La Ley 25,542 fue sancionada en el año 2001 y con toda seguridad, es el instrumento legal que ha permitido que la Argentina se convierta en el país con más librerías por habitante del mundo hispanoparlante. Fue prácticamente copiada de la Ley francesa. Leyes similares rigen en Alemania, España, Italia, Portugal, Japón y Corea del Sur. Esta ley es la responsable de que los turistas extranjeros se sorprendan al caminar las calles de nuestras ciudades y pueblos y encontrar tal cantidad de librerías funcionando. Es muy importante destacar que es una ley en la que han coincidido todos, absolutamente todos, los eslabones de esa compleja cadena que comienza con un escritor frente a un teclado, correctores, traductores, editores (grandes y pequeños), gráficos, distribuidores y, finalmente, librerías.
La Ley tiene varios aspectos, pero el más destacable es la implementación del PVP (Precio de Venta al Público). Este mecanismo garantiza que un mismo libro tenga el mismo precio en cualquier librería del país, (fijado por la editorial o el importador). ¿Para qué? Precisamente para proteger a la actividad librera de la infinita voracidad comercial de grandes jugadores: Cadenas de Librerías (Cúspide, Yenny, etc.), supermercados y plataformas virtuales (Amazon, Mercado Libre, etc.).
La política destructiva de (casi) todo el aparato productivo argentino, ha hecho que otra vez el gobierno nacional haya puesto sus ojos en la derogación de esta ley. ¿Para qué? Nos preguntamos y la respuesta, inconfesada por quienes levantarán sus manos en el Congreso, es claramente la devolución de favores a quienes han promovido y sostenido a este gobierno enloquecido.
Si aun quedara alguien dispuesto a sostener el endeble argumento de que a los consumidores esto les favorecería porque inmediatamente bajaría el precio de los libros, dos cosas: a) cuando Inglaterra eliminó su Ley de defensa de la actividad librera, los libros no solo no bajaron de precio sino que subieron muy por encima de la inflación; y, b) esta Ley no regula una actividad comercial más; no es lo mismo la venta de lechuga, de detergente o de cualquier producto que la venta de libros; se trata de la política cultural de un país.
Una librería no es un comercio más. Es un centro cultural que enriquece a la ciudad en la que se encuentra. El librero no es un vulgar expendedor de libros: recomienda; forma lectores; organiza presentaciones; genera encuentros; en muchos casos sostiene editoriales pequeñas; hace circular autores desconocidos. La Ley 25542 garantiza la competencia porque en la calidad de los servicios que ofrece es donde radica el valor de cada librería.
Si esta ley fuese derogada, aparecería algún acólito de alguna plataforma y les diría a las grandes editoriales: “quiero que me publiques esto, esto y esto… nada más”, dejando fuera de los circuitos culturales, intelectuales y artísticos a miles de escritores cuya pluma no le cuadra, impidiendo la bibliodiversidad y estableciendo a discreción, los precios de los libros y las regalías para sus autores.
Quisiera decir que tengo alguna esperanza de que al menos los diputados y senadores de Mendoza no aprobarán la derogación de la Ley 25.542. Pero no. Cero esperanzas. Ya los hemos visto varias veces apurándose por lucir una obediencia rastrera levantando la mano en contra de todos los mendocinos y a favor de los oscuros intereses que defienden.
* José Niemetz es escritor y librero.
