Si algo preocupaba del 8N al gobierno de Francisco Pérez era que el inevitable y esperado nuevo gesto de descontento hacia la administración de Cristina Fernández tuviera un claro direccionamiento hacia el gobernador. Que el cacerolazo incluyera una “bajada local” que salpicara la gestión, y que aunque fuera “a la mendocina” -es decir, sin exabruptos ni desmanes-, complicara sus planes inmediatos: especialmente la dificultosa tarea de imponer el debate por la reforma constitucional y, con ella, su intento de reelección.
El peor de los vaticinios se cumplió ya que no sólo hubo un capítulo especial de los caceroleros hacia Pérez, sino que tras la pacífica protesta cuyos cálculos superaron los 20 mil asistentes, más de 10 mil personas emprendieron el lento y breve peregrinaje desde el microcentro hasta la explanada de Casa de Gobierno.
Como para dejar en claro que la advertencia -repetida- parece no admitir mayores distracciones para el oficialismo y en especial para quien lo conduce: el propio gobernador. Es más, y para dejar bien sentado de qué se trata el malhumor, sólo vale mencionar que esta vez los que le achacaron a la gestión local algunas cuantas cosas que lo acercan al Gobierno nacional, duplicaron a los que habían marchado hasta el Centro Cívico en el primer cacerolazo, el del 13S.
Así las cosas, y con un Pérez ausente, lejano y comandando la misión comercial a China, y con el vice Carlos Ciurca en Buenos Aires, el primer análisis quedó a cargo del ministro de Trabajo, Justicia y Gobierno, Félix González.
Masticando bronca y con el ánimo destemplado, el ministro político repitió la fórmula de que “el gobierno toma nota” de la protesta, pero casi inmediatamente intentó usar los reclamos para fogonear la reforma de la Constitución provincial, al sugerir que si llegara a concretarse, allí habría mecanismos de democracia semidirecta como la revocatoria de mandato, la consulta popular o el plebiscito que permitirían que los descontentos pudieran canalizar su bronca sin necesidad de tanto caceroleo. Una buena chicana que, al margen de eludir la cuestión de fondo (es decir por qué los mendocinos cuestionan también a su gobierno en un contexto de queja nacional) revela que las frases de ocasión tras el primer cacerolazo fueron sólo eso. Nada cambió desde entonces.
Por el contrario, el proyecto de modificación de la Carta Magna local cobró más impulso, el clima político se enrareció, el diálogo con la oposición está virtualmente roto y hasta hubo sospechas y denuncias cruzadas de “compra de voluntades” en pos de asegurar votaciones en la Legislatura. Nada muy diferente de lo que pasa a nivel nacional.
Pese a esto, el oficialismo está dispuesto a seguir a fondo con su estrategia de discutir la reforma constitucional ya que hasta el momento ha sido toda ganancia para él. No sólo ha puesto en agenda un asunto extra gestión (a menudo incómoda, donde el sayo siempre le cae al que gobierna y donde ciertamente, Pérez tiene poco para mostrar), sino que también ha logrado embretar al radicalismo, especialmente desde que “consiguió” un legislador que podría asegurarle que el Senado vote favorablemente su proyecto. A su vez, ha disciplinado al PJ con la idea de que Pérez no es un gobernador que día a día pierde poder sino que, por el contrario, podría seguir ejerciéndolo incluso por cuatro años más, lo que ha congelado la pelea interna por la sucesión.
Lo cierto es que en ese contexto, y en especial después del 8N, se abre para Pérez (y para todos aquellos que han hecho en Mendoza profesión de fe ciega hacia el kirchnerismo) una encrucijada cada vez más decisiva. Está claro que la mala onda parece ser una constante en aumento, que el propio gobierno nacional se encarga de alimentar a través de la impopularidad de medidas como los diversos cepos cambiarios, o la inexplicable negativa a modificar el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias (que hasta dejan en off side a los propios sindicalistas oficialistas), pero también del desatino de algunos de sus máximos exponentes: desde Aníbal Fernández hasta Luis D'Elía, pasando por la última estrella K, el “Cuervo” Larroque.
