El gobierno nacional pretende movilizar su ambicioso proyecto de reforma política, que incluye modificaciones importantes en el mecanismo de elección de candidatos por parte de la ciudadanía.
El método de las colectoras, que promueve el oficialismo libertario, fue dejado de lado en 2019 y representa, en la práctica, un retroceso.
La reforma electoral que plantea el gobierno sugiere las listas colectoras
Foto:
Los Andes El gobierno nacional pretende movilizar su ambicioso proyecto de reforma política, que incluye modificaciones importantes en el mecanismo de elección de candidatos por parte de la ciudadanía.
Es así como se promueve en el plano electoral la eliminación de las elecciones primarias y obligatorias, incluidas en el sistema electoral nacional desde el año 2011, con posterior extensión a varias provincias, entre las que se encuentra Mendoza. Esta modalidad, que es el paso previo a las elecciones generales, se utilizó hasta 2023 y el año pasado fue suspendida por el Congreso en el contexto de la reforma propuesta.
En esa oportunidad nuestra provincia adhirió con la suspensión de las PASO locales. Señalamos entonces, desde este espacio, que la medida resultaba razonable como contribución de la provincia a la política de equilibrio en el gasto público promovida por el gobierno de la Nación.
Por otra parte, aquella suspensión se daba en un contexto de creciente indiferencia de la ciudadanía, tanto hacia las distintas elecciones nacionales y a las convocadas en el calendario adelantado de provincias que habían desdoblado sus comicios. Por lo tanto, resultaba válido el argumento de cierta saturación de la gente por la cantidad de convocatorias al voto.
Sin embargo, con el reciente relanzamiento de la gestión que supone la asunción de un nuevo jefe de Gabinete, el gobierno nacional pone a consideración de propios y aliados dejar de lado las primarias a cambio de volver a implementar un mecanismo muy similar al de las denominadas listas colectoras, suprimido del sistema electoral nacional en 2019 por considerarse que generaba confusión en el electorado e inequidad entre los competidores.
Esta novedad incluiría la posibilidad de candidaturas a diputados nacionales de diferentes extracciones partidarias a cambio del apoyo a un mismo candidato presidencial.
Lo que ha trascendido es que el gobierno nacional pretende consensuar primero la novedad con los gobernadores aliados, como paso previo al debate formal en el Congreso.
No se debería aceptar un mecanismo que, a priori, no resulta del todo claro con respecto a la función de los partidos políticos, declarados por la Constitución Nacional como instituciones fundamentales del sistema democrático y debiendo contribuir el Estado al sostenimiento económico de sus actividades. Esto, sin dejar de reconocer que muchas veces la labor política presenta muchas falencias.
El apuro suele resultar contraproducente cuando de legislar se trata. Para las urgencias el Ejecutivo cuenta con el mecanismo de la emisión de decretos, que luego pasan a consideración del Poder Legislativo.
Es por todo ello que aparece como inapropiada la celeridad con la que se insta a la adopción de una metodología de votación que quedó descartada y que sólo aporta sospechas de urgencias políticas por parte del gobierno de turno.