La investigación por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) atraviesa semanas decisivas. En una entrevista con Aconcagua Radio, el periodista Facundo La Rosa detalló los avances del expediente que involucra a exfuncionarios y empresarios acusados de armar una estructura para direccionar licitaciones, cobrar coimas y generar un perjuicio millonario al Estado. Entre ellos aparece Pablo Achalay, empresario que reside en Mendoza.
La Rosa recordó que todo se inicia en agosto de 2025, cuando se viralizó un audio atribuido al entonces titular de ANDIS, Diego Spagnuolo. En ese mensaje, Spagnuolo aseguraba que Karina Milei y figuras del entorno de los Menem le habían impuesto funcionarios que cobraban retornos del famoso “3%”.
A partir de ese episodio se radicaron denuncias que recayeron en el juzgado federal de Sebastián Casanello, con el fiscal Franco Picardi llevando adelante la investigación. Según relató La Rosa, Picardi presentó un dictamen cercano a las 250 páginas en el que pidió seis detenciones, incluyendo la de Spagnuolo, su segundo Gardellini, otros dos exfuncionarios y empresarios vinculados al presunto sistema de coimas.
El eje de la maniobra investigada es el programa Incluir Salud, que atiende a personas con discapacidad sin cobertura médica. Según explicó La Rosa, el expediente muestra “droguerías fantasma”, licitaciones direccionadas y sobreprecios millonarios. La cifra del perjuicio para el Estado podría estar entre 33.000 y 50.000 millones de pesos, lo que representa entre 30 y 40 millones de dólares.
Entre las pruebas aparece un grupo de WhatsApp llamado “Museo”, donde desde 2022 los sospechados hablaban de cómo entrar al Estado, quién debía cobrar, a quién había que frenar pagos y cómo manipular las licitaciones. También surgió un cuaderno manuscrito donde se indicaba con total detalle qué droguerías debían ser beneficiadas y cuáles no.
En este entramado aparece el nombre de Pablo Achalay, el vínculo mendocino del caso. Achalay no tuvo cargos oficiales en Mendoza, pero sí ocupó funciones durante la gestión de Mauricio Macri y tiene actividad política previa en la provincia de Buenos Aires. Vive en un barrio privado de Las Heras y posee propiedades en el Valle de Uco, vinculadas a emprendimientos vitivinícolas.
Según señaló La Rosa, el fiscal considera que Achalay actuaba como un “jefe paralelo”: alguien sin cargo público pero con poder real dentro de la estructura, dando órdenes a Gardellini y manejando información interna del sistema de ANDIS. Por esa razón, el juez Casanello ordenó su detención. Fue apresado el viernes pasado y luego recibió prisión preventiva domiciliaria en su casa de Mendoza. Cuando fue citado a indagatoria, se negó a declarar pero escuchó la lectura de pruebas que, según fuentes consultadas por La Rosa, son “contundentes”.
La Rosa también mencionó al empresario Calvette, conocido por su vínculo con los mercados chinos. Chats dentro de la causa muestran a personas de su entorno accediendo al sistema interno de ANDIS incluso estando de vacaciones en el exterior, además de mensajes donde se habla de grandes sumas de dólares en efectivo y pedidos urgentes de dinero para terceros.
Si bien en los primeros audios se nombran a Karina Milei y a los Menem, La Rosa aclaró que ninguno está imputado en esta etapa. Las menciones surgen porque los investigados buscaban “llegar” a ese círculo para ubicar funcionarios propios en el organismo.
La causa sigue en pleno movimiento y promete nuevos capítulos. Como explicó La Rosa en Aconcagua Radio, los avances recientes ya generan tensión en distintos niveles del Estado y colocan a Mendoza dentro de una trama que recién empieza a desplegar su verdadera dimensión.
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