El Juzgado Federal N° 2 de Catamarca, a cargo de Guillermo Díaz Martínez, ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad(ANDIS) restablecer en un plazo de 24 horas la totalidad de las pensiones no contributivas por invalidez suspendidas en todo el territorio nacional y abstenerse de aplicar nuevas bajas hasta que exista sentencia definitiva. La medida se dictó en el marco de un amparo colectivo promovido por el Defensor del Pueblo de Catamarca, con la adhesión de asociaciones de personas con discapacidad, y extiende a nivel nacional el alcance de una cautelar previa que, en septiembre, regía solo para esa provincia.
El fallo reconoce la legitimación colectiva del reclamo —apoyado, entre otros precedentes, en la doctrina del caso “Halabi”— al considerar que las suspensiones dispuestas con base en el Decreto 843/2024 lesionaron derechos de incidencia colectiva. El juez dispuso también que la ANDIS pague los haberes retenidos y desista de continuar auditorías y nuevas suspensiones sustentadas en esa normativa, hasta el pronunciamiento final. Como representantes del colectivo, el magistrado designó a la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (A.P.Y.Fa.Di.M.) y a la Asociación Azul, por su idoneidad y trayectoria.
Discapacidad
Asociaciones y el Defensor del Pueblo lograron una cautelar con alcance nacional contra las suspensiones de ANDIS.
Contexto: otras decisiones y datos del operativo de suspensiones
La resolución se inscribe en una serie de fallos dictados en distintas jurisdicciones (Formosa, Misiones, Catamarca y Río Negro) que ordenaron la restitución de prestaciones, el reintegro de haberes y la aplicación de multas diarias por demoras, además de decisiones individuales en Mendoza, Córdoba, Neuquén y provincia de Buenos Aires. Las presentaciones destacaron que el Decreto 843/2024 elevó al 66% el umbral de “disminución de la capacidad laborativa” y amplió las causales de suspensión y caducidad; cuestionaron, además, que la auditoría iniciada en agosto de 2024 careció de criterios públicos y de medidas de accesibilidad. Según datos oficiales citados en los expedientes, de 997.654 cartas documento enviadas por ANDIS, 504.802 (más de la mitad) no pudieron ser entregadas; en Chaco, Formosa y Corrientes, las citaciones fallidas superaron el 70%. Antes de las primeras cautelares adversas, la Agencia había suspendido el pago a 111.463 personas y, en los casos con orden judicial, repuso los haberes.
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La Justicia dispuso reponer haberes retenidos y detener auditorías hasta la sentencia definitiva.
Alcance y próximos pasos
Con esta decisión, la cautelar adquiere alcance nacional: la ANDIS debe restituir integralmente las pensiones suspendidas y abstenerse de nuevas bajas o auditorías fundadas en el Decreto 843/2024 “hasta tanto no recaiga sentencia definitiva”. El pronunciamiento consolida un criterio uniforme en torno a la tutela urgente de beneficiarios y deja el debate de fondo —validez del decreto y requisitos de acceso— para la instancia de sentencia.
