2 de noviembre de 2014 - 00:00

Todo rápido para cuidar las espaldas

A un año de las elecciones presidenciales que consagrarán a quien la va a suceder en el cargo, Cristina Fernández ha decidido imprimirle una inédita aceleración al proceso de cambios estructurales que dejarán su marca en el futuro de los argentinos.

La avalancha de leyes enviadas al Congreso para que sean aprobadas con urgencia muestra la voluntad de la Presidenta de ejecutar el "vamos por todo", y le permite a la vez construir un complejo entramado de disposiciones que de manera inevitable va a condicionar al próximo gobierno.

En una rápida enumeración, aparecen la ley de Abastecimiento, el pago indemnizatorio a Repsol, el Código Civil, la ley de pago soberano a los tenedores de bonos de la deuda externa, la ley que hace intangibles los activos de los bancos centrales de otros países si se depositan en Argentina, el Código Procesal Penal, la ley de Hidrocarburos y la nueva ley de Telecomunicaciones. Todas fueron acompañadas por la orden presidencial de aprobarlas en tiempo récord.

A nadie escapa que cualquiera de esas leyes, por su importancia y en situaciones normales de funcionamiento institucional, requeriría la búsqueda de consensos mínimos entre las fuerzas parlamentarias, estudios y debates profundos que contemplen los efectos que tendrán para las próximas generaciones.

El apuro, la falta de transparencia en la discusión y el voto a libro cerrado por parte del oficialismo, desmerecen hasta los aspectos positivos que esas leyes contienen.


Obstáculos 
A la Presidenta, en su afán de dejar una huella profunda en la historia y de proteger al kirchnerismo de futuros cuestionamientos judiciales, parecen no importarle los costos políticos de imponer el número sobre la razón. Ni siquiera el triste papel que les asigna a los legisladores del oficialismo, muchos de los cuales exhiben obediencia pero no saben lo que votan.

Esa determinación de Cristina para manejar a su voluntad la aprobación de leyes encuentra en cambio dificultades en otros ámbitos. No ha podido hasta ahora y aunque lo sigue intentando, domesticar a la Justicia, donde tarde o temprano ciertos procedimientos autoritarios provocan resistencias y rechazos que se expresan en fallos adversos que irritan al Gobierno.

Además de esas trabas que encuentra el oficialismo para que los jueces actúen a su gusto, ahora la renuncia de Eugenio Zaffaroni a la Corte Suprema les genera una expectativa que no condice con los escenarios posibles.

Hace unas horas, en la Casa Rosada se especulaba con que podría intentarse aumentar el número de integrantes de la Corte para designar allí magistrados políticamente afines.

En realidad, más allá de las declaraciones periodísticas o algunas sugerencias oportunas sobre cuestiones judiciales, Zaffaroni no le fue muy útil al interés político del Gobierno.

Desde hace un par de años concurre poco a su despacho, como él mismo lo sostiene en su renuncia prefiere dictar conferencias en el extranjero y más de una vez ha mostrado desinterés en fallos que lo ubicaban en minoría.

La carta de renuncia que le envió a la Presidenta se centra en lo que dice la Constitución sobre la edad en que deben retirarse los jueces. Pero lo que en Tribunales se leyó en clave política es la anticipación de 60 días para anunciar su partida.

En los pasillos del cuarto piso sostienen que el cambio de ideas sobre el Código Penal que expuso la Presidenta no fue de su agrado y eso apresuró el trámite.


El norte 
La semana se cerró con otras dos novedades que inciden en la economía. Como era de esperar, el incumplimiento en el pago de los intereses de los Bonos PAR 2038 emitidos bajo ley extranjera, hizo que la calificadora de riesgo crediticio Fitch redujera al rango de default la nota de esos papeles argentinos.

No fue una buena noticia para el país, que más allá de la pelea con los fondos buitres busca y necesita inversiones.

El otro dato es la extensa carta que la Presidenta le envió a su colega de Estados Unidos, Barack Obama, quejándose de las actividades antiargentinas de una funcionaria que depende de la Casa Blanca.

El incidente, hecho público de esta manera, busca posicionar a Cristina como defensora de la dignidad nacional, pero en nada contribuye a lograr un mejor clima de negocios con el mundo.

La política interna no deparó otros hechos destacables, aunque cada día se hace más firme en el kirchnerismo la idea de que Daniel Scioli recibirá la bendición presidencial y habrá un llamado a encolumnarse detrás de su candidatura.

Pero nadie sabe todavía cuáles serán las condiciones que pondrá Cristina para que eso suceda.

Por Carlos Sacchetto - [email protected] - Corresponsalía Buenos Aires

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