El Programa Nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la Administración de Justicia (Adajus) "aconseja" a la Justicia mendocina que el israelí Gil Pereg sea internado en un hospital psiquiátrico.
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El Programa Nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la Administración de Justicia (Adajus) "aconseja" a la Justicia mendocina que el israelí Gil Pereg sea internado en un hospital psiquiátrico.
El organismo dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a través de un documento firmado por su coordinadora, Mabel Aurora Remón, sostiene que el penal San Felipe no cuenta con las condiciones para tener alojado a un interno "de acuerdo a su padecimiento".
La intervención de Adajus fue solicitada por los abogados del estudio Legrand -Maximiliano Legrand, Lautaro Brachetta y Marcos Segovia- y la respuesta ya está en poder de Sebastián Sarmiento, quien actúa como juez de Garantías del proceso.
"Es un antecedente importante ya que son equipos especializados, interdisciplinarios, los que dicen que Gil Pereg debe ser internado", afirmó Maximiliano Legrand.
El 19 de septiembre pasado, un equipo técnico interdisciplinario -la psicóloga Russo, la abogada Patricia Cáceres y el funcionario Eduardo Soto- entrevistaron a Gil Pereg en su celda del complejo penitenciario San Felipe.
De esa entrevista, el equipo de Adajus concluyó que el interno “no estaría recibiendo en San Felipe las condiciones sanitarias necesarias de acuerdo a su padecimiento”.
Frente a esta situación "se aconseja el traslado del señor Gil Pereg a un hospital penitenciario para pacientes psiquiátricos que le permitiera recibir el adecuado cumplimiento en base a los tratamientos aconsejados", dice el documento al que accedió Los Andes.
El hospital en cuestión deberá contar "con psiquiatra, psicólogo y enfermeros especializados en pacientes mentales en forma permanente".
El Adajus -explica el escrito- es una oficina creada para facilitar el acceso a la Justicia a personas con discapacidad, en igualdad de condiciones que cualquier ciudadano, y para dar cumplimiento al artículo 13 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPCD).
El artículo en cuestión establece esta igualdad "para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de personas como participantes directos o indirectos", incluidos los testigos, "en todos los procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa de investigación".
Se trata de una forma de reforzar la garantía del debido proceso, incluida en la Convención de Derechos Humanos.
En respuesta a un hábeas corpus, el juez Sarmiento determinó que debe buscarse un lugar adecuado que no sea el penal pero que debe ser decidido por las autoridades penitenciarias.
Lo cierto es que en Mendoza no existe una cárcel con un pabellón psiquiátrico. Por eso la defensa sostiene que el mejor lugar sería el penal de Ezeiza, en Buenos Aires.