El gobierno de Donald Trump se encontraba ante la perspectiva concreta de una nueva batalla legal por su nuevo decreto anti inmigración, que ya desató la ira del gobierno de Venezuela acusando a Washington de "terrorismo psicológico".
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El gobierno de Donald Trump se encontraba ante la perspectiva concreta de una nueva batalla legal por su nuevo decreto anti inmigración, que ya desató la ira del gobierno de Venezuela acusando a Washington de "terrorismo psicológico".
La Casa Blanca sorprendió al divulgar un nuevo decreto de Trump cerrando las puertas del país a ciudadanos de ocho naciones, después de dos tentativas -hasta ahora frustradas- de impedir el ingreso de “terroristas” al país.
En la nueva lista divulgada, la casa Blanca removió a Sudán, que figuraba en los dos decretos anteriores, pero añadió a Corea del Norte y a Venezuela, aunque en el caso del país sudamericano solamente afecta a determinados funcionarios públicos.
De acuerdo con el nuevo decreto, Venezuela “no coopera” con Estados Unidos en la verificación de antecedentes y potencial peligrosidad de sus propios ciudadanos, y por ello una lista de responsables gubernamentales tienen prohibido ingresar a territorio estadounidense.
"Terrorismo psicológico"
En respuesta, la cancillería venezolana denunció ayer que esas listas de países elaboradas por Washington “son incompatibles con el derecho internacional y constituyen en sí mismas una forma de terrorismo psicológico y político”.
“Como pueblo libre que somos estamos dispuestos a defender nuestra soberanía, nuestra independencia y nuestra democracia en cualquier escenario y bajo cualquier modalidad”, dijo el canciller Jorge Arreaza en su discurso ante la asamblea general de la ONU, que culminó ayer.
“Insisto, si nos atacan en el campo que sea, responderemos con fuerza en la defensa de nuestra patria y de nuestro pueblo en el campo que sea”, aseveró poco después en breves.
El decreto del presidente Donald Trump restringe el ingreso a Estados Unidos de funcionarios de una larga lista de entidades del gobierno venezolano y a sus familiares.
"Las sanciones del gobierno de Estados Unidos son un trofeo. Que nos sancione el imperio yanqui lo tomamos como el máximo reconocimiento a nuestras luchas históricas", señaló a periodistas el vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami en declaraciones a la prensa.
El decreto determina además la suspensión total del ingreso de ciudadanos de Chad, Corea del Norte, Libia, Siria, Somalia y Yemen.
En el caso de Irán, se suspende el ingreso de ciudadanos a excepción de aquellos que ya posean una visa de estudiante o sean parte de un programa de intercambio.
Ayer, sin embargo, diversos analistas y grupos no gubernamentales apuntaron que, aunque este nuevo decreto haya incluido a Venezuela y a Corea del Norte, el espíritu del decreto sigue siendo claramente antimusulmán.
"Seis países de esa lista son islámicos. El hecho de que haya agregado a Corea del Norte, que envía un número insignificante de viajeros, y algunos funcionarios de Venezuela, no esconde la realidad de que este decreto prolonga el veto a musulmanes", dijo Anthony Romero, director de la Unión de Libertades Civiles (ACLU).
Becca Heller, del Proyecto Internacional de Apoyo a los Refugiados, opinó lo mismo: "Sigue siendo una exclusión de musulmanes", dijo.
Para el Centro Legal de Inmigración, una entidad que protege migrantes, “el añadido de Venezuela a la lista de los países afectados no elimina el carácter odioso y xenófobo de la política de Trump”.
Para el abogado Justin Cox, del Centro Legal de Inmigración, Trump "está básicamente reescribiendo la legislación migratoria, por completo".
Si el presidente puede vetar indefinidamente el ingreso de ciudadanos de determinados países, “puede vetar indefinidamente el ingreso de trabajadores, puede vetar mexicanos, básicamente puede hacer lo que quiera”, criticó el experto. Más allá de las reacciones externas, el nuevo decreto complica todavía más el ya difícil enredo jurídico existente.
La Suprema Corte estadounidense aún se encuentra en medio del proceso para decidir sobre la constitucionalidad del decreto anterior, que expiró el domingo y que fue apenas parcialmente retomado en la nueva versión.