El deterioro de la protección social empujó a la clase media a golpear las puertas del sistema público. Cuando una familia tiene que elegir entre pagar la cuota de la prepaga o llenar el changuito, la salud deja de ser un derecho garantizado y pasa a ser una angustia diaria.
Podría pasar como una más de las tantas encuestas que se hacen a diario, de esas en las que rara vez reparamos. Basta ver que mientras para un sondeo la imagen del gobernador mide más que la del Indio Solari, en otro puede aparecer más derrotado que el exDT de Boca, Claudio Úbeda.
Pero esta, al menos a mí, me hizo frenar de golpe. Según un reciente estudio de Reale Dalla Torre con la mira puesta en 2027, a los mendocinos nos preocupa más la salud que la inseguridad. ¿Leyeron bien, candidatos en carrera y tapados varios?
Estamos ante un cambio de paradigma en las prioridades sociales. La salud dejó de ser un "tema periférico" o un reclamo sectorial para convertirse en la segunda preocupación de la provincia (32,7%). Supera así, por primera vez, a la seguridad (29,8%), un eje siempre dominante en el termómetro local. Por encima, claro, solo quedan la economía y el empleo, que lideran cómodos con el 52,7%.
La crisis económica impactó de lleno en el corazón del sistema sanitario. El combo es letal: familias que se dan de baja de las prepagas, obras sociales desfinanciadas y precarizadas, coseguros impagables y medicamentos a precios prohibitivos.
Desde que aquel Decreto de Necesidad y Urgencia de 2023, que liberó los precios de las cuotas de medicina prepaga y desreguló el esquema de derivación de aportes, las cuotas de salud privada crecieron más de un 120% por encima del índice general de precios. Datos basados en variables del INDEC alertan que a escala nacional unas 742.000 personas se dieron de baja de la cobertura privada o mutual en los últimos dos años y medio.
El fenómeno quedó en evidencia con un dato que publicó Los Andes: la demanda en los hospitales y centros de salud públicos de Mendoza aumentó hasta un 50% en los últimos dos años. Si bien la tendencia ya se advertía en 2024, el arranque de este año consolidó el éxodo de pacientes. Desde el Ministerio de Salud reconocen que la mitad de los nuevos usuarios que saturan las guardias tiene, en los papeles, alguna cobertura privada.
El deterioro de la protección social empujó a la clase media a golpear las puertas del sistema público. Cuando una familia tiene que elegir entre pagar la cuota de la prepaga o llenar el changuito, la salud deja de ser un derecho garantizado y pasa a ser una angustia diaria. Malaria mediante, enfermarse empezó a percibirse como una quiebra económica individual antes que como una prestación universal.
Por eso los políticos, los actuales y los que vendrán, deberían darse por aludidos. El peligro cotidiano ya no es solo el robo al voleo o el "artesanal"; hoy el mayor temor es que la billetera no alcance para curarse. La encuesta apenas le puso cifras a una realidad que pasa de largo de las grietas: la peor inseguridad ya no viene del delito, sino de enfermarse y quedar a la buena de Dios.
* El autor es secretario general de redacción de diario Los Andes. [email protected]
