Era una larga demanda de quienes prestan servicios a este colectivo: el último aumento había sido de 0,5% en diciembre. Qué opinan en Mendoza
El Gobierno Nacional anunció un aumento de hasta 35% en las prestaciones por discapacidad tras meses de reclamos.
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El Gobierno Nacional anunció un aumento de hasta 35% en las prestaciones por discapacidad tras meses de reclamos. El atraso en los valores que se paga a quienes prestan servicios a las personas con discapacidad, así como los largos plazos hasta que el pago se hace efectivo, han llevado a innumerables movilizaciones a estos trabajadores durante muchos meses.
En todo el año no habían recibido aumento en los valores que pagan obras sociales, prepagas y el estado. El último ajuste había sido de apenas 0,5% en diciembre de 2024 y motivó marchas y cortes de servicio. Esto en definitiva, afecta a los usuarios y el acceso a su atención.
La novedad fue publicada por el Ministerio de Salud en un comunicado en el que anunció un “aumento del Nomenclador de Discapacidad”.
“En el marco de una gestión que prioriza la normalización y la previsibilidad del sistema de atención a las personas con discapacidad, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) informa que se implementará un aumento de entre 29% y 35% en los valores del nomenclador para prestadores de discapacidad”, destacó el área.
La Andis especificó que el incremento se aplicará en tres tramos sucesivos entre los meses de octubre y diciembre de 2025. Se da un contexto de largo conflicto con el colectivo tras recortes en la asistencia y atrasos en las actualizaciones, cuyos reclamos han sido desoídos por las autoridades.
El Gobierno Nacional anunció un aumento de hasta 35% en las prestaciones por discapacidad tras meses de reclamos.
Ahora, Andis asegura que con este aumento, se verán beneficiados los profesionales y prestadores que brindan un abanico de servicios esenciales, tales como internaciones, transporte, apoyo educativo y laboral, atención médica y de rehabilitación, y también los usuarios manteniendo la calidad y continuidad de los Servicios.
“El aumento del nomenclador se materializa gracias a una decisión administrativa del Jefe de Gabinete de la Nación, en un paso más hacia una gestión más ordenada y responsable de los recursos, que busca fortalecer el sistema de atención, garantizando que las prestaciones estén por encima de la inflación proyectada para 2025”, apuntó.
Y agregó: “Este tipo de medidas no solo otorga previsibilidad al sistema, sino que también reconocen el trabajo y el compromiso de los profesionales que acompañan a las personas con discapacidad todos los días”.
Ocurre en un contexto de largo conflicto con el colectivo de la discapacidad que incluye a las personas con esta condición, sus familias y quienes les prestan servicios.
Los prestadores han salido a las calles en innumerables ocasiones para denunciar esta situación. Hay transportistas, profesionales de la salud como psicólogos, kinesiólogos, psicopedagogos, terapistas del lenguaje, acompañantes terapéuticos y docentes.
Quienes prestan estos servicios explicaron que en muchos casos, están a la espera de que obras sociales y prepagas terminen de autorizar prestaciones tras 5 meses del servicio.
Incluso, a fines de mayo, en una de las movilizaciones, aseguraban que había quienes no habían cobrado desde enero pero seguían asistiendo a sus pacientes porque no pueden dejarlos sin la atención. De ello se deduce que en muchos casos habían estado trabajando “gratis” los 5 primeros meses de 2025.
Prestadores de servicios y familias marcharon durante meses para pedir la Emergencia en Discapacidad
Pero además, tal cual vienen advirtiendo desde hace meses, hay un atraso en el valor que perciben que se arrastra de larga data. Durante todo 2024 este valor recibió un aumento total de 3,3% en 4 etapas y no ha sido actualizado este año.
Silvana Alaniz, kinesiología y una de las referentes de estos trabajadores en Mendoza, calificó el aumento como “una miseria”. Consideró que no compensa un atraso de 10 meses y menos al ser pagado en tres cuotas. Detalló que será de 14% para octubre, 10% para noviembre y 8% para diciembre. “Es solo para callarnos”, aseguró que analizan entre los profesionales y subrayó: “Seguiremos reclamando en las calles, seguiremos luchando”.
Representante de los prestadores ante el Directorio del Sistema Único de Prestaciones Básicas para personas con discapacidad tuvieron hoy una reunión las 15 en la Andis. Allí, el representante de los prestadores votó en contra de la propuesta del Gobierno.
Desde el Foro de la Discapacidad consideraron que el porcentaje propuesto es "claramente insuficiente frente a la inflación acumulada, los costos reales de funcionamiento y la profunda crisis que atraviesan los prestadores que brindan servicios a personas con discapacidad", expresaron. "Estos aumentos se van a terminar de cobrar recién en marzo/abril de 2026. El Gobierno Nacional sigue sin cumplir la Ley de Emergencia en Discapacidad. Continuamos en estado de alerta" resaltaron desde la organización.
"Esto no alcanza y no cubre los costos, estamos con un atraso del nomenclador que supera el 70 %. Vamos a continuar con los reclamos en las redes, en las calles y en la justicia", subrayo a Los Andes Gustavo Kreschma, uno de los referentes en Mendoza.
A esto se suma la iniciativa del Gobierno Nacional de auditar las pensiones por discapacidad al asegurar que muchas presentan inconsistencias y se trata de un nicho en el que abundan los fraudes. Sin embargo, han surgido denuncias de personas en efectiva situación de discapacidad a las que se les ha eliminado el beneficio dejándolas en alto riesgo para su supervivencia y garantías de atención básica de su salud.
La Andis, además, tiene sus propios problemas: afronta las conocidas denuncias de coimas hechas públicas tras la filtración de audios. En ese marco, debió cambiar de director tras la renuncia de Diego Spagnuolo, devenido en denunciante. El escándalo salpicó a las más altas esferas del poder nacional.
En tanto, el colectivo se encuentra a la espera de que el gobierno nacional reglamente la ley de Discapacidad que tanto le costó conseguir y cuya aplicación permanece frenada. Es que el Ejecutivo, que ya la había vetado pero debió aceptar su sanción luego del rechazo al veto por parte del Congreso, ha señalado que no podrá reglamentar hasta que éste indique de donde saldrán los fondos para su aplicación.