En 1889 Leandro Alem expresó su resistencia en solitario a “la absorción de las autonomías locales por el poder central”. Con su frase profética “no hablo para la sala sino para la posteridad”, clausuraba una tradición política que hundía sus raíces en el independentismo español opuesto a la invasión napoleónica, y de la mano de Alberdi y Gorostiaga, propugnaba un auténtico federalismo para Argentina.
Ya en el siglo XX, Martínez de Estrada describió mejor que nadie las consecuencias: un cuerpo de David con cabeza de Goliat; un interior débil y una concentración hipertrofiada en Buenos Aires. Siguió un intento por trasladar la capital a Viedma; luego, la elección directa de la reforma constitucional de 1994, que lo agravó todo: reforzó todavía más la centralidad de Buenos Aires y la estructura de un país invertebrado.
La Argentina presente vive un nuevo giro, no tan planeado, pero no por eso menos radical. Para dimensionarlo, conviene entender el mundo: el orden internacional parece desplazarse de una lógica normativa hacia otra determinada por capacidades materiales y zonas de influencia; a su vez, dos son las demandas centrales: seguridad energética y alimentaria. Justo lo que tiene en abundancia la Argentina, y más precisamente su interior.
Nuestra economía en ese contexto se abre (para muchos paradójicamente, en un mundo que se cierra) y también se transforma. Entre los grandes ganadores del nuevo modelo están las provincias cordilleranas, titulares de los recursos mineros para la transición energética, como el cobre y el litio. Y las patagónicas, que albergan las reservas de petróleo y gas más prometedoras.
Los números son elocuentes: si se mira el mapa de inversión en Argentina, de 36 proyectos presentados en el RIGI por casi 93 mil millones de dólares, la gran mayoría se concentra en minería y en la región del NOA y Cuyo. Se espera que los de energía en la Patagonia (Neuquén principalmente) que vienen algo más demorados en el proceso, superen holgadamente esa cifra. A juzgar por el destino de la inversión, entonces, todo parece indicar que la localización territorial de los recursos puede alterar la estructura histórica del poder en Argentina.
Es una oportunidad histórica que exige, especialmente a las autoridades y burocracias provinciales, estar a la altura de las circunstancias, anticipándose al porvenir con astucia y algo de valentía. Porque ni más ni menos eso es el núcleo del federalismo, el de verdad: la descentralización, que implica hacerse cargo, asumir las riendas del propio destino.
Sobran dispositivos institucionales. Tal vez la mejor plataforma es el concepto de región, de rango constitucional. Provincias con geografía, geología y cultura comunes, se aglutinan para definir, a partir de la ventaja de sus recursos, lo que se necesita para su explotación conveniente y responsable: desde educación en todos los niveles, ligada a la actividad para favorecer el empleo, hasta el cuidado común del medio ambiente. En el medio, de todo, con la fortaleza que da esa identidad como proyecto.
Tal vez por primera vez el federalismo tiene la posibilidad cierta de pasar de la potencia al acto. De que el enunciado del primer artículo de la Constitución Nacional “forma representativa, republicana y federal de gobierno” sea el fundamento para la transformación argentina, como lo soñaron aquellos próceres. Y que Dios empiece a atender en todas partes.
* El autor es abogado. Fue Procurador del Tesoro de la Nación.