causa abierta a partir de copias de ocho cuadernos escritos por Oscar Centeno, quien fue chofer del ex funcionario detenido Roberto Baratta, a la vez mano derecha del histórico ministro kirchnerista de Planificación Federal, Julio De Vido, también encarcelado.

Además, en su resolución los camaristas confirmaron los procesamientos con prisión preventiva de De Vido, Baratta y del ex secretario de Obras Públicas José López como "organizadores" de las maniobras de cobro de coimas.  "El dinero recorrería un circuito que lo llevaría finalmente a las manos de Daniel Muñoz (fallecido ex secretario presidencial) y de ahí, a los ex mandatarios. En definitiva, es en Néstor Kirchner y Cristina Fernández donde el círculo termina por cerrarse", sostuvo el fallo.

La Cámara también agravó la situación procesal de los empresarios Carlos Wagner, ex titular de la Cámara de la Construcción (CAC); Ernesto Clarens y el detenido Gerardo Ferreyra, titular de la cordobesa Electroingeniería, por entender que actuaron como "organizadores" de la asociación ilícita y no como miembros.

La gran mayoría de los poderosos empresarios imputados fueron beneficiados por la Cámara con la falta de mérito con relación al delito de asociación ilícita. En ese grupo de 22 empresarios están, entre otros, el ex director de Iecsa, Angelo Calcaterra, primo hermano de Mauricio Macri, y los empresarios Aldo Roggio, y Luis Betnaza, segundo del grupo Techint.

Pescarmona y Valenti, procesados pero sin prisión preventiva

La la Cámara Federal confirmó el procesamiento sin prisión preventiva de Enrique Pescarmona, como también del ex gerente de Impsa, Francisco Valenti (en este caso tras revocarle la falta de mérito), en el marco de la "causa de los cuadernos" por el presunto pago de coimas durante los gobiernos kirchneristas.

Además, fijó un embargo de $ 100 millones para Pescarmona, en tanto delegó en el juez Claudio Bonadio establecer el monto del embargo correspondiente a Valenti.

La resolución referida a Pescarmona confirmó parcialmente su procesamiento sin prisión preventiva, aunque modificó la calificación legal que le había imputado Bonadio. Así, el ex dueño de Impsa pasó a ser acusado del presunto delito de cohecho activo (pago de coimas) en 13 ocasiones, en calidad de actor.

Pero en cambio, fue beneficiado por la falta de mérito para ser procesado o sobreseído por el presunto delito de asociación ilícita.

De este modo, la resolución de la Cámara coincidió con el pedido que habían hecho los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo cuando apelaron las decisiones de Bonadio. En cambio atendió, aunque mínimamente, sus solicitudes respecto de Valenti.

Es que si bien revocaron la falta de mérito del ex gerente de Impsa, como lo había hecho Bonadio, los integrantes de la Cámara decretaron su procesamiento sin prisión preventiva (al igual que Pescarmona, declaró como “arrepentido”) como partícipe necesario en aquellos 13 episodios de cohecho: fue, en otras palabras, quien por indicación de Pescarmona pagó las coimas.

Los fiscales habían pedido una medida más dura. Además de cuestionar la falta de mérito dispuesta por Bonadio, solicitaron su procesamiento por los delitos de asociación ilícita y cohecho activo.

En los considerandos, la Cámara destacó que en este caso, como en el de otros poderosos empresarios investigados, “fueron los mismos titulares de las empresas quienes reconocieron diversos pagos”.