La verdadera discusión sobre la privatización de los Nihuiles es mucho más profunda. Es si el Gobierno terminó apartándose de las mismas reglas que pidió sancionar para conducir uno de los procesos más importantes de la política energética mendocina de los últimos años.
La discusión sobre la privatización de Los Nihuiles ha quedado atrapada en una falsa dicotomía: estar a favor o en contra de la participación privada. Sin embargo, ese no es el verdadero debate. La cuestión de fondo es otra: ¿el Gobierno de Mendoza respetó las reglas que él mismo impulsó para llevar adelante este proceso?
Porque las leyes sancionadas por la Legislatura no fueron una autorización en blanco. Fueron un conjunto de condiciones destinadas a garantizar que una decisión estratégica para la provincia se desarrollara con transparencia, control institucional y resguardo del patrimonio público. Y es precisamente allí donde aparecen las mayores dudas.
La Ley 9.486 creó el marco jurídico para una nueva etapa en la administración del complejo hidroeléctrico Los Nihuiles. Pero esa ley no se limitó a habilitar una futura privatización. También estableció criterios políticos y económicos que buscaban preservar el interés de Mendoza, entre ellos la promoción y priorización de la inversión mendocina en un activo estratégico para la provincia. Ese no era un detalle menor. Era parte del espíritu de la norma.
Sin embargo, al observar el proceso actual surge una pregunta inevitable: ¿los pliegos de la licitación mantienen efectivamente esa prioridad establecida por la ley? Hoy no lo sabemos.
Y no lo sabemos porque esa información nunca fue explicada de manera suficiente. Una decisión de semejante trascendencia no puede descansar sobre la confianza ciega en la administración de turno. Debe apoyarse en información pública verificable.
El 8 de marzo de 2025 la Nación y la Provincia firmaron un Acta Acuerdo que anunciaba una estrategia conjunta para avanzar sobre los complejos hidroeléctricos Los Nihuiles y Diamante. Aquella decisión otorgaba mayor fortaleza institucional al proceso. No se trataba de iniciativas aisladas, sino de una política coordinada entre ambos gobiernos para redefinir el futuro de los principales aprovechamientos hidroeléctricos de Mendoza.
Sin embargo, esa hoja de ruta desapareció. Hoy el proceso avanza exclusivamente sobre Los Nihuiles y ninguna autoridad ha explicado qué ocurrió con el compromiso asumido respecto del complejo Diamante.
¿Se modificó el acuerdo? ¿Fue dejado sin efecto? ¿Se postergó? ¿Existe una nueva estrategia? No hay respuestas públicas.
Los acuerdos entre gobiernos no pueden convertirse en simples anuncios cuya modificación jamás se explica. La transparencia también exige explicar por qué cambian las decisiones previamente anunciadas.
Pero quizás el punto más delicado sea otro. La Ley 9.630, sancionada en el contexto de la emergencia provocada por el aluvión que afectó al complejo hidroeléctrico, incorporó una herramienta fundamental para garantizar el control institucional. En su artículo 11 estableció la obligación del Ministerio competente de remitir información a la Legislatura durante el desarrollo del proceso.
No se trata de una sugerencia política. Se trata de un mandato legal.
La razón es evidente. Cuando el Estado decide reorganizar el futuro de un activo estratégico, el Poder Legislativo debe contar con la información suficiente para ejercer el control que la Constitución le asigna. Ese control no puede reemplazarse por conferencias de prensa, anuncios oficiales o publicaciones en el Boletín Oficial. Requiere información técnica, económica y jurídica. Requiere conocer el estado real de las centrales. Requiere saber cuál es el valor del patrimonio involucrado. Requiere conocer las inversiones pendientes. Requiere identificar quién asume los costos derivados de los daños producidos por el aluvión. Y requiere que toda esa documentación llegue oportunamente a la Legislatura.
Si esa obligación fue cumplida, corresponde que el Gobierno lo demuestre con absoluta claridad. Y si no fue cumplida, entonces el problema deja de ser político para convertirse en un problema institucional.
Paradójicamente, quienes defienden la privatización deberían ser los primeros interesados en exigir el máximo nivel de transparencia. Un proceso abierto fortalece la legitimidad de la decisión, protege el patrimonio público y brinda mayor seguridad jurídica a los futuros inversores.
La opacidad produce exactamente el efecto contrario. Alimenta sospechas. Debilita la confianza. Y deteriora la calidad institucional.
Los Nihuiles no son un activo cualquiera. Constituyen una parte fundamental del sistema energético de Mendoza y forman parte del patrimonio construido durante décadas por generaciones de mendocinos.
Precisamente por eso, el Gobierno tenía la obligación de cumplir no sólo con el objetivo final de la privatización, sino también con cada una de las reglas que él mismo impulsó para llevar adelante ese proceso. Porque las leyes no fueron sancionadas únicamente para habilitar una venta. Fueron sancionadas para garantizar que esa decisión se desarrollara con información, con transparencia y con control democrático.
Si hoy desconocemos si se respetó la prioridad para la inversión mendocina prevista por la Ley 9.486; si nadie explica qué ocurrió con el compromiso asumido entre la Nación y la Provincia respecto del complejo Diamante; y si persisten dudas acerca del cumplimiento del deber de informar a la Legislatura establecido en el artículo 11 de la Ley 9.630, entonces la discusión ya no gira alrededor de la privatización.
La verdadera discusión es mucho más profunda. Es si el Gobierno terminó apartándose de las mismas reglas que pidió sancionar para conducir uno de los procesos más importantes de la política energética mendocina de los últimos años.
Y cuando un gobierno deja de cumplir las reglas que él mismo promovió, lo que entra en crisis ya no es una política pública. Es la confianza en las instituciones.
* El autor es senador provincial.
