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La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció el lunes último una modificación del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias para los trabajadores en relación de dependencia, elevando dicho mínimo en un 20%. En su anuncio, la Presidenta explicaba que esta medida tenía un costo fiscal de 8.000 millones de pesos.
La decisión presidencial se toma con vigencia a partir del 1 de marzo, para dar un marco de certidumbre a las negociaciones colectivas que están comenzando y para las cuales el gobierno ha pedido mesura. Este pedido expreso tiene un número implícito que se ha hecho saber a los sindicalistas y es que los pedidos de aumento no pasen del 20%.
De esta manera el gobierno piensa que la medida será neutra, en cuanto no alcanzará a nuevos cuadros de trabajadores, aunque no todo parece ser tan pacífico. Los trabajadores quieren aumentos que compensen la inflación que, seguramente, no será inferior al 25% y pretenden, además, recuperar parte de lo que les están sacando por la vigencia del impuesto.
En el medio aparece otro problema y es que no se han actualizado las escalas y, por lo tanto, con un aumento del 20%, muchos trabajadores subirían de categoría y deberían aportar un porcentaje mayor al que aportan actualmente.
El efecto fiscal sólo se notaría un mes ya que en marzo muchos convenios estarán actualizados y éste es un mensaje para los gobernadores, ya que parte de este impuesto integra los fondos de coparticipación. Además, el costo fiscal no significa que el gobierno sacrifica ingresos actuales sino los que podría ingresar si se dieran los aumentos salariales sin modificar los mínimos.
En realidad, el gobierno se queda a mitad de camino y habrá que ver el comportamiento de los gremios y la presión del mismo gobierno, homologando o no convenios que se cierren por encima de esa pauta. Seguramente, en las mismas, aparecerán artilugios, como las de ciertas sumas fijas extras no remunerativas, como forma de sortear el impacto del impuesto sobre los salarios.
El dólar no da respiro
El precio del dólar en el mercado paralelo ya está tomando velocidad de pánico, lo que no es bueno, porque acelera el clima de incertidumbre. Mientras el gobierno intenta mantener el actual valor del oficial para tratar de comprar la nueva cosecha de granos lo más barato posible, sufre la escasez porque casi no quedan granos de la cosecha anterior y sigue sacrificando divisas, lo que llevó a que las reservas sean menores a 43.000 millones de dólares.
Otra vez el gobierno se queda a mitad de camino, sin saber qué hacer ahora al no haber tomado medidas serias en el momento que correspondía. Es que no hay medidas mágicas y cualquier decisión sobre el mercado cambiario debería ir acompañada de medidas claras tendientes a bajar las expectativas inflacionarias. Si no se cambian drásticamente estas expectativas, no habrá paz en el mercado cambiario ni la encontrarán en las negociaciones salariales. El problema no es el dólar ni los salarios. El problema es la inflación.
