Que uno de las debilidades del hombre es la tentación del dinero fácil, es obvio, y también que la cercanía al poder, facilita esas conductas, sumando las fragilidades de los estados y sus instituciones.
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Que uno de las debilidades del hombre es la tentación del dinero fácil, es obvio, y también que la cercanía al poder, facilita esas conductas, sumando las fragilidades de los estados y sus instituciones.
Este país perdió, hace décadas, el camino del crecimiento sostenido basado en la productividad y la competitividad y para prosperar la opción para muchos consistió en aprovecharse de un Estado que se fue desarmando en su capacidad de gestionar y controlar.
En los ochenta se comenzó a armar un contubernio entre empresas y políticos, tomando como ejemplo el modelo italiano que estalló en la famosa tangente del fiscal Antonio Di Pietro.
El pretexto era financiar la política, sin duda, con costos crecientes, pero de paso, financió el enriquecimiento de los políticos a costa del empobrecimiento social.
En los noventa tenemos el primer caso de un presidente corrupto. En gobiernos anteriores hubo hechos de corrupción, algunos fueron investigados y castigados, como el caso del Palomar en 1940 o los episodios de Juan Duarte, pero nunca ensuciaban a los presidentes de la Nación. Muchos llegaron ricos y se fueron empobrecidos. Otros salieron tan pobres como cuando llegaron.
En 1990 tuve la obligación como legislador de la ciudad de Buenos Aires de denunciar contratos de la ciudad con el grupo Roggio, famoso por cotizar un precio para ganar y renegociar de inmediato adicionales que encarecían las obras y servicios.
En 1998 me tocó presentarme ante la justicia federal para denunciar los contratos de peaje en los corredores viales y pruebas concretas sobre los sobornos cobrados por el señor Roberto Dromi.
El sistema estaba armado para la renegociación permanente, con subsidios estatales que se pagaban siempre en vísperas de campañas electorales.
El gobierno de Menem decidió proteger a los empresarios y funcionarios corruptos que contaban con la complicidad del juez más cuestionado en su honestidad como lo es Rodolfo Canicoba Corral, al que se le dice "Canicoima Cobra", para impedir la investigación, llegando al extremo de procesar a testigos y no abrir pruebas a pesar de haberlo ordenado la Cámara de Apelaciones.
Quedaba claro que se había armado un mecanismo de impunidad basado en acuerdos políticos empresarios con respaldo judicial desde el poder.
Al año siguiente fui testigo de una conversación en un café de la Recoleta delante de otros dos personas, uno de ellos el periodista estadounidense Martin Andersen. En la misma, el dirigente de la UIA y diputado nacional justicialista, Claudio Sebastiani, se ufanaba de haber sido uno de los que hacían los sobres para los diputados por un monto de 30 millones de dólares con el motivo de evitar la sanción de la ley de patentes medicinales. Nunca se avanzó en la justicia.
En 1999 tuvimos la experiencia hipócrita de una alianza que se presentaba como algo distinto y que sin embargo no sólo mantuvo el esquema del menemismo con las renegociaciones de contratos como los peajes sino que agregó el escándalo de los sobornos en el Senado de la Nación para obtener la sanción de una ley.
Pero faltaba lo peor: Emergente de la crisis del 2001 una familia feudal del sur logra el gobierno y comienza con un discurso de no dejar las convicciones al llegar al poder.
La designación de Gustavo Beliz en el ministerio de Justicia daba esperanzas y es así como se iniciaron algunas acciones para reformar la justicia y fortalecer la lu cha contra la corrupción incluyendo los acuerdos con Suiza para recuperar los fondos de las cuentas de Menem.
Sin embargo, los primeros éxitos de su Ministro pusieron nerviosos a los Kirchner y a la Justicia Federal que Béliz pretendía reformar. Por eso lo desplazaron, quizá temerosos de que encontrara los fondos de Santa Cruz de los que se habían apropiado y en el caso de los jueces de Comodoro Py se les terminara su impunidad al servicio de la corrupción estructural de política y empresarios corruptos.
La corrupción circunstancial, la coima por una adjudicación de obra o por algún privilegio estatal fue reemplazada por un plan sistemático de saqueo e incluso de apropiación de activos, como fue el caso de la compra de acciones de YPF.
El sistema de extendió sobre gobernaciones e intendencia, como es el caso del Santiago del Estero del matrimonio Zamora, la provincia con los peores índices de pobreza, donde se hicieron obras innecesarias y suntuarias a precios grotescos y donde Julio De Vido era el verdadero gobernador decidiendo que se hacía, el precio, la empresa y el retorno con la complicidad de un juez federal que salió en el lugar 14 en el concurso pero que era familiar de ese aldeano matrimonio de caudillitos sureños de cuarta.
Una mixtura de kakistocracia con cleptocracia ha sido la culminación de un ciclo político que marca la degradación nacional y que preocupa teniendo en cuenta que un tercio de la población es indiferente a estos escándalos, mostrando que la corrupción no es sólo un problema de las élites sino que está adentro del cuerpo social argentino.
En lo personal, puedo decirles a los que me miraban con escepticismo, con sorna, convencidos que no se podía hacer nada frente a estos falsos arrepentidos de las empresas y los farsantes que degradan la nobleza de la actividad política, que vale la pena pelear y que no ha sido en vano.
El actual gobierno nacional, a mi juicio, debió haber sido más activo en las reformas judiciales y en tomar medidas contra la corrupción, sin ignorar que amplios sectores de la oposición son parte del problema.
No obstante, la actitud de prescindencia adoptada y la decisión de no proteger a nadie es un paso positivo que merece reconocimiento.
La dirigencia política tiene que entender que la democracia sólo perdurará si es capaz de depurarse y que la única lealtad debe ser con las instituciones y las ideas.