El riesgo de la audacia
Bajo esa impronta, la intención de adelantar los comicios de 2013 en la provincia avanza casi como una decisión tomada, como una forma de escapar a lo que se aventura como una batalla difícil o una derrota nacional para el kirchnerismo.
¿Se animará finalmente Pérez a desdoblar, a darle la espalda a la Casa Rosada y -principalmente- asumir los costos que esa decisión puede acarrear? ¿Efectivamente, podrá resistir la presión nacional para incluir en las listas nacionales a más miembros de La Cámpora o de otras de las agrupaciones ultra K aglomeradas ahora en la hipercristinista Unidos y Organizados? ¿Hasta cuándo el gobierno de Pérez sólo seguirá “tomando nota” sin que ello se traduzca en un marco de desenvolvimiento más independiente de la Nación, con preeminencia en la gestión y que pueda ser percibido -efectivamente- por los mendocinos?
El 8N no fue estrictamente una pulseada cuantitativa sobre quién moviliza más, como intentó razonar el oficialismo. Por el contrario, es un debate en construcción, una pública interpelación, netamente cualitativa sobre cuáles son los ejes y las formas con las que se ejerce el poder. Y por cierto, también sobre cómo se le pone límites. Implica una clara ruptura de la credibilidad del famoso “relato” y comienza a mostrar el hartazgo masivo con una concepción de la política que se encamina a cumplir 10 años de gobierno. Una década suele ser un lapso suficientemente válido para muchas cosas, incluso para un gobierno. Más aún si éste tiene intenciones de perpetuación.
Pérez decidió, incluso en la campaña, apostar todas sus fichas a su vínculo con la Nación y a esa manera de entender el poder que esta semana, en todo el país, la ciudadanía le reiteró su pedido de cambios y correcciones. A casi un año de su asunción como gobernador no podría decirse que esa relación ha sido una ventaja comparativa para Mendoza. Al respecto, y por el contrario, la inminente discusión presupuestaria 2013 volverá a poner sobre la mesa el preocupante estado de las cuentas públicas, las horrorosas dificultades de financiamiento y particularmente la razón de ser de un gobierno: qué se privilegia en una gestión y cómo se hace para concretarlo en un contexto que, pese a enmarcarse en un año electoral, no podrá escapar a las características de la continuidad de una crisis.
Reconfiguraciones
Si Pérez y sus funcionarios siguen comprando -sin beneficio de inventario y sólo por mencionar algunos ítems- el combo discursivo de la “inclusión” (aunque el ritmo inflacionario siga dejando a diario fuera de la carrera especialmente a los más necesitados), o de “la lucha contra las corporaciones” (aunque muchas veces sus alianzas en pos de conseguir objetivos políticos vayan en contra de esas declamaciones), o siga repitiendo por lo bajo que protestas como las del 13S y el 8N es de aquellos que “igual se quejarían”.
O que en todo caso, su convocatoria “es minúscula” respecto de los que los votaron a ellos -como profundizó González en el análisis de una de las mayores movilizaciones populares desde el retorno de la democracia-, puede cometer un pecado capital peor que la soberbia: el de la pereza, que en términos políticos implica la imposibilidad de querer explicar, razonar y comprender el sentido profundo de los reclamos.
Por lo pronto, la sumatoria de obstáculos y el desafío que la propia protesta del jueves pasado llevó hasta Casa de Gobierno, deberían suponer para Pérez la reconfiguración de su agenda y de su estrategia. Una nueva obsesión que, fiel a su personalidad, no debería abandonar hasta aplacarla. Desentenderse, negarla o ocultarla puede convertirla, por el contrario, en una especie de tortura china de la que en el futuro cercano hasta podría llegar a arrepentirse.
