Con mucho ruido en las provincias vecinas y un silencio casi sepulcral en Mendoza, estamos frente a lo podría ser la última batalla en torno a la promoción industrial que desde hace más de 30 años favorece a La Rioja, Catamarca, San Luis y San Juan. Si antes del 31 de diciembre la Casa Rosada no emite alguna norma nueva o firma con los gobernadores de las mencionadas provincias un acta-acuerdo para instrumentar el polémico decreto 699/2010 de Cristina Fernández de Kirchner, por el cual se llevó el régimen de beneficios impositivos hasta 2027, la promoción industrial, tal como se la conoce desde el último gobierno militar, dejará de existir (sólo un puñado de fábricas tendrán pocos beneficios un año más).
En este contexto, las centrales obreras de las provincias promocionadas se están moviendo con más énfasis que los gobiernos de las mismas para intentar sostener el sistema a fin de conservar unos 40 mil puestos de trabajo.
En Buenos Aires y en Mendoza todos coinciden -lo dicen en voz baja, por supuesto- en que el Ministerio de Industria de la Nación, conducido por Débora Giorgi, dejará caer el sistema de promoción industrial. El diagnóstico se basa en una serie de hechos contundentes: desde marzo, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto la medida cautelar del juzgado federal de San Rafael solicitada por la Cámara de Comercio de ese departamento, que frenó el decreto por casi dos años, la Presidenta y los gobernadores podrían haber firmado los convenios para poner en marcha el mencionado decreto. Sin embargo, esto no sucedió y no hay indicios de que vaya a suceder, dicen los observadores. Infructuosamente, hasta ahora, los gobernadores de las provincias vecinas vienen buscando una reunión urgente con la Presidenta para torcer lo que pareciera va a suceder.
El decreto 699/2010 fue firmado por Cristina Fernández para beneficiar sobre todo a La Rioja, pero alcanzó a las otras tres provincias. El mismo tiene dos partes. La primera (artículo 1°) extendía por dos años, hasta fin de este 2012, los beneficios de la ley de la dictadura N° 20.021, que vencían en 2010, tomando como base impositiva lo que las fábricas habían descontado del pago de IVA y Ganancias en 2009.
La segunda parte (artículo 5 y 10), aún más importante, es que permitía a las empresas acogidas al régimen de promoción hacer ampliaciones y tomar nuevos beneficios, por 15 años más aunque, en este caso, sólo se le permitía exenciones impositivas no mayores al 40% del costo de la masa salarial de cada emprendimiento. Tanto la primera parte del decreto como la segunda tienen como fecha límite para su aplicación, escrita en la misma norma, el 31 de diciembre de este año. Por eso la preocupación en San Juan, Catamarca, La Rioja y San Luis.
El clima en estas provincias es casi épico. Las CGT regionales ya se reunieron con el líder de la CGT oficialista, Antonio Caló, para solicitarle reuniones con el más alto nivel de la Casa Rosada. Caló le llevó el tema a los ministros de Cristina Fernández en su última visita al Ejecutivo y tiene previsto reunirse con los sindicalistas riojanos, catamarqueños, puntanos y sanjuaninos el próximo martes 11 en Buenos Aires.
Estos dirigentes provinciales están dispuestos a hacer aquello que los gobernadores de sus provincias, que tienen una relación de subordinación con el Gobierno nacional tanto fiscal como política, no se atreven o no pueden hacer. El temor a las reprimendas de la Presidenta es tal que los gobernadores dejaron que el emisario de la bronca sea exclusivamente el diputado nacional Jorge Yoma, un líbero dentro del Frente para la Victoria, quien esta semana acusó de mentirosos a los funcionarios de Industria y Economía. "Hay un limbo jurídico porque el decreto 699 no se aplica pero tampoco se derogó", sostuvo Yoma a este diario, enojadísimo.
En este contexto, las CGT regionales ya avisaron que si el 17 del corriente no tienen novedades positivas, el 18 saldrán a las rutas a hacer piquetes e incluso se baraja la posibilidad de "aislar" a Mendoza, ya que entienden que fue la acción de los gobernantes y empresarios mendocinos la que hizo naufragar el decreto de 2010.
Pero la división de la CGT en dos centrales, la kirchnerista de Caló y la opositora de Hugo Moyano, mete la cola en este conflicto. Esto se observa en las provincias promocionadas: en La Rioja, la CGT responde al camionero y es la que tiene decidido cortar rutas, si fuera necesario. En San Juan, la central obrera tiene estrecha relación con el gobernador José Luis Gioja, quien pretende mantener incólume su alianza con Cristina Fernández y evita el conflicto público con el kirchnerismo.
El supuesto éxito de Mendoza en esta pelea histórica y su responsabilidad en la caída de la vieja promoción industrial es discutible. Recordemos que el ex gobernador Celso Jaque presentó una demanda en la Corte nacional y luego la retiró porque la Rosada le prometió incluir a nuestra provincia en el régimen de promoción (si no puedes con ellos, úneteles fue el lema de Jaque), pero esto tampoco terminó por concretarse y, encima, la Corte dejó sin efecto la cautelar conseguida por la Cámara de Comercio sanrafaelina.
Según varias fuentes, lo que habría pesado más en el actual escenario es la opinión de Giorgi y del Ministerio de Economía sobre el costo de mantener por quince años más la promoción, cifra que algunos calculan en 8.000 millones de pesos anuales, aunque podría estar sobreestimada. La sintonía fina del segundo gobierno de Cristina Fernández sería, entonces, la explicación más adecuada (término que muchos usan para no hablar de ajustes).
Sin embargo, en Mendoza todos consideran que no hay que cantar victoria todavía. Recuerdan que algunos antiguos decretos por los cuales se extendió la promoción o se ampliaron los beneficios, salieron a fin de año, dejando en off-side a gobernadores y legisladores mendocinos. Por eso, los días venideros serán una verdadera guerra de nervios.
Para evitar que el clima de belicosidad en las provincias vecinas termine obligando a la Nación a conceder al menos la prórroga de dos años que fijaba la primera parte del decreto 699/2010, en Mendoza algunos legisladores K buscan reunirse con sus pares de las provincias que están a punto de perder la promoción para consensuar alguna ley que dé algún tipo de ayuda a todas las economías regionales extra-pampeanas, que son las que por el tipo de cambio y la inflación perdieron competitividad y pasan por un momento complicado.
"No queremos que se fundan fábricas", reconoció un legislador del PJ mendocino que trabaja en la puesta en marcha de esta mesa política. En rigor, se trata de reflotar un espacio de diálogo que el gobernador Francisco "Paco" Pérez abrió a principios de año con sus pares José Luis Gioja (San Juan) y Luis Beder Herrera (La Rioja) para negociar una salida de la promoción que beneficie a todas las provincias, haciendo foco en las necesidades puntuales de cada cadena de producción.
La salida que ofrecen en la Casa Rosada es promocionar "industria por industria". Esto es lo que algunos funcionarios prometieron a los gobernadores hace un año, aunque no está escrito en ningún papel.
La débil promesa no convence a nadie, ni siquiera a los mendocinos que podrían tener algunas fábricas con beneficios fiscales, sencillamente porque se pasaría de un régimen legal de quince años y para toda una región, en el cual las provincias son la autoridad de aplicación y trabajan codo a codo con sus empresarios, a uno donde todo se decidirá en un despacho, en Buenos Aires.
La discrecionalidad, a la que es tan afecta el kirchnerismo, será así el patrón de conducta y la excepcionalidad será la regla general por la cual se decidirá premiar a un empresario o reprender a otro.
