Muchos intelectuales, ente ellos no pocos escritores y representantes de la cultura, se han pronunciado a favor de mantener como está la Ley del Libro 25.542, que la administración central pretende anular.
A pesar de los argumentos del Gobierno central que pretende eliminar la Ley del Libro porque fomentará la libre competencia, escritores, libreros y casas editoras advierten sobre el riesgo de concentración de mercado y defienden el precio único del libro, como herramienta fundamental para proteger la industria del sector.
El gobierno nacional quiere modificar la ley del libro, con grandes resistencias del sector. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes
Foto:
Muchos intelectuales, ente ellos no pocos escritores y representantes de la cultura, se han pronunciado a favor de mantener como está la Ley del Libro 25.542, que la administración central pretende anular.
El artículo 1 de la norma, que fue promulgada en enero de 2002, establece que: “Todo editor, importador o representante de libros deberá establecer un precio uniforme de venta al público (PVP) o consumidor final de los libros que edite o importe”.
El sector del libro, con apoyo de hombres y mujeres del ámbito cultural y los propios lectores, cerró filas en torno a la plena vigencia de la norma mencionada, también conocida como Ley de Defensa de la Actividad Librera, que establece básicamente que los editores de obras escritas o importadores de las mismas fijen un precio uniforme al público, que debe ser el mismo en todos los comercios de la Argentina, estén en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), en Córdoba, en Mendoza o en Río Gallegos.
Con esa forma de proceder, la norma trata de impedir que las grandes cadenas de venta de libros o plataformas digitales establezcan rebajas en el producto que perjudiquen a los negocios más chicos, de barrios y alejados de grandes centros urbanos.
Enfrente de esta posición a favor de la llegada de ejemplares a precios acordes con las posibilidades de los consumidores, está la determinación del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que argumenta que cada local, cada librería pueda fijar libremente el precio de los ejemplares y aplicar las bonificaciones in restricciones que establece la ley en vigencia, aprobada en 2001 y reglamentada en 2002.
Desde el Estado se sostiene que la desregulación propuesta permitirá una mayor competencia entre negocios del ramo, facilitará reducir la existencia de stocks en estanterías y depósitos y, en tal sentido, habrá libros más baratos para los usuarios.
Lo curioso es que ninguna de las grandes entidades vinculadas al libro pidió algo semejante a lo que propugna el equipo desregulador de Sturzenegger.
En una declaración conjunta, las cámaras argentinas del Libro, de Publicaciones y la Federación Argentina de Librerías, Papelerías y Afines, entre otras, dejaron en claro que iniciativa del oficialismo se presentó sin el aval o pedido de autores, editores, distribuidores, libreros ni, por supuesto, del enorme universo de los lectores argentinos.
Reconocidos libreros locales, como Iván Miszei y Pilar García Santos, están en total desacuerdo con derogar la Ley del Libro, inclusive la última empresaria puso el acento en un aspecto a tener en cuenta: “Mendoza, afirmó, tiene una de las mayores y ricas producciones literarias del país. Y las librerías independientes somos las que recibimos todo ese trabajo, lo exhibimos y difundimos a la par de los libros que tienen distribución nacional e internacional”.
