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Francisco Pérez se encontró, luego de un año de gobierno, con el primer gran problema no heredado y con la primera gran oportunidad de elevar su gestión en la consideración de los mendocinos. Con las obras a medio hacer, la multinacional Vale anunció el lunes pasado que decidió paralizar el proyecto Potasio Río Colorado, la más grande inversión extranjera en el país, de la que dependen directamente más de 5.000 trabajadores, la gran mayoría mendocinos.
No está de más caracterizar brevemente lo que estamos hablando: se trata de la construcción de una mina en Malargüe para extraer sales de potasio y de una serie de obras adicionales aun más costosas: el trazado de un ferrocarril hasta Bahía Blanca para sacar el mineral al mar y exportarlo, el levantamiento de una terminal portuaria en esa ciudad, el tendido de una línea eléctrica y la construcción de un gasoducto desde Neuquén para alimentar la mina.
Todo el paquete fue valuado en 2009, cuando arrancó la relación contractual con Vale, en 6.000 millones de dólares, pero ahora la empresa dice que los costos se elevaron a más de 10.000 millones de dólares.
Pérez tiene este problema en sus manos desde principios de enero, cuando la minera dio indicios de retirada al no retomar las actividades en Malargüe y comenzaron las protestas de los trabajadores sureños.
Desde ese momento, el tema fue manejado por la Casa Rosada, que intercedió ante el gobierno brasileño para evitar que Vale hiciera lo que anunció este lunes. Ni Cristina Kirchner ni Dilma Rousseff lograron cambiar la decisión de la empresa.
Hay muchos críticos de los pasos que dio el Gobernador en estos dos meses, algunos creen que no tomó el toro por las astas y que delegó todo en la Casa Rosada, que tampoco mostró firmeza y reflejos. Pero tras la catastrófica noticia de la suspensión "provisoria" del plan de inversión, incluso los opositores más férreos del kirchnerismo, como varios legisladores nacionales de la UCR, el PD y el PJ disidente, ofrecieron colaboración para destrabar el entuerto, algo que no es nada sencillo. Al menos a través de comunicados de prensa, los opositores se pusieron al servicio de Pérez, aunque también pidieron que los principales funcionarios nacionales asistan al Congreso a dar explicaciones, algo que se sabe no harán.
Los escenarios
En la Casa de Gobierno mendocina analizan tres escenarios posibles, de los cuales el peor de todos es la salida de Vale de forma "destemplada" e "inconsulta", que equivaldría a desandar un largo proceso administrativo y judicial tendiente a poder quitarle la concesión de la mina, que no haría más que paralizar por años el importante emprendimiento ya que con pleitos de por medio, la Provincia no podría llamar a una nueva licitación ni la Nación podría ofrecer el negocio a otros inversores. Todo esto es lo que por estas horas se está buscando evitar. Para ello, la Rosada junto con Mendoza y las otras provincias involucradas salieron en conjunto a meter presión extrema a Vale.
"Ustedes no se pueden ir de un día para el otro dejando un tendal de desocupados y encima pretendiendo que les guardemos la concesión hasta que se les antoje volver", fue el mensaje que primero en privado y luego en público transmitieron los ministros de Cristina Kirchner a los empresarios brasileños.
El punto es que si Vale no se aviene a un acuerdo de desinversión totalmente consensuado con las autoridades argentinas, que despejaría el camino para que ambos o por separado busquen un nuevo inversor, las dos partes saldrán perdiendo. El país y Mendoza, por la parálisis de la obra y la no explotación de la misma, y la multinacional por la posible pérdida de activos -como la quita de la concesión de la terminal portuaria de Bahía Blanca, algo de más fácil ejecución que la reversión del yacimiento- que arruinaría su intención de vender el proyecto para poder recuperar la plata invertida y subsanar sus delicadas finanzas.
Los menos optimistas señalan que este primer escenario de pelea judicial podría empeorarse por el hecho de que las condiciones macroeconómicas del país y algunas medidas del Gobierno nacional no han hecho más que conspirar a la hora de buscar socios extranjeros para grandes negocios.
"¿Quién va a querer venir?", se preguntan. Ponen como ejemplo los escasos avances de la nueva YPF, que ya lleva casi un año en manos del Estado y no logra poner en marcha la exploración de hidrocarburo no convencional en Vaca Muerta.
Sin embargo, algunos economistas creen que no pasará más de un año para que la Argentina realice una devaluación de su moneda, lo que podría abrir las chances para que alguna gran minera se interese en el negocio nuevamente (por ahora todo el mundo niega en el Gobierno nacional una devaluación ya que significaría una espiral inflacionaria muy aguda).
El segundo escenario en rigor no está en la mente de nadie por ahora: la expropiación de los activos de Vale, que ya invirtió más de 2.000 millones de dólares. El motivo es obvio: la Nación no está en condiciones de pagar un resarcimiento de esa escala.
Por eso las fichas están puestas hoy en un tercer escenario en el que Vale y la Argentina lleguen a un acuerdo para que las dos partes ganen. ¿Cómo sería esto? La multinacional debería pagar por un año los salarios de los 5.000 trabajadores y presentar un plan de desinversión -que debe aprobar Mendoza, ya que la Provincia es autoridad de aplicación- para poder así salir a ofrecer el megaproyecto por el mundo. Vale podría vender sus activos y el país y la Provincia podrían seguir adelante con el emprendimiento. El costo que debería enfrentar la multinacional no superaría los 150 millones de dólares, una cifra pequeña -señalan en el kirchnerismo- si se la compara con la posibilidad de no recuperar nunca los 2.000 millones de dólares que ya invirtieron.
Sobre todo esto habrá noticias esta mañana cuando, a las 10, el gobernador Pérez asista al Ministerio de Trabajo nacional y se reúna con Sergio Leite, el presidente en la Argentina de la multinacional. El miércoles, el empresario brasileño pidió 48 horas cuando la Nación y las provincias le pusieron el cuchillo en la panza y lo amenazaron con quitarle concesiones y trabar toda posibilidad de que Vale pueda vender sus activos.
Si este particular estilo de negociación kirchnerista da resultados, la multinacional aceptará pagar los jornales de los trabajadores durante un año y avenirse a consensuar con Mendoza un plan de desinversión que facilite su salida y la entrada de un nuevo actor internacional. Pero si las respuestas que llevará hoy Leite a los funcionarios K no son las esperadas, ambas partes comenzarán a transitar el peor de los escenarios y el megaproyecto quedará estancado.
La suerte del gobierno de Pérez y de la Provincia se está jugando por estas horas. La incógnita no es si Potasio Río Colorado continuará "con o sin Vale", como aseguró el Gobernador, si no directamente si continuará.