La decisión del Gobierno de Mendoza de iniciar el camino para reconocer la autonomía municipal merece ser acompañada. No solo porque viene a ponerse al día con una deuda institucional de mucho tiempo, sino porque abre una puerta mucho más importante: la posibilidad de que cada departamento piense seriamente qué tipo de municipio necesita para los próximos años. El gobernador Alfredo Cornejo envió a la Legislatura un proyecto para incorporar la autonomía municipal para los 18 departamentos.
A veces estos debates parecen lejanos, reservados a dirigentes y especialistas. Pero en realidad tocan algo muy concreto: cómo se organiza el poder local, cómo se toman las decisiones, cómo se planifica el territorio y qué herramientas tendrá cada comunidad para enfrentar su futuro. La autonomía municipal, bien entendida, no es una discusión abstracta. Es la posibilidad de tener un Estado local más fuerte, más moderno, más participativo y más preparado para actuar según la realidad de su propio territorio.
Y si hay un departamento mendocino que necesita pensar este proceso con profundidad, ese es Malargüe.
Malargüe no enfrenta un tiempo común. Está, todavía a tiempo, ante dos grandes coyunturas críticas que pueden cambiar su destino. La primera es el comienzo de un ciclo de mayor desarrollo minero en Mendoza, con Malargüe ocupando un lugar central en esa dinámica. La segunda es el cambio de época que está produciendo la inteligencia artificial, que ya no es una promesa lejana sino una transformación real del trabajo, de la educación, de la gestión pública y de la competitividad de los territorios. Frente a esas dos fuerzas, seguir pensando el municipio con herramientas viejas sería un error estratégico. La autonomía municipal puede ser la ocasión para rediseñar una nueva institucionalidad local a la altura de lo que viene.
En Malargüe, la minería no debe ser vista solamente como una actividad económica más. Puede –y debe ser- una palanca para una etapa nueva, siempre que exista un municipio capaz de conducir, ordenar y negociar ese proceso con inteligencia. No alcanza con esperar inversiones. No alcanza con celebrar anuncios. Hace falta un Estado local con capacidad para planificar el crecimiento, ordenar el territorio, acompañar a los proveedores locales, cuidar el ambiente, fortalecer la infraestructura, escuchar a las comunidades y convertir una oportunidad económica en bienestar duradero para la población.
Ahí está el verdadero corazón del debate. La autonomía municipal no vale por sí sola. Vale si sirve para gobernar mejor. Vale si permite anticiparse a los problemas en lugar de correr detrás de ellos. Vale si ayuda a construir reglas más claras, mejores controles, instituciones más profesionales y una comunidad más involucrada en las decisiones de fondo. En una palabra: vale si ayuda a transformar poder formal en capacidad real de desarrollo. Ese desarrollo, además, no debería medirse solo en obras. Debería medirse en satisfacción de necesidades básicas, calidad de vida, arraigo, oportunidades para los jóvenes, educación, empleo, participación ciudadana y cohesión social.
Por eso, este no debe ser un debate encerrado en oficinas. La futura Carta Orgánica de Malargüe, cuando llegue su momento, no debería ser escrita como un asunto exclusivo de políticos y abogados. Tiene que ser una conversación amplia de toda la comunidad. De docentes, jóvenes, comerciantes, productores, referentes barriales, profesionales, empresarios, organizaciones sociales, iglesias, instituciones educativas, comunidades rurales, técnicos, trabajadores y vecinos comunes. Porque lo que se va a discutir no es un tecnicismo: es la arquitectura institucional con la que Malargüe va a intentar gobernar una nueva etapa histórica: el siglo XXI.
La pregunta de fondo es simple y decisiva: ¿qué municipio necesita Malargüe para atravesar con éxito el tiempo que viene? Necesita, seguramente, un municipio con más capacidad técnica. Con mejores sistemas de información. Con una administración más ágil. Con mecanismos modernos de participación. Con transparencia. Con planificación territorial seria. Con herramientas para articular con el sector privado sin perder el interés público. Con una mirada estratégica sobre los distritos y el campo. Con capacidad para incorporar innovación y aprovechar la inteligencia artificial en la gestión pública, la educación, la formación laboral y los servicios. Un municipio que no solo administre lo cotidiano, sino que piense el largo plazo.
Ese es el gran valor del proceso que ahora se abre en Mendoza. No obliga solo a cambiar una norma. Invita a discutir cómo queremos vivir, producir, educarnos, desarrollarnos y convivir en nuestros territorios durante las próximas décadas. En el caso de Malargüe, además, esa discusión llega en un momento justo. Llega antes de que los cambios nos pasen por encima. Llega cuando todavía es posible diseñar instituciones para el futuro, en lugar de improvisarlas en medio de la urgencia.
Por eso conviene mirar esta decisión provincial con una perspectiva más alta. No como una noticia del día. No como una disputa pasajera. No como una cuestión para entendidos. Sino como una oportunidad histórica.
Una oportunidad para que Mendoza modernice su vida municipal. Y una oportunidad para que Malargüe piense, con seriedad y con participación de toda su comunidad, qué Estado local necesita para convertir la minería, la innovación y la inteligencia artificial en Desarrollo humano integral. Ese debería ser el verdadero debate. Y ese debate nos tiene que incluir a todos.
* El autor es maestrando en Desarrollo Territorial.