Una mujer embarazada no llega al parto como quien entra a un trámite. Llega después de nueve meses de controles, dudas, expectativas, temores y confianza. Confianza, sobre todo, en un médico que siguió su embarazo, conoce sus antecedentes, interpretó sus estudios, acompañó sus sobresaltos y ayudó a construir una relación clínica que no se improvisa. Por eso, si al ingresar al sanatorio le dijeran que ese profesional no podrá asistirla y que será atendida por quien esté de guardia, no estaríamos frente a un detalle organizativo: estaríamos alterando el corazón mismo del vínculo asistencial.
Eso es, en esencia, lo que plantea la decisión que el Ministerio de Salud de Mendoza proyecta implementar desde julio de 2026 en maternidades privadas. El objetivo declarado busca corregir un problema real: la altísima tasa de cesáreas en el sector privado. El dato inquieta. Si, como se informa, alrededor del 78% de los nacimientos en ese subsector ocurre por cesárea, resulta inevitable preguntarse qué está fallando. La preocupación es legítima. También lo es la obligación del Estado de intervenir cuando un indicador sanitario se aparta de los estándares recomendables.
Pero en salud pública no alcanza con identificar correctamente el problema. También hay que acertar en la respuesta.
Y allí empiezan las dudas. Porque una cosa es combatir el exceso de cesáreas innecesarias, y otra muy distinta es suponer que la forma de hacerlo consiste en separar a la embarazada de su médico en el momento del parto. Esa decisión parece apoyarse en una hipótesis discutible: que el obstetra de seguimiento sería, por definición o por incentivo, quien empuja la cesárea, y que excluirlo del nacimiento favorecería una mayor tasa de parto vaginal. Es una conclusión fuerte. Demasiado fuerte como para sostenerla sin una fundamentación científica precisa, local, transparente y convincente.
La medicina seria enseña algo elemental: no toda solución intuitiva es una buena solución. A veces, incluso, puede abrir problemas nuevos. En este caso, el primero es humano. El parto no es sólo un desenlace biológico. Es un acontecimiento vital, físico y emocional de enorme trascendencia. Romper, en ese momento, la continuidad del cuidado puede resentir la confianza de la paciente, debilitar la personalización de la atención y transformar una experiencia profundamente singular en una escena regida por la lógica impersonal del reemplazo.
El segundo problema es clínico. El médico de guardia puede ser idóneo, experimentado y perfectamente capaz. Nadie discute eso. Pero no es lo mismo intervenir sobre una paciente conocida que sobre una desconocida. No es lo mismo decidir con el contexto completo que decidir con información resumida, transmitida o leída contra reloj. En obstetricia, como en toda práctica médica, los matices importan: antecedentes, evolución del embarazo, riesgos previos, temores expresados, condiciones particulares. La historia clínica ayuda, pero no siempre reemplaza el conocimiento longitudinal del caso.
El tercer aspecto es jurídico y ético. Cambiar, en el momento crítico, al profesional que asistirá el nacimiento no debería ser tratado como una mera variante administrativa. La paciente tiene derecho a saber con claridad quién la atenderá, en qué condiciones, con qué alcance y bajo qué reglas. Tiene derecho, además, a decidir con información suficiente. En medicina, la autonomía no puede ser un adorno discursivo. Menos todavía en un momento tan sensible como el parto.
Hay también una cuestión de responsabilidad profesional que merece ser pensada sin simplificaciones. Si el médico de cabecera queda desplazado del acto principal, pero conserva algún grado de presencia, consejo o participación periférica, y el de guardia asume la conducción efectiva, la delimitación de responsabilidades puede volverse difusa. En medicina, la ambigüedad nunca es una buena noticia. Mucho menos cuando hay dos vidas en juego y decisiones que deben tomarse en tiempo real.
Nada de esto equivale a defender el statu quo. El exceso de cesáreas merece una revisión seria, profunda y valiente. Negarlo sería irresponsable. Pero corregir un desvío no habilita a elegir cualquier camino. Las mejores políticas sanitarias no son las que se anuncian con mayor ímpetu, sino las que logran articular evidencia, legalidad, prudencia clínica y aceptación social.
Reducir cesáreas innecesarias exige intervenir, sí. Pero exige hacerlo con instrumentos afinados: auditorías clínicas de calidad, revisión de indicaciones, segundas opiniones en casos seleccionados, seguimiento de indicadores por institución, mejora de condiciones obstétricas y neonatales, y participación real de los equipos que trabajan todos los días en la asistencia materna. Las soluciones duraderas suelen ser menos espectaculares que los anuncios, pero mucho más eficaces.
Mendoza tiene la oportunidad de abrir una discusión seria sobre cómo nacen hoy los mendocinos y cómo deberían nacer. Esa discusión es necesaria. Lo que no conviene es confundir firmeza con apuro, ni innovación con experimento.
Cuando una política sanitaria entra a la sala de partos, no sólo ordena prestaciones: también toca derechos, vínculos, responsabilidades y expectativas. Por eso debe ser especialmente cuidadosa. En medicina, a veces una buena intención mal traducida puede terminar dañando aquello que quería proteger.
* El autor es médico y Profesor Universitario en Medicina.
