El presidente Javier Milei decidió finalmente cumplir con su propósito de reestructuración del Banco Central de la República Argentina (BCRA) a partir de la modificación de su Carta Orgánica.
Se parte de eliminar el esquema de objetivos múltiples estableciendo que a partir de ahora el BCRA deberá preservar el valor de la moneda. Además, se prohibirá el financiamiento del Estado con emisión monetaria, se otorgará mayor autonomía institucional al organismo y un combo que incluye el denominado “grillete fiscal” y la reforma del mercado de capitales.
El presidente Javier Milei decidió finalmente cumplir con su propósito de reestructuración del Banco Central de la República Argentina (BCRA) a partir de la modificación de su Carta Orgánica.
Se parte de eliminar el esquema de objetivos múltiples incorporado en la reforma de 2012, durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner, estableciendo que a partir de ahora el BCRA deberá preservar el valor de la moneda. Además, se prohibirá el financiamiento del Estado con emisión monetaria, se otorgará mayor autonomía institucional al organismo (independencia de los poderes políticos del Estado), cambios en el manejo del patrimonio del banco y un combo que incluye el denominado “grillete fiscal” y la reforma del mercado de capitales.
Lo de la independencia del poder político rige en países de capitalismo fuerte y sobresale en casos específicos, como el de Perú, regido durante muchos años por una inestabilidad política alarmante. Allí el Banco Central es presidido por el mismo profesional desde hace veinte años y su continuidad fue ratificada por la flamante presidenta peruana. Esa institución no tiene ninguna injerencia sobre la política financiera del Tesoro, entre otras pautas, pero ha sabido sostener la economía y con ello credibilidad en su país.
Volviendo al caso argentino, además de ser fundamental conocer el texto del proyecto cuando sea remitido al Congreso, como toda propuesta innovadora, y necesaria, requerirá de un buen sustento político a la hora de su discusión. No sólo con la premisa de “ponerle fin al robo de la alta política” bastará para sumar el consenso mayoritario que requerirá el oficialismo libertario desde las bancas. El vínculo existente entre el Ejecutivo nacional y el de muchas provincias influirá con claridad. Y probablemente se trate de una adaptación a la que deberán arrimarse ideas arraigadas durante décadas en espacios partidarios más tradicionales.
Por otro lado, el contexto general también puede incidir en el nivel de debate. El gobierno nacional necesita que la economía comience a direccionarse hacia el conjunto de la sociedad, en un escenario creciente de preocupación y descontento, a pesar de que hay aún admisión de la necesidad del proceso de estabilización puesto en práctica en diciembre de 2023 con la asunción del presidente Milei.
Si bien todo rumbo transformador en lo económico tiene una demora importante (varios países lo transitaron), en el caso de Argentina se debe tener en cuenta que una buena parte de la población tomó durante mucho tiempo como necesarias y aceptables las medidas asistencialistas que destartalaron el sistema que ahora se pretende refundar. Promesas de planes exitosos hubo muchas, pero resultados muy pocos.
Tal vez ahí radique el apuro del Ejecutivo para movilizar este cambio trascendente, de cara a un año electoral en el que pondrá en juego su credibilidad y, por lo tanto, su continuidad.