Además de coincidir con una clara inclinación política hacia la derecha en la región, la reciente asunción presidencial de Keiko Fujimori en Perú constituye un nuevo desafío institucional para ese país, afectado en los últimos tiempos por la falta de acuerdos y la consecuente inestabilidad institucional.
Debe tenerse en cuenta que una ambigua cláusula constitucional de incapacidad moral permanente le ha permitido al Congreso peruano destituir a sucesivos presidentes. Es un mecanismo, muchas veces acelerado por denuncias o escándalos en la función pública, que ante la suma de votos parlamentarios necesarios permitió destronar con frecuencia al jefe del Poder Ejecutivo de turno.
En esa línea, el gran control político, para muchos constitucionalmente excesivo, ha venido desequilibrando el funcionamiento de las instituciones y evitando acuerdos duraderos entre los poderes del Estado. Concretamente, una normativa que se transforma en herramienta letal desde la mirada institucional cuando la capacidad de los dirigentes para poder confrontarla es relativa.
Esto ha llevado a que en sólo una década los peruanos hayan tenido ocho presidentes destituidos. Como ya hemos señalado desde este espacio, una cifra alarmante y demostrativa de cómo los mecanismos de excepción se volvieron norma en la vida institucional de ese país.
No obstante, el ritmo de la nación vecina en materia económica quedó bastante a salvo de la intolerancia dominante en el agitado contexto político señalado. Un mérito valorado.
La economía peruana ha resistido a dicha inestabilidad a partir de la denominada teoría de las “cuerdas separadas”, impulsada por sólidos fundamentos macroeconómicos como la autonomía del Banco Central de Reserva y la disciplina fiscal, entre otros aspectos.
La mencionada autonomía de la autoridad monetaria opera con independencia técnica, lo que le ha permitido incidir para que los peruanos tengan una de las inflaciones más bajas de la región y la estabilidad de la moneda, el sol peruano.
Con promesas de respeto a la ley, la presidenta Fujimori llega al poder con el mandato popular de recuperar el orden público y aplicar una fuerte política de seguridad contra el crimen, gran demanda del pueblo peruano en estos tiempos.
Volviendo al nuevo contexto en marcha, no puede pasar inadvertido que en el proceso de inestabilidad política iniciado en 2016 el fujimorismo, a partir de ahora gobernante, ha tenido fuerte injerencia merced al control del Congreso que logró mantener. Es por ello que se debe esperar que ya en la conducción del país esa orientación partidaria sepa encarrilar la figura presidencial y a la par apaciguar las enemistades partidarias vigentes.
La democracia no se fortalece y consolida con gobiernos transitorios, como los que tuvo Perú en la última década, sino con previsibilidad y estabilidad política surgidas de las elementales reglas de convivencia que toda república exige.