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La Universidad Nacional de Cuyo está a un paso de experimentar un cambio sustancial en la forma de elegir sus autoridades. Por primera vez, y en virtud del giro introducido en su estatuto, las mismas han surgido por elección directa de sus claustros.
Con ello la Universidad pública creada en 1939 por iniciativa de un selecto y activo grupo de mendocinos incluidos en la galaxia conservadora en los años de la Argentina de entreguerras, tracciona su historia institucional y se coloca en la estela de las universidades nacionales que desde hace tiempo abandonaron el procedimiento de elección indirecta que aún sobrevive en otras geografías universitarias.
La reforma electoral despertó voces entusiastas, y otras menos optimistas, aunque ninguna de ellas logró frenar el impulso oficial para remplazar el proceso de selección de autoridades vigente desde la recuperación democrática que enarboló la tradición reformista de 1918, y devolvió la autonomía al gobierno de la Universidad, infligiendo un punto de inflexión al largo ciclo de inestabilidad institucional e intervenciones que se prolongó hasta la última dictadura militar.
En aquella coyuntura, el llamado a concursos docentes se convirtió en piedra angular de la normalización de la vida institucional, y si bien dicho proceso dio lugar a la renovación de los cuerpos de profesores, ésta no resultó del todo efectiva para morigerar el peso de sus inercias históricas.
Aún así, el proceso de normalización que se cerró en 1986 con la reunión de la Asamblea que consagró al primer rector de la era democrática, abrió las puertas al esquema de gobierno que ha regido hasta hoy. Vale recordar que el sistema de elección aludido, rutinizado desde entonces, hacía descansar en entrenados grupos de universitarios, especialmente en la muy reducida planta de profesores efectivos o concursados, la conformación de los consejos directivos de cada facultad quienes erigían, en primera instancia, a los decanos y vicedecanos; en una segunda, por medio de la Asamblea universitaria, la elección de rector y vice-rector.
Las nuevas reglas electorales tuvieron su bautismo de fuego en la Asamblea universitaria que la dotó de legitimidad suficiente para impulsar el cambio institucional desde la cumbre del poder, y exigió la reglamentación de procedimientos con el doble destino de ponderar la representación proporcional de los claustros y propiciar la participación de las minorías en los consejos directivos u órganos colegiados.
Esta última novedad no constituye un dato menor en la elección de la autoridad ejecutiva ni menos aún en la conformación de los consejos en los que descansa, en última instancia, el gobierno de cada facultad y de la universidad en general. Allí ha de residir uno de los principales desafíos de la democratización en cuanto pone en tensión la naturaleza primordialmente corporativa de la institución universitaria, y la naturaleza deliberativa de la democracia representativa que, según se sabe, eleva a un primer plano el papel del consenso en detrimento de maquinarias unanimistas, y del influyente peso de los rectores y decanos en el proceso de toma de decisiones.
Naturalmente, el proceso electoral que hoy moviliza a la completa comunidad universitaria no elude poner en agenda otros desafíos tanto o más importantes. Luego de una década en la que las universidades públicas asistieron al engrosamiento sustancial de sus presupuestos, programas, carreras, plantas de personal, edificios, becas, entre otros estímulos igualmente relevantes, asiste a un panorama poco alentador en relación al fracaso académico de sus estudiantes o de su migración a otras universidades.
Aunque se acepte que las razones que gravitan en el actual diagnóstico no son competencia exclusiva de las dirigencias universitarias, ha de exigir al nuevo elenco de autoridades poner en marcha una batería de reformas e instrumentos eficaces con el firme propósito de recuperar el objetivo de la universidad pública argentina, éste es, el de reactualizar el vínculo con la sociedad y el Estado que la sostiene, haciendo de la excelencia académica y de aprendizajes significativos el zócalo primordial del contrato pedagógico. En última instancia, sólo ese binomio virtuoso hará posible restablecer la especificidad del compromiso social de los universitarios, más allá de las rutilantes retóricas que hoy pueblan el proceso electoral.