El Ejecutivo aprobó el mecanismo para disponer de los excedentes de Nihuil IV. Emesa administrará los recursos y cobrará un 1,5% por esa tarea.
El dinero será administrado por Emesa y podrá utilizarse para afrontar los costos del proceso licitatorio. La empresa cobrará un 1,5% del excedente administrado.
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El gobierno de Alfredo Cornejo aprobó un acuerdo con la Empresa Mendocina de Energía (Emesa) para utilizar los excedentes económicos generados por la operación de la Central Hidroeléctrica Nihuil IV para afrontar gastos vinculados con el proceso licitatorio del sistema Los Nihuiles.
La medida quedó formalizada mediante el Decreto 1727, fechado el 24 de agosto y publicado este jueves 18 de septiembre en el Boletín Oficial. El convenio entre la Provincia y Emesa había sido firmado el 12 de diciembre de 2025 y ahora recibió la aprobación del Ejecutivo.
El acuerdo determina cómo se administrará el dinero que queda disponible luego de la venta de la energía producida por Nihuil IV y establece que esos recursos podrán utilizarse para cubrir los costos derivados de la licitación del complejo hidroeléctrico.
La decisión se enmarca en el proceso abierto tras el vencimiento de la concesión de Nihuil IV. El 30 de julio de 2024, el Ejecutivo provincial dictó el Decreto 1423, mediante el cual dio por extinguido desde el día siguiente el contrato de construcción, operación y mantenimiento que mantenía Hidronihuil SA, debido al cumplimiento del plazo contractual.
Desde entonces, la tenencia de la central quedó en manos de Emesa. La Provincia también autorizó la contratación de la empresa estatal para garantizar la operación y el mantenimiento de Nihuil IV durante la transición y hasta la culminación del procedimiento licitatorio del complejo Los Nihuiles.
En enero de 2025 se firmó, mediante contratación directa, el convenio para que Emesa prestara esos servicios. Inicialmente tenía vigencia hasta el 31 de mayo de ese año, aunque contemplaba la posibilidad de ser prorrogado.
Posteriormente, el vínculo fue extendido. El anexo del Decreto 1727 señala que el 31 de mayo de 2026 se suscribió una adenda que prorrogó nuevamente el acuerdo y habilitó sucesivas extensiones por períodos de hasta 12 meses.
El anexo publicado junto con el decreto establece el circuito que tendrán los fondos. Allí se define como "excedente" al remanente financiero que queda de la remuneración que recibe Emesa por la venta de la energía eléctrica producida por Nihuil IV, una vez descontadas las deducciones realizadas por Cammesa y el precio correspondiente a los servicios de operación y mantenimiento.
Emesa tiene a su cargo la administración de los fondos provenientes de la venta de energía. Esto incluye controlar las liquidaciones y los pagos recibidos por la generación eléctrica antes de determinar cuál es el remanente disponible.
La empresa provincial quedó además como agente generador de Nihuil IV en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) después de que la Secretaría de Energía de la Nación autorizara el cambio de titularidad en mayo de 2025.
Una vez determinado el excedente, el acuerdo establece que será destinado a afrontar los gastos necesarios para llevar adelante "de forma ágil y rápida" el proceso licitatorio del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles.
También podrán cubrirse con esos recursos otros gastos que Emesa realice por cuenta y orden de la Provincia. La administración de esos recursos quedará en manos de Emesa, que deberá llevar un registro detallado de los gastos relacionados con la licitación para permitir su posterior auditoría.
El convenio también establece una contraprestación para la empresa estatal. Emesa percibirá el 1,5% del excedente que administre en concepto de gerenciamiento y gastos administrativos. El porcentaje será retenido y deducido directamente de los fondos administrados.
El documento no establece un monto fijo para ese excedente. Por lo tanto, la cantidad de recursos disponibles dependerá de los ingresos obtenidos por la generación y venta de electricidad y de los costos y deducciones correspondientes.
La Provincia fundamentó el acuerdo precisamente en la necesidad de disponer de fondos para afrontar los gastos derivados de la gestión de la licitación que fue encomendada a Emesa por la Ley 9.486.
El anexo también recuerda que la Ley 9.630 declaró la emergencia del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles por 14 meses a partir del 26 de mayo de 2025 y autorizó al Ejecutivo a utilizar los fondos necesarios para garantizar la operación, mantenimiento, reparación y continuidad del complejo durante la transición.
El avance del proceso sobre Los Nihuiles se produce, además, en medio de una nueva instancia de la disputa entre Mendoza y La Pampa por las regalías hidroeléctricas.
El Gobierno nacional publicó el 11 de septiembre el Decreto 982/2026, que dejó sin efecto el régimen establecido en 1973 y dispuso que Mendoza pasara a percibir el 100% de las regalías generadas por Los Nihuiles. Hasta entonces, esos recursos se distribuían en partes iguales entre Mendoza y La Pampa.
La administración del gobernador pampeano Sergio Ziliotto acudió a la Justicia para cuestionar la decisión. Entre sus argumentos, La Pampa invocó un convenio firmado en 1992 entre ambas provincias y el Estado nacional, posteriormente homologado por la Corte Suprema, y sostuvo que ese acuerdo no podía ser modificado unilateralmente mediante un decreto.
Esta semana, el Juzgado Federal de Santa Rosa hizo lugar a una cautelar interina y suspendió provisoriamente los artículos 3 y 4 del decreto nacional.
De esa manera, quedó frenada por el momento la aplicación del esquema que otorgaba a Mendoza la totalidad de las regalías, mientras continúa la discusión judicial. La resolución no define la cuestión de fondo.
Desde Mendoza cuestionaron la resolución. La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, sostuvo que se trata de una medida interina dictada en el marco de una cautelar autónoma y objetó que la presentación haya tramitado ante la Justicia Federal de Santa Rosa.
El Gobierno provincial sostiene que la controversia debe resolverse en la Corte Suprema por involucrar a una provincia y al Estado nacional.
En paralelo, continúa en la Corte Suprema la causa iniciada por Mendoza contra el esquema de distribución establecido en 1973. La Pampa fue incorporada a ese expediente el 27 de agosto, antes de que el Ejecutivo nacional dictara el nuevo decreto sobre las regalías.
