El ingreso al Congreso del proyecto que modifica la Carta Orgánica del Banco Central abre un debate que excede la ingeniería normativa y toca el núcleo de la estabilidad macroeconómica argentina. El punto cardinal de la iniciativa es la prohibición expresa de que la autoridad monetaria le preste dinero al Tesoro nacional. De manera consistente con esa disposición, el proyecto consagra la independencia de la entidad, estableciendo que sus autoridades sean designadas por el Congreso y que solo puedan ser removidas mediante una mayoría agravada. El propósito de fondo es privar al Poder Ejecutivo de la posibilidad de instruir la emisión de dinero para cubrir los excesos del gasto público.
Conviene recordar que el país ya transitó un esquema de estas características. Entre 1992 y 2002, durante la vigencia de la convertibilidad, el Banco Central tuvo vedado emitir para asistir al Tesoro y sus autoridades eran nombradas por el Congreso, un ordenamiento muy similar al que ahora se propone. Ese andamiaje se desmoronó en 2002, cuando en el marco de la crisis fiscal que precipitó el fin de la convertibilidad una ley habilitó nuevamente la emisión para financiar al Tesoro, con un tope inicial. Una década más tarde, en 2012, ese límite se flexibilizó y, en simultáneo, se suprimió la independencia de la entidad respecto del Poder Ejecutivo. La secuencia es aleccionadora, porque demuestra que las reglas de autonomía, por sólidas que parezcan, pueden revertirse cuando la presión fiscal se vuelve insostenible.
Las consecuencias de haber abandonado aquella independencia pueden dimensionarse con precisión a partir de los datos oficiales. En el período comprendido entre 2011, el año previo al fin de la autonomía, y 2023, el déficit fiscal acumulado equivalió al 54% del Producto Interno Bruto. La emisión monetaria dirigida desde el Banco Central hacia el Tesoro representó, en ese mismo lapso, el 31% del Producto. Y el resultado inflacionario fue devastador, ya que el nivel general de precios se multiplicó por 468 veces, mientras el salario real perdía un 21% de su poder adquisitivo. Estas cifras no son abstracciones estadísticas, sino la cuantificación de un mecanismo concreto de transferencia de recursos.
El encadenamiento causal que revelan esos números es el corazón del problema. El desequilibrio del sector público nacional generó necesidades de financiamiento equivalentes a la mitad de todo lo que la economía produce en un año, y la mayor parte de ese bache se cubrió con emisión monetaria. Esa emisión desató una inflación de enormes proporciones, que constituye la vía por la cual el Estado se apropia de recursos del sector privado sin necesidad de legislar un impuesto explícito. La caída del 21% en el salario real formal, registrada a pesar de las paritarias y de la retórica en defensa de los trabajadores, es la manifestación más tangible de ese empobrecimiento. Cuando el Banco Central se convierte en el financista de los desequilibrios estatales, el desenlace es siempre el mismo, esto es, el descalabro de la economía, la alta inflación y el deterioro del nivel de vida de la población.
De este diagnóstico se desprende la tesis central, que conviene enunciar con claridad. La independencia del Banco Central es una condición necesaria para proteger a la población de la inflación, pero no es una condición suficiente. El razonamiento es riguroso. Si el Estado acumula desequilibrios crónicos, tarde o temprano alcanza un nivel de endeudamiento que se torna impagable, y ese callejón sin salida reaviva la tentación de modificar la ley para volver a financiar el déficit con emisión. No se trata de una hipótesis teórica, sino de la enseñanza directa que dejó la crisis de 2002, cuando el Congreso aprobó, con un elevado grado de adhesión, que la autoridad monetaria retomara la emisión para solventar los excesos de gasto. Una ley puede prohibir la asistencia monetaria, pero ninguna ley resiste indefinidamente la presión de una crisis fiscal.
La implicancia de política económica es contundente. Tan relevante como sancionar la prohibición de que el Banco Central financie desequilibrios fiscales resulta adoptar los recaudos que garanticen la sustentabilidad de las finanzas públicas. De lo contrario, las crisis fiscales terminan imponiendo, por la fuerza de los hechos, una contrarreforma que desanda lo avanzado. Y aquí es donde el desafío se vuelve considerablemente más arduo, porque la solidez fiscal no depende de una única norma sino de un ordenamiento integral del Estado en sus tres niveles de gobierno.
Ese ordenamiento tiene componentes precisos. En primer lugar, resulta imprescindible un acuerdo de coordinación tributaria y de responsabilidades de gasto entre la Nación, las provincias y los municipios, que permita administrar con mayor eficiencia el gasto público y avanzar hacia un sistema impositivo menos distorsivo y menos permeable a la evasión. En segundo lugar, y con una relevancia que no debe subestimarse, es necesario ordenar de manera coordinada los regímenes previsionales, tanto el nacional como los provinciales, que constituyen una de las principales fuentes de presión sobre las cuentas públicas. Sin esa arquitectura fiscal de fondo, la prohibición de emitir corre el riesgo de quedar como una declaración voluntarista.
El proyecto admite, además, perfeccionamientos que reforzarían su eficacia. La intención de circunscribir al Banco Central al cuidado del valor de la moneda es auspiciosa, pero ganaría solidez si el Congreso incorporara, junto con la prohibición de emitir para financiar al Estado, la prohibición de establecer controles de cambio, y si contemplara sanciones penales para los funcionarios que transgredan estas reglas. Igualmente decisivo sería disponer que la propia modificación de esta ley, y no únicamente la remoción de las autoridades, exija una mayoría agravada, de modo de elevar el costo institucional de una futura contrarreforma. Estos resguardos apuntan a que la norma no sea reversible con una simple mayoría circunstancial.
La conclusión, en definitiva, ordena las prioridades sin desmerecer el avance. Encapsular al Banco Central en la defensa del valor de la moneda es un paso institucional valioso y necesario, coherente con lo que hacen las economías ordenadas del mundo para prevenir la inflación. Pero esas mismas economías toman, en paralelo, los recaudos para evitar las crisis fiscales, y es allí donde reside lo más importante y, a la vez, lo más difícil de lograr. La lección que emerge de la propia historia argentina es que la disciplina monetaria y la disciplina fiscal son dos caras de la misma moneda, y que blindar una sin asegurar la otra deja la obra a mitad de camino. Lo esencial, en última instancia, sigue siendo ordenar el sector público en su conjunto.
