Foto:
El dato pasó desapercibido en el medio de la polémica que generó la noticia conocida el miércoles de que los intendentes podrán recibir ayuda financiera directa -es decir sin intermediación de los gobernadores- del Gobierno nacional en un año electoral en el cual el oficialismo se juega la chance de permanecer más allá de 2015 en el poder.
La resolución 13 de la Jefatura de Gabinete, que se publicó esta semana en el Boletín Oficial, establece el procedimiento que deberán seguir los municipios que quieran plata fresca para equilibrar sus cuentas y alude a uno de los últimos decretos de necesidad y urgencia (DNU) que firmó la presidenta Cristina Fernández el año pasado en el cual se dispone el salvataje para los caciques territoriales (para lo cual se pide prestado más recursos al Banco Central, transformado ya en un barril sin fondo desde donde se saca plata).
Lo que se perdió de vista en esta polémica es que dicho DNU fue rubricado por la Presidenta y todos sus ministros el 27 de diciembre, es decir 7 días después de los saqueos en la ciudad de Bariloche que provocaran una crisis política nacional al extenderse al conurbano bonaerense y a Rosario (el saldo fueron dos muertos y más de 500 detenidos y, políticamente, más tensión del kirchnerismo con el peronismo opositor).
Hasta que estos saqueos se produjeron, el Gobierno nacional usaba los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) en cuenta gotas (tomando como referencia los dos últimos años) para asistir a los municipios con problemas y prefería "bajar" a las provincias diferentes programas para que la ayuda sea tangible para los vecinos. Incluso en 2012 la Casa Rosada acaparó todas las fuentes de financiamiento inter sector público para sí (Anses y Banco Central, básicamente) y hasta impidió que el Banco Nación prestara dinero a las provincias (caso Mendoza). Además, bajó el ritmo de los envíos de fondos a los distritos, por lo que en la práctica trasladó el ajuste a gobernadores e intendentes.
Pero los hechos de diciembre último pusieron de relieve que muchos intendentes -principalmente oficialistas- no tenían espaldas para poder enfrentar situaciones de conflictividad social que daban cuenta de cierto fracaso de las políticas sociales, por lo que era preciso acelerar los tiempos que demanda la ayuda financiera interestatal para hacerse efectiva a fin de enfrentar un contexto de urgencias.
La Presidenta descubrió en los últimos días de diciembre que corría con un costo político muy alto debido a que la situación de vulnerabilidad política de algunos caciques territoriales se trasladaba inmediatamente hacia arriba, es decir, hacia la Casa Rosada, producto de una de las características fundamentales de los gobiernos del kirchnerismo: la centralización de recursos y de toma de decisiones.
De este modo, el kirchnerismo "institucionalizó" -esta vez con excusa de la descentralización- una vez más una situación de "emergencia" para poder saltear incluso hasta a los gobiernos provinciales y actuar directamente sobre el territorio.
Como suele hacer, el oficialismo le encontró la vuelta a un contexto desfavorable -marcado por el deterioro de las cuentas de municipios y provincias- para intentar volcar las cosas a su favor.
¿Qué mejor que negociar directamente con los barones del conurbano y de las grandes ciudades del interior, mientras se "emprolijan" las cuentas municipales, para "fidelizar" el alineamiento de estos con un proyecto nacional que sólo acepta el liderazgo de Cristina Fernández?
La lealtad de los barones del conurbano es una obsesión de la Casa Rosada porque la Presidenta no desea que se repita la "traición" de 2009 cuando muchos jefes comunales traccionaron votos para Francisco De Narváez, verdugo en aquella elección del propio Néstor Kirchner.
Es paradojal que el argumento para mandar fondos a los municipios sea la "descentralización" ya que, como dijimos, el ciclo del kirchnerismo en el poder se caracteriza por una híper-concentración de recursos fiscales y también por el reparto de fondos a provincias y municipios por afuera del sistema de coparticipación federal (transferencias automáticas), es decir de manera discrecional. Pero convengamos que la excusa es perfecta para justificar el salto de los gobiernos provinciales, que hasta ahora eran los encargados de avalar el pedido de fondos frescos que formulaban los intendentes.
Además, esta "descentralización" permitirá a la Presidenta neutralizar los movimientos electorales de algunos de sus rivales dentro del peronismo, como Daniel Scioli y José Manuel de la Sota, y de los opositores que están al frente de alguna provincia como Santa Fe o Corrientes.
Esta intervención del Gobierno nacional directamente sobre los municipios es uno de los ejes de la estrategia electoral K, por eso es que en octubre de 2012 la Presidenta lanzó el plan "Más Cerca, Más Municipios" por el cual el Tesoro financiará pequeñas obras a los intendentes amigos de la Casa Rosada.
Recordemos que cuando en noviembre último viajaron los jefes comunales mendocinos a un encuentro con el ministro de Planificación, Julio De Vido, fueron expresamente sacados de la lista los que responden al radicalismo, a excepción del filo kirchnerista Víctor Fayad. Por eso es que estos mismos intendentes radicales "discriminados" no se hacen ilusiones con recibir un peso de los que están reservados para que las comunas equilibren sus cuentas.
En esta construcción del poder el kirchnerismo demuestra astucia para aprovechar cada situación, incluso desfavorable, para encolumnar a sus dirigentes territoriales, que manejan 20 de los 24 distritos electorales y más del 60% de los municipios.
Cuando el país inició su ciclo de bonanza, allá por 2003 y hasta 2007, era común que se hablara de cooptación de dirigentes opositores que, seducidos por los éxitos de Néstor Kirchner y las arcas frondosas sobre las que éste descansaba, daban el salto al oficialismo (caso radicales K). Hoy, con un contexto muy diferente, el oficialismo logra "fidelizar" a los que están de su lado y neutralizar a sus adversarios. Primero les hace pagar -látigo en mano- el ajuste a todos durante el difícil 2012 y luego les manda fondos y obras en el inicio de un año electoral sólo a los leales.
Los economistas K, como el ex secretario de Política Económica y actual diputado Roberto Feletti, confían en que este año la economía de la Argentina mejorará sustancialmente respecto de 2012. Ésta es la condición sine qua non para que el armado político de la Casa Rosada, que hace foco esta vez en los municipios, funcione en las urnas. Porque si el repunte no se produce, la inflación sigue devorando el poder adquisitivo a la gente y la generación de trabajo no sale de su letargo; la ayuda directa -obras y plata- a los intendentes y la lealtad de estos frente a los comicios podría no darles resultados.
Ninguna construcción político-electoral puede perdurar en el tiempo si hay descontento social o, peor aún, conflictividad in crescendo. Los saqueos de fin de año pasado en Bariloche, Rosario y el populoso conurbano bonaerense, tienen explicación no sólo en las prácticas antidemocráticas que denunció la Presidenta sino también en una pauperización de la situación social que explota en la cara de los intendentes por ser estos los que tienen llegada directa a los vecinos.