13 de septiembre de 2026 - 00:00

Pruebas PISA: números de una decadencia crónica

No cabe ninguna duda de que en materia de políticas educativas nuestro país navega casi a la deriva desde hace muchas décadas. A lo que hay que añadir los efectos de la pobreza enquistada en amplios sectores de la sociedad, situación que dificulta la asistencia a clases o la regularidad que mínimamente se requiere para consolidar una base de conocimientos.

La reciente publicación de las Pruebas PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes) dejó para la Argentina un resultado mucho más pobre que en concursos anteriores. Fueron los peores números en 20 años, con una caída generalizada en matemática, lectura y ciencias respecto a 2022.

En el orden internacional, el desempeño ubicó a nuestro país muy por debajo de la media de naciones de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), el ente organizador de la prueba, situándose en el puesto 75 entre 91. Mientras tanto, en el plano regional la Argentina se ubicó en el puesto octavo entre 13 países de América Latina analizados.

Hubo un desglose que evaluó de forma independiente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a las provincias de Córdoba y Mendoza, dejando algunas diferencias favorables para dichos distritos. Pero la media nacional se encarga de tirar hacia abajo la evaluación en un nivel global que resulta indecoroso.

Según la consideración de los más serios especialistas en educación del país las causas del mal resultado son concluyentes: los alumnos no entienden lo que leen y aprenden, en general, cada vez menos.

Además, se alude a un problema estructural de la escuela argentina para asegurar aprendizajes básicos de manera sostenida y a una transformación más general en la relación de los adolescentes con la lectura, la atención y el esfuerzo indispensable para estudiar y asimilar.

Otras voces autorizadas se detienen en la falta de políticas para modificar los métodos de enseñanza, con años sin cambios de fondo en algunas temáticas, por lo que –dicen- no debería producirse el estrépito que se reitera con los números de cada evaluación.

Encima, en medio del tembladeral surgieron reproches en el mismo seno del espacio libertario. Mientras desde una usina de ideas oficialista atribuyeron el resultado a una suerte de lentitud gubernamental para modificar el rumbo, el gobierno respondió a través de la ministra Pettovello, a cargo del área en cuestión, quien contradijo a los críticos y adujo que cualquier cambio no puede arrojar resultados inmediatos.

No cabe ninguna duda de que en materia de políticas educativas nuestro país navega casi a la deriva desde hace muchas décadas. A lo que hay que añadir los efectos de la pobreza enquistada en amplios sectores de la sociedad, situación que dificulta la asistencia a clases o la regularidad que mínimamente se requiere para consolidar una base de conocimientos.

En su artículo 3 la Ley de Educación Nacional de nuestro país, sancionada a fines de 2006, establece que la educación “es una prioridad nacional y se constituye en política de Estado”. Un mandato que no deja dudas sobre el noble objetivo perseguido, pero que las disputas políticas impiden aplicar.

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