El gobierno provincial pasó a ganar terreno en la disputa sobre los alcances del procedimiento para la autonomía municipal que generó con la Municipalidad de San Rafael. Logró que la Suprema Corte se expidiera de algún modo, lo que no garantiza una medida futura contraria a los intereses de las autoridades sanrafaelinas, pero sí detiene el procedimiento, incomodando al oficialismo del departamento sureño.
Mientras tanto, el fiscal de Estado de la Provincia, Fernando Simón, hombre prudente y generalmente respetuoso de los tiempos de la disputa política (antes de ejercer su actual función también fue político muy activo en representación del justicialismo), hizo declaraciones y opinó de manera componedora, es decir, sin criticar ni a los Félix y su cruzada autonomista ni al gobierno de Cornejo y su pretendida institucionalización de lo que en su momento ordenó la Constitución Nacional.
Simón consideró “entendible” que luego de 32 años sin regular la provincia el marco de la autonomía departamental, “un municipio diga ‘no puedo pasarme la historia esperando lo que tenés que hacer'”. Pero agregó, colocando a la par a los contendientes, que la Provincia también avanza mediante la enmienda constitucional que promueve el gobierno de Cornejo, razón por la cual opinó que es un momento de coincidencias más que disidencias sobre el asunto en cuestión, puesto que “la provincia ha ido a frenar el proceso de San Rafael, pero a aprobar en términos generales la autonomía para todos”.. Simón, con su estilo y en apego a su función institucional, buscó quedar en armonía con las partes ante el conflicto de poderes que planteó la Provincia en su presentación ante la Corte, que dispuso “no innovar”.
Más allá de este contemplativo punto de vista, lo concreto indica que el gobierno provincial logró, al menos temporalmente, frenarle al intendente Félix la proclamación de los convencionales electos en febrero y poner en funciones a la convención. Con lo justo, Cornejo se subió al tren en marcha de los sanrafaelinos e hizo extensivo el itinerario a toda la provincia.
Rispideces que para nada desagradan al jefe del Poder Ejecutivo, que muy probablemente enfatice sobre el tema en la ya cercana apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura. Un ámbito, el legislativo, en el que el oficialismo provincial, piloteado por el radicalismo cornejista, deberá sostener el protagonismo del modelo de gestión iniciado a fines de 2015, más allá de la necesaria amalgama con la nueva conformación libertaria a la que se asoció políticamente. Este debate tal vez aporte a esa consolidación de espacios que está pretendiendo asegurar el oficialismo provincial.
Cifras que inquietan cada vez más
Hace una semana en este mismo espacio nos referíamos a los números de las cuentas provinciales, reiterando que los mismos no dejan de inquietar a las autoridades. Un combo entre la caída de la recaudación por impuestos y la sequía en lo referente a la remisión de fondos coparticipables del Estado nacional con las provincias.
En ese contexto, sobre el final de la semana hábil el ministerio que conduce Víctor Fayad volvió a mostrar cifras que ya preocupan mucho a las autoridades y que éstas correctamente remarcan, porque es indudable que el equilibrio en la distribución de lo que se recauda es difícil ante tanta merma.
Entre enero y marzo, es decir, durante el primer trimestre del año, la recaudación provincial cayó 5,3%, encendiendo más alarmas en el gobierno.
Incomoda, claramente, que uno de los impuestos más cuestionados en el país, especialmente desde la conducción económica nacional, como el de Ingresos Brutos, haya sido una vez más y en el actual contexto el principal sostén de la caja provincial. Es claramente definido como el tributo más distorsivo del sistema, inequitativo por la carga que genera entre empresas y consumidores, pero ahí está, necesariamente vigente. Preocupante.
Y las variaciones, mayormente descendentes, entre los impuestos patrimoniales son netamente demostrativas de que un amplio sector de contribuyentes prioriza lo imprescindible a la hora de afrontar pagos, en otra clara demostración de la retracción persistente. Estos impuestos difíciles de pagar son como el rótulo que identifica a los sectores de la sociedad más apretados en este momento y esperanzados de que el ajuste macro alguna vez derive hacia abajo.
La retracción de los envíos desde la Nación, con una disminución de 7,2% en términos reales, consolida el insistente reclamo de Cornejo y otros gobernadores para que de una buena vez la Argentina tome la vigencia de la coparticipación de impuestos con la responsable discusión que exigió hace años la Constitución reformada, dejando de lado la política de parches y premios y castigos imperante desde la Nación con asombrosa reincidencia.
Todo este contexto justificó una semana de varios anuncios en materia financiera, comenzando por la confirmación de la cifra final de 130 mil millones de pesos, a modo de préstamo, como anticipo coparticipable por encontrarse Mendoza entre las provincias que la Presidencia habilitó en esta instancia de ayuda financiera. Con una tasa conveniente de 15%, dicho monto será destinado a gastos corrientes únicamente.
En el juego de retribuciones políticas, el oficialismo nacional logró “reabrir” el Congreso luego de un mes de marzo trabado por las graves denuncias que alcanzan a funcionarios de distinto orden. Fue así como una vez más el radicalismo mendocino y otras representaciones provinciales, desde las bancas respaldaron ampliamente la aprobación final de la reforma a la Ley de Glaciares. En este caso, un juego de conveniencias mutuas, ya que la provincia de Mendoza es una de las más interesadas en poder opinar e incidir a la hora de delimitar sus espacios supuestamente aptos para la inversión minera que se espera.
Postura que probablemente exija retribución en el plano local cuando La Libertad Avanza deba expedirse sobre el rumbo del gobierno de Cornejo.
* El autor es periodista. [email protected]