Foto:
El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús, ha vuelto a insistir con un proyecto de ley que pretende gravar con un 100% el precio de venta de los cigarrillos en Mendoza. El argumento es utilizar este gravamen como una política para desestimular el consumo de tabaco y, los recursos que se obtengan, destinarlos a un fondo específico en el área de la salud. Según Tanús, se podrían recaudar caso 600 millones de pesos anuales.
Todos debemos coincidir en que es necesario desestimular el consumo de tabaco pero para conseguir este objetivo habría que tomar una serie de decisiones que actúen en forma coordinada porque, de lo contrario, es un esfuerzo perdido. Mucho más si se quiere crear un impuesto local, que puede significar un gran fiasco o una cacería de brujas.
En primer lugar, hay que recordar que a nivel nacional se sancionó la Ley antitabaco, surgida de una iniciativa de la diputada nacional porteña del PRO, Paula Bertol. Esta ley ya la analizamos aquí mismo y dijimos que era incompleta ya que sólo contemplaba la prohibición de fumar en lugares públicos cerrados, pero no incluía aumentar los impuestos que gravan su consumo.
El precio de los cigarrillos es muy barato en Argentina porque los impuestos son benignos. Además, hace 8 años el Gobierno nacional hizo un acuerdo con las tabacaleras para asegurar un ingreso mínimo de impuestos al Estado, que para este año debería alcanzar la suma de 4.500 millones de pesos. Además, los cigarrillos tienen un precio fijo, acordado con el Estado nacional, ya que el 70% del precio de un atado son impuestos y los que venden por encima de esos precios son considerados sujetos pasivos de fraude fiscal.
No obstante, contra esta decisión del gobierno, unas 10 cooperativas tabacaleras de Salta y Jujuy interpusieron una acción de amparo, que aún no se resuelve, por la cual no pagan impuestos. Esto hace que, mientras un atado de cigarrillos de primera marca se vende a 10, 11 pesos, los productos de estas cooperativas no cuestan más de $ 4.
El mercado está distorsionado y un impuesto provincial de esta naturaleza agravaría las distorsiones. Si estas cooperativas consiguieron no pagar impuestos nacionales, seguramente se las arreglarán para burlar una norma provincial. Es que la iniciativa de Tanús debería estar incluida en una norma nacional, ya que quienes depositan el impuesto son las empresas fabricantes que venden en el país. Agregar un impuesto de esta naturaleza sólo desviaría facturación.
Problemas de control
El legislador mendocino dijo que “el impuesto lo pagarán los consumidores. En realidad siempre lo pagan los consumidores. Pero los que compran se lo pagan al quiosquero. ¿Serán ellos los responsables de depositar el impuesto? En Mendoza opera en forma directa una sola tabacalera y el resto lo hace a través de distribuidores y mayoristas. ¿Pueden ser ellos los responsables?
La verdad es que con una tasa de impuesto tan alta y la poca probabilidad de control, la tasa de premio por burlar la ley es demasiado atractiva. No se sabe cómo hará el gobierno provincial para controlar el ingreso de cigarrillos a la provincia, si estos fueran comprados en provincias vecinas. Cabe recordar que en nuestro país la Constitución garantiza el libre tránsito de mercadería por todas las provincias y no existen aduanas interiores.
Cuando algunos municipios quisieron cobran una tasa por la venta de bebidas alcohólicas, la Justicia anuló dichas medidas porque se interpretaba que se estaban estableciendo aduanas interiores, algo que está prohibido expresamente por la Constitución nacional.
Cuando uno ahonda acerca de los métodos para cobrar el impuesto y controlar el cumplimiento de la norma se da cuenta de que sería imposible. Si se sanciona la ley se habrá creado en la Legislatura un mercado negro de venta de cigarrillos.
Por otra parte, justo es decirlo, las estimaciones de ingresos por el supuesto impuesto hechas por Jorge Tanús son tan altas que uno infiere que no cree que vaya a disminuir el consumo, con lo cual la iniciativa parece más de tipo fiscalista aunque teñida de argumentos de salubridad.
Además, el mercado negro será tan grande que el gobierno corre el peligro no sólo de recaudar mucho menos por este impuesto sino que se caería la recaudación de ingresos brutos por este concepto. Así habrá fabricado nuevos enemigos a los cuales perseguir por el solo hecho de inventar un impuesto absolutamente ilógico
En rigor de verdad, la única solución sería que el legislador acordara una estrategia con legisladores nacionales para que saliera por ley nacional un gravamen específico, el cual arrimaría muchos más recursos al fisco nacional, que en este momento los necesita. Pero, claro, chocaría con otros intereses. El gobierno nacional destina unos 800 millones de pesos anuales al Fondo Especial del Tabaco, que se reparte entre varias provincias.
Habría que terminar con la hipocresía. No se puede estimular la producción de tabaco y después perseguir a los fumadores como asesinos seriales, cuando estos son enfermos dependientes de una droga legal autorizada por el Estado. Sería lógico terminar con estos estímulos y aplicar un gravamen importante que duplique el precio, siendo todas las tabacaleras, sin excepción, las responsables de ingresar el tributo.
