El salario de quienes prestan servicios en salud, transporte y educación lleva un año sin actualizarse. Instituciones analizan cobrar un coseguro.
El colectivo de la discapacidad durante un reclamo en Mendoza en defensa de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Foto:
El sistema de atención a personas con discapacidad en Argentina atraviesa una crisis que se profundiza día a día. Desde hace casi un año, el nomenclador nacional que regula los aranceles que pagan las obras sociales y prepagas a los prestadores de salud y servicios se encuentra paralizado. La situación depende del Ejecutivo nacional, y su inacción impacta directamente en los profesionales, instituciones y familias que dependen de estas prestaciones.
A eso se suma el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad y su posterior suspensión hasta que se definan los recursos para implementarla. El resultado, según un relevamiento realizado por Los Andes, es un panorama de precarización, incertidumbre y recorte que afecta a centros de rehabilitación, transportistas, terapeutas, educadores de apoyo escolar y familias enteras.
Ante la falta de respuesta, algunos centros evalúan alternativas impensadas hasta hace poco: acuerdos entre instituciones, familias y obras sociales para cobrar un coseguro, como una forma de sostener la atención mínima. “Estamos atados de pies y manos”, resumió una fuente consultada, consciente de que cualquier decisión de ese tipo golpea el bolsillo de las familias.
Agustina Navarro, propietaria junto a su familia de un centro de rehabilitación y educativo terapéutico para personas con discapacidad, describió un escenario cada vez más asfixiante.
“La situación es difícil para todos. El problema en este momento no está siendo el atraso del pago; si bien las obras sociales pagan a 60 o 90 días con retraso, el problema más grande es que hace diez meses que el nomenclador no se actualiza para nadie. Eso deriva en que el personal técnico no haya actualizado su salario”, afirmó.
El último aumento fue otorgado en octubre del 2024 y se pagó en “incómodas” tres cuotas, hasta terminar en diciembre último la actualización salarial a los prestadores que, incluso, ese mes no superó 1%.
“Ahora se está haciendo complejo pagar sueldos. Muchas instituciones pagan en dos o tres veces. Más allá del atraso, el dinero no alcanza. El programa federal Incluir Salud, que depende exclusivamente de la Nación, viene retrasado en el monto y encima congelado de hace casi un año”, aseguró Navarro.
En tanto, para la Asociación Civil Creando Huellas, que une a padres de niños y adolescentes con discapacidad), la situación se hace “insostenible”.
Desde el Observatorio de Discapacidad, su titular, Mónica Bascuñán definió la situación como “un exterminio que atenta contra nuestras vidas”. Se refiere el incumplimiento de la Ley Nacional 24.901, que establece actualizar nomenclador con los montos de los aranceles porque perjudica al prestador como a la persona con discapacidad directamente.
Por ahora, prestadores, instituciones y organizaciones esperan -y desesperan- hasta que el Congreso exija la puesta en marcha de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
“En esta suspensión que el Gobierno sacó por Boletín Oficial mencionaron que iban a aumentar el nomenclador este mes, pero hasta ahora no se subió. “Lo facturaríamos el 1 de noviembre y esperaríamos al menos 60 días para poder cobrar. Es decir, a principios de 2026. Un año sin actualización”, precisó.
Ante la falta de actualización y la suspensión de la ley de Emergencia en Discapacidad algunas instituciones empiezan a analizar la posibilidad de aplicar un coseguro —un pago parcial a cargo de las familias— para poder sostener la estructura mínima de atención.
Navarro admite que el tema está sobre la mesa. “Tiene que haber un cierto acuerdo, porque no es legal y es difícil plasmarlo. Pero si no hay respuesta, hay que pensar en opciones. En Córdoba se está evaluando esa posibilidad de un coseguro. Si no se hace nada, es complicado mantener terapeutas, atención, servicios, etcétera. Estamos atados de pies y manos”, insistió.
Los efectos de la parálisis ya se sienten. María Florencia, kinesióloga, aseguró a este diario que desde hace un año comenzó a dar clases en terciario y abocarse a la rehabilitación en general en una clínica privada debido a la falta de actualización en el pago de sus prestaciones en un instituto terapéutico. “Me quedé solo con los pacientes que venía atendiendo de hace más tiempo. Amo mi trabajo, pero no puedo pagar un alquiler con ese retraso en los salarios. Sufro por esos chicos que nos necesitan, pero también tenemos que vivir”, lamentó la profesional.
La titular del Observatorio de Discapacidad, Mónica Bascuñán, rechazó la alternativa del cobro del coseguro por considerarla contraria a la ley, ya que las obras sociales deben cubrir al 100%. “Entendemos la desesperación de los prestadores, pero quienes tenemos una discapacidad sufrimos la vulneración total de nuestros derechos”, apuntó Bascuñán.
El costo de una hora de terapia ronda para el profesional significa un ingreso que ronda los $12.000, según el Observatorio de Discapacidad. Es decir, 20 horas de trabajo equivale a un ingreso mensual de $300.000 para los prestadores.
Sin embargo, por ahora no hay nada institucionalizado. Flavia, madre de una alumna de quinto grado con CUD, contó que hasta ahora su obra social cumple con los pagos a los prestadores: “Con mi hija no he tenido problema. A la terapista del lenguaje y la psicopedagoga las paga la obra social. Nunca me pidieron un plus”, dijo. Aunque a este ritmo no descarta algún nuevo ajuste en las prestaciones.
El congelamiento del nomenclador también impactó en los equipos que trabajan dentro de las escuelas. Los docentes de apoyo o acompañantes terapéuticos, encargados de mediar los contenidos pedagógicos de los alumnos con discapacidad, enfrentan una desvalorización creciente y este año comenzó a registrarse una constante en las renuncias.
“La situación es tremenda. Solo este año, cuatro docentes de apoyo de mi hijo, que va a Quinto grado y tiene una discapacidad, renunciaron porque las obras sociales no les pagaban. La última renunció este viernes porque desde junio que no cobraba. Es siempre empezar de cero”, aseguró Juliana Martínez, presidenta de la asociación civil Creando Huellas, que une a padres de chicos con discapacidad.
Por si fuera poco, a Juliana le avisaron este mes que en 2026 el transporte escolar de su hijo dejará de funcionar porque “no dan los costos” y el dato no es particular. Ya son varios los servicios de transporte para niños y adolescentes con discapacidad que el año que viene no podrán afrontar el gasto por la parálisis del nomenclador nacional, que no alcanza a compensar los gastos de combustible, seguro y patente de los vehículos dedicados a tal servicio.
Belén, una maestra de apoyo para chicos con discapacidad en dos institutos terapéuticos, describió a Los Andes su rutina con crudeza: en uno de los institutos le pagan con 120 días de demora y, en el otro, a mes vencido. “Además, en diciembre solo nos pagan los días trabajados, mientras que los institutos cobran el mes completo. La mayoría renuncia, lamentablemente”, acotó.
Carolina, directora de una escuela laica y privada que trabaja con la integración, contó que buscar docentes se complicó en el último tiempo. “Sabemos por las familias que no es fácil gestionar que la obra social pague en tiempo y forma a las acompañantes terapéuticas”, reflexionó.
Desde diferentes roles, todas las fuentes coincidieron en que la falta de continuidad pedagógica está dañando enormemente el proceso de enseñanza y aprendizaje, y que el concepto de inclusión se ha convertido en una casa desesperada y vacía.