Si bien se debe reconocer que el Legislativo es un poder netamente político y en el que oficialismo y oposición deben blanquear y confrontar sus diferencias, también hay que exigirle a sus miembros el esfuerzo para la búsqueda de consensos en temas fundamentales para la vida democrática de la nación, como bien puede ser considerada una reforma política ambiciosa, que en este caso motoriza el Poder Ejecutivo.
Ley de reforma electoral.
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La Cámara Nacional Electoral acaba de comunicarle al Congreso de la Nación a modo de advertencia los tiempos necesarios para la organización de una elección, en virtud de la demora existente para el tratamiento de proyectos incluidos en la reforma política que impulsa el gobierno nacional, que incluye varias iniciativas vinculadas con los próximos comicios.
Justamente, preocupa a los jueces que los diversos proyectos de modificación del régimen electoral y de los partidos políticos sigan postergados y no quede otra solución que mantener las modalidades vigentes en virtud de la indefinición de la discusión política.
Entre las iniciativas sin abordaje aún se encuentra, precisamente, la reforma política en su totalidad, que impulsa el gobierno nacional y que incluye la eliminación o suspensión de las PASO y cambios en el régimen de partidos y de financiamiento. Son iniciativas que están en condiciones de ser llevadas a debate pero que aún no cuentan con los acuerdos que el oficialismo necesita de sus aliados para poder imponer una mayoría segura.
Los magistrados recordaron que las actividades preelectorales tienen plazos que no se pueden prorrogar en concordancia con una fecha límite del proceso, que es el acto de votación. De ese modo toda reforma estructural, como la que se pretende ejercer, exige tiempo para ser viabilizada, como también coordinación con los juzgados que tienen competencia electoral, entre otras consideraciones.
Este llamado de atención de la Cámara Nacional Electoral sorprende una vez más a la política en medio del desorden y hasta la improvisación de sus actos. Si bien se debe reconocer que el Legislativo es un poder netamente político y en el que oficialismo y oposición deben blanquear y confrontar sus diferencias, también hay que exigirle a sus miembros el esfuerzo para la búsqueda de consensos en temas fundamentales para la vida democrática de la nación, como bien puede ser considerada una reforma política ambiciosa, que en este caso motoriza el Poder Ejecutivo.
En los últimos meses el debate fue invadido por una serie de especulaciones sobre qué modalidad electoral adoptar siempre en la búsqueda de beneficios más que nada coyunturales que pensados en un sistema modelo para el mediano o largo plazo.
Del lado del oficialismo nacional, se llega a la conclusión de que en pos de la pretendida reelección presidencial todo sistema, aunque perimido, que permita asegurar una buena cosecha de votos es válido aunque diste de pertenecer a una esgrimida reforma visionaria. Lo mismo ocurre con la oposición mayoritaria del PJ, que resiste la supresión de las primarias por la conveniencia de cobijar con ellas a sus numerosos espacios.
Es de esperar que el serio y pertinente llamado de los jueces electorales motive a los políticos a debatir en orden y con seriedad.
